-No garantizan la secrecía que marca la ley; lo mismo sucedería en el caso de los ex legisladores acusados de corrupción
-Es lamentable que no puedan ser removidos, opina director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM
Los titulares de las fiscalías Anticorrupción y la General del Estado no garantizan la secrecía que marca la ley en la investigación contra ex funcionarios, ex diputados, así como el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, afirmó Rubén Toledo Orihuela, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien estableció que desde su punto de vista, merecerían ser removidos del cargo aunque reconoció que esto no es posible porque ellos fueron nombrados por la soberanía representada en el Congreso del Estado.
Lamentó el hecho porque jurídicamente no se puede hacer nada contra los titulares de ambas fiscalías de acuerdo a lo que establece la Constitución, ya que aunque la ley pueda ser modificada no existe retroactividad en ella, es decir, no se puede revertir la decisión de los diputados de la LIII Legislatura. Precisó que desde su punto de vista, los titulares de las fiscalías Anticorrupción y la General del Estado, tienen la misma obligación, puesto que su responsabilidad desde el ámbito constitucional, les otorga la facultad de investigar los delitos, a pesar de que “la familiaridad que pudieran tener ambos funcionarios con el ex gobernador, hace pensar que no existe la secrecía necesaria para que las investigaciones se lleven adecuadamente dentro del ámbito de la investigación, ajena a cualquier situación de carácter personal”.
Toledo Orihuela insistió que legalmente en estos momentos no pueden ser destituidos porque fueron electos por la soberanía del estado representada por la Cámara de Diputados de la legislatura 2015-2018, y su nombramiento no lo hizo ni el gobernador actual ni los diputados de la 54.
“En todo caso, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, tendrá que recurrir a procedimientos de carácter jurídico o a negociaciones de carácter político para poder tener la posibilidad de ejercer su derecho de nombrar nuevos funcionarios en estas áreas”.
Y en su caso, señaló que los diputados podrán modificar la norma jurídica, pero ellos fueron electos bajo un instrumento jurídico que ya existe y reformarla no cancela las situaciones que se hayan generado previamente y les daría a los funcionarios (ambos), la posibilidad de una defensa jurídica porque en nuestra legislación hay un principio general del derecho que no da cabida a la retroactividad de la ley.
Dadas las condiciones en que ambos funcionarios fueron nombrados, recayó principalmente en el Congreso del Estado, y puede haber cierta relación entre los ex diputados y los actuales funcionarios, de tal suerte que no habría las condiciones de secrecía en ambas investigaciones.