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SERPIENTES Y ESCALERAS

El negocio del sismo

 
 

La tragedia, para algunos, fue un gran negocio. El sismo del 19 de septiembre del 2017 fue la oportunidad para que Graco Ramírez, su familia y sus amigos lucraran con el dolor de la gente. El sexenio del PRD fue una tragedia para Morelos.

 

El gobierno de Graco Ramírez se caracterizó por tres cosas: la corrupción, la represión y las ocurrencias. Los últimos seis años representan una de las peores épocas en la historia del estado, en este tiempo el rostro de la entidad cambió y la imagen negativa que proyectamos al resto del mundo costará muchos años borrarla. Lo que pasó en nuestra tierra en el último sexenio no fue casualidad, ni tampoco producto de circunstancias, es el resultado de la actuación perversa de una familia monárquica que no sólo hundió a Morelos y a sus habitantes, también dividió a la sociedad. Si no hay castigo y la impunidad prevalece, los abusos se repetirán.

Conforme avanza el tiempo y la nueva administración estatal va tomando conocimiento de las cosas, aparecen nuevos casos de corrupción y abusos de poder. El endeudamiento millonario que dejó Graco Ramírez al estado es por todos conocido, no así el destino que dio la administración perredista a los más de 12 mil millones que contrajo como deuda.

Pero el problema no es sólo el pasivo multimillonario que compromete las finanzas estatales de las próximas tres administraciones, los abusos financieros cometidos por el gobierno anterior fueron más allá de los créditos, porque los 12 mil millones de pesos no fueron suficientes para satisfacer la enorme ambición de la familia Ramírez Cepeda. La tragedia del 19 de septiembre del 2017 desbordó el apetito económico de Elena y el dolor de miles de ciudadanos se convirtió en el último gran negocio del sexenio.

Hace unas semanas el diputado federal Jorge Argüelles retomó el tema del sismo en Morelos durante la comparecencia del secretario de gobernación; varios diputados, incluyendo todos los representantes federales de Morelos cuestionaron a Alfonso Navarrete Prida sobre el manejo del dinero que el Fonden (Fondo de Desastres Naturales) envió a Morelos para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 19 de septiembre; la respuesta del secretario fue categórica: el dinero se envió al estado y el responsable de su manejo y justificación es el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

La declaración de Alfonso Navarrete Prida dio pie a una petición formal de diputados federales a la Secretaría de Hacienda, a la Contraloría y a la Auditoría Superior de la Federación, para que investiguen el manejo de los 5 mil 500 millones de pesos que recibió la administración perredista y para que llamen a cuentas a su titular. “El gobernador de Morelos Graco Ramírez Abreu, tiene la obligación de responder a dónde pararon los cinco mil 500 millones de pesos del Fondo Nacional para Desastres (Fonden), que se entregaron a esa entidad por el sismo del 19 de septiembre de 2017” dijo en San Lázaro el secretario de gobernación.

La tragedia que dejó el sismo en Morelos planteó una disyuntiva al gobierno que en ese momento encabezaba el PRD; Graco Ramírez ya estaba calificado como uno de los tres peores gobernadores del país, su distanciamiento con la ciudadanía era notorio y su panorama electoral lucía desalentador; el terremoto se presentó como una oportunidad para que Graco Ramírez mostrara su compromiso social, para que tuviera solidaridad con los afectados y encabezara el proceso de reconstrucción. Políticamente hablando la tragedia abrió la puerta al perredista para que se reconciliara con la gente, pero no lo hizo.

Lo que sucedió fue todo lo contrario: desde el primer momento la familia gobernante y sus amigos vieron en la tragedia una oportunidad de negocio; las primeras acciones ordenadas por el gobierno mostraron su calidad moral y su compromiso ciudadano: el DIF acaparó la ayuda y la policía se puso a detener a todos los camiones que llegaban con apoyo a la entidad; la gente reaccionó, denunció, pero el operativo gubernamental nunca se detuvo: Elena Cepeda quería tener todos los víveres a su disposición y bajo su resguardo; las víctimas podían esperar.

