Legislatura fifí
La de Morelos no es una legislatura que refleje aún el proyecto de nación que a nivel federal impulsa Andrés Manuel López Obrador; los diputados lucen desorientados, sin decisión y con poco conocimiento de su responsabilidad. No hay mucha diferencia entre los legisladores que se fueron y los que están ahora.
La austeridad republicana es el eje del discurso de la Cuarta Transformación; un nivel de vida discreto, sin excesos y en justa medianía, son los lineamientos que Andrés Manuel López Obrador ha marcado a quienes le acompañan en esta nueva etapa de gobierno. Nadie ganará más que el Presidente de la República, dice la nueva ley promovida por el tabasqueño... y se acabaron los lujos de los gobernantes “fifís” repite incansablemente el presidente electo de México. Gobernar no será más un negocio.
Pero aunque el discurso se repite constantemente, no todos los integrantes de esta corriente política en Morelos están de acuerdo con la austeridad que exige López Obrador; a algunos les gana la ambición, les gusta la buena vida y quieren aprovechar su paso por el congreso local para resolver sus problemas económicos.
Al interior de la cámara de diputados algunos legisladores comienzan a mostrar sus verdaderos intereses: sus primeras acciones no han sido en torno a la responsabilidad legislativa que les confirió el voto popular, ni tampoco en contra de los abusos y la corrupción de la legislatura pasada. Para algunos su llegada al congreso implica un cambio de vida que incluye un nuevo domicilio, vehículos blindados de lujo, ayudantes, elementos de seguridad y por supuesto, mucho dinero.
Quizá por esta situación las acciones contra la legislatura 53 duerme el sueño de los justos; aunque los diputados tienen manera de para actuar y sancionar a sus antecesores por malversación de fondos, desvío de recursos, fraude, evasión fiscal y peculado, están dejando que el tiempo transcurra para que los plazos de ley se venzan y los autores de la quiebra financiera del poder legislativo evadan la justicia.
Lo ocurrido en la cámara de diputados en los últimos tres años está a la vista de todos: la legislatura pasada recibió un presupuesto de casi 1 mil 500 millones de pesos que no fueron suficientes para cubrir la ambición de sus 30 integrantes; recordemos que el Congreso no realiza obra pública ni tampoco presta ningún tipo de servicio, el dinero que reciben es sólo para el pago de su nómina y para la operación de sus oficinas. ¿Cómo es que no les alcanzó el presupuesto?
Los abusos económicos cometidos por los 30 diputados de la 53 no tienen precedentes en el estado; ni siquiera la corrupta legislatura que encabezó Jorge Arizmendi García (donde el dinero también se utilizó de manera discrecional) quebró al parlamento. La 53 abusó de su poder en todos los sentidos: se acabó el dinero, dejó deudas millonarias, evadió el pago de impuestos; también lastimó a los trabajadores, modificó la ley y la constitución a petición del gobernador, hundió al legislativo en el desprestigio, se convirtió en cómplice de Graco Ramírez y se puso bajo las órdenes de Rodrigo Gayosso.
Todo ocurrió a la vista de todos: los legisladores actuaron con cinismo y sin importarles las críticas ciudadanas, los integrantes de la 53 se sentían omnipotentes, se sabían protegidos por el sistema y actuaban en complicidad del gobernador y su hijastro. Su apuesta era refrendar el triunfo y mantenerse en el poder por otros seis años más.
Pero a pesar de que los abusos fueron públicos, de que hay elementos legales para actuar en su contra y existe una demanda popular para que se haga justicia, la Legislatura 54 de Morelos no hace nada. Todos los diputados y las diputadas que llegaron al congreso (excepto las del PRD y PSD) prometieron combatir la corrupción y sancionar los abusos, pero hasta ahora, salvo una demanda, no han hecho nada.
Dos meses han transcurrido desde que tomaron protesta como legisladores y la promesa de actuar contra la corrupción se ha quedado en frase de discurso; el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados Alfonso de Jesús Sotelo se reunió con el ex presidente de la junta política de la pasada legislatura Julio Espín Navarrete; son amigos, el primero tiene un enorme compromiso con el segundo y por eso acordaron dejar que el tiempo transcurriera para que los delitos no pudieran ser sancionados.
La otra presidencia de la cámara de diputados no es mejor: Tania Valentina también mantiene una relación cercana con el ex gobernador Graco Ramírez y con su hijastro Rodrigo Gayosso; recordemos que la diputada petista operó en campaña para el PRD a pesar de ir en alianza con Cuauhtémoc Blanco y durante todo el sexenio recibió apoyos económicos de la administración perredista. “Soy amiga de Elena y de Rodrigo y siempre seré defensora de Graco Ramírez” dijo alguna vez Tania Valentina a otros dirigentes de partido.
El ex gobernador Graco Ramírez y su hijastro tejieron una red de protección dentro y fuera de la cámara de diputados; cualquier proceso que se pretenda iniciar en su contra pasará por el parlamento y por las fiscalías (General y Anticorrupción) y en ambas hay personajes que defienden los intereses de la administración pasada.
A pocos sorprende que a Legislatura 54 actúe con tanta pasividad e ignore los reclamos ciudadanos de justicia; Jesús Sotelo y Tania Valentina tienen fuertes lazos con el sexenio pasado, a Pepe Casas lo mueve el interés económico, Ana Guevara fue parte de la corrupción en la Legislatura 53, Javier García es operador de Graco Ramírez... y así varios personajes que se hablan de la Cuarta Transformación, pero