Ahí comenzó a perfilarse lo que a la postre se convirtió en uno de los muchos negocios del sexenio y uno de los que más daño causaron al gobierno estatal. Después de acaparar la ayuda, al gobernador y a su hijo se les ocurrió juntar dinero público en un fondo estatal de ayuda para, supuestamente, coadyuvar a la reconstrucción estatal. Graco Ramírez anunció un fideicomiso multimillonario integrado por personajes afines a su gobierno y dijo públicamente que tenía el aval de Transparencia Mexicana; unas horas más tarde del anuncio la ONG afirmó que era falso que dieran el aval al fideicomiso y señalaron que no participarían de ninguna forma en él.

De principio a fin el plan de reconstrucción de Graco Ramírez se caracterizó por su opacidad y malos manejos; a la vuelta de los meses los materiales de donación enviados por la ciudadanía a las víctimas del terremoto en Morelos aparecieron en clínicas, hospitales y centros de salud estatales, como el Hospital del Niño Morelense; las donaciones se utilizaban en la operación médica diaria como si hubiesen sido adquiridos por el estado... y las facturas que se presentaban avalaban que así había sido, aunque tuvieran leyendas escritas a mano como “donativo” y “no están solos”. Más claro: el DIF enviaba las donaciones a los hospitales y las facturaba como si las hubiesen comprado.

En el caso del dinero de la reconstrucción las cosas son más graves; a decir de algunos empresarios que fueron contratados los administradores del recurso les pedían el 25% de comisión por adelantado y recibían anticipos de entre el 30 y el 50% del total de la obra; al final del sexenio muchos de ellos se quedaron esperando la siguiente parte del pago y al no obtenerla, detuvieron los trabajos, por eso hay obras inconclusas por todos lados. “Nos decían que si queríamos trabajar teníamos que entrarle, que la comisión era para la campaña de Rodrigo Gayosso y que cuando él ganara habría más obra”. Perdieron.

La denuncia que hicieron hace unos días los diputados federales dio justo en el blanco: el dinero que envió la federación a Morelos representaría, dice Jorge Argüelles, construir 5 mil 500 casas; la contraparte que juntó el gobierno de Morelos para el mismo fin (7 mil millones de pesos) representaría algo similar. Cualquiera que acuda a las zonas afectadas se dará cuenta que aún falta mucho por reconstruir, que hay cientos de familias viviendo en albergues o en la calle y que el panorama no refleja ni remotamente la cantidad de dinero que, se supone, se destinó a la ayuda de las familias afectadas.

El sismo del 19 de septiembre del 2017 en Morelos representó un negocio que ronda los 14 mil millones de pesos; el dinero fue manejado con absoluta discrecionalidad, sin rendir cuentas a nadie y sobre todo, bajo una premisa electoral y de negocio. Al fin y al cabo, decían, lavar el dinero del desastre será sencillo cuando mantengamos el control del gobierno. Pero perdieron.

Los robos cometidos por el gobierno de Graco Ramírez en Morelos no tienen precedente, pero lo que el tabasqueño, su familia y sus amigos hicieron con el dinero del sismo no tiene nombre; el desvío de recursos estatales y federales representa un delito grave que amerita pena corporal, pero también muestra el rostro más ruin de una familia a la que no le importó lucrar con la desgracia de la gente.

Hacer justicia en este caso no es sólo un acto de legalidad, es también de humanidad.

·         posdata

Una de las áreas de gobierno que la nueva administración revisa a detalle es salud; ahí, cuentan, se cometieron grandes tropelías y se están documentando muchos abusos. Ya lo adelantó el asesor anticorrupción del gobierno estatal Gerardo Becerra: en Salud, Obras y Cultura se están localizando las primeras faltas.

En las tres áreas hay un nombre que salta: José Domingo Ramírez Cepeda. El Hijo de Graco y Elena se movió con un perfil bajo durante todo el sexenio, pero fue uno de los operadores de negocio del régimen; al hijo del matrimonio gobernante no le interesó la política, no se metió en los terrenos de su medio hermano Rodrigo ni tampoco se complicó la existencia como su cuñado Hugo Viechers quien también se beneficio del erario morelense; a José Domingo le caracterizó su discreción y su habilidad para abultar la cartera.

A este joven le atribuyen varios negocios en la secretaría de cultura, principalmente en el tema de los conciertos; artistas, equipo y demás pagos por este millonario rubro pasaron siempre por sus manos, de ahí el sobreprecio, dicen, en la facturación de artistas, incluso de aquellos que actuaron sin cobrar. Otro tema es el de salud: al único hijo de Graco y Elena lo relacionan con la compra de medicamento y en particular en la adquisición de las vacunas y sueros antialacránicos falsos, lo mismo que en la compra al por mayor de medicamento a punto de caducar. En Obras la influencia de José Domingo no fue tanta, pero varios de sus amigos recibieron contratos por recomendación suya.

En la Secretaría de Salud, cuentan, los expedientes cobran forma rápidamente porque es el propio personal quien ha comenzado a dar detalles de lo que se hizo; hace unos meses durante la campaña, la propia ex secretaria Patricia Mora entregó al equipo del gobernador electo expedientes en los que se detallaba la manera como operaban las compras en esa oficina. Ahí aparecen varios nombres, entre ellos el de José Domingo Ramírez Cepeda.

Lo mismo que la reconstrucción, en el área de salud se lucró con el dolor de la gente; los negocios multimillonarios se hicieron sin medir las consecuencias legales ni tomar en cuenta, como lo platican algunos médicos, que la aplicación de medicamento caduco o falso causara la muerte de varias personas, incluidos niños.

Lo hecho en el área de salud también es un acto inhumano.

·         nota

Cinco diputados están bajo la mira de la 54 legislatura de Morelos: Hortencia Figueroa, Beatriz Alatriste, Francisco Moreno, Silvia Irra y Julio Espín; contra ellos se interpuso una demanda que, a diferencia de la presentada por Alfonso Sotelo, a quien Julio Espín ya había convencido de dejar pasar las faltas, si tiene forma jurídica y elementos graves.

Curioso: la segunda demanda que presentó el congreso contra ex diputados es resultado de la actitud de Hortencia Figueroa; a los integrantes de la nueva legislatura no les apuraba actuar contra sus antecesores y confiaban que el documento presentado por el presidente de la Mesa Directiva fuese suficiente para justificar su lucha contra la corrupción; “que las autoridades correspondientes procedan” decían quitados de la pena.

Pero entonces apareció La Tencha, publicó en sus redes sociales una carta descalificando a los diputados, burlándose de ellos y retándolos a actuar. Vino el revire: Pepe Casas armó un nuevo expediente basado en la falta de pago de cuotas al Instituto de Crédito; el planteamiento fue contundente: retuvieron las cuotas a los trabajadores pero nunca las enteraron a las autoridades.

Esta denuncia si puso a temblar a los ex diputados y tiene muy nerviosos a los legisladores señalados; los aludidos se están reuniendo, estudian su defensa legal y tienen claro que en esta demanda si llevan las de perder. Las tres diputadas son las más vulnerables.

La arrogancia de Hortencia Figueroa costará mucho a varios diputados, por lo pronto los obliga a reunirse, a contratar abogados  y les quita la tranquilidad.

... Y lo que falta por salir.

·         post it

Dice Morena que está en espera de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco cumpla su promesa de meter a la cárcel a Graco. Todos esperamos eso.

Pero para que eso se logre, Morena también tiene que hacer su parte.

Si Cuauhtémoc Blanco cumple esa promesa de campaña se llevará el aplauso y reconocimiento de la mayoría de los morelenses.

·         redes sociales

La tuitiza mueve montañas.

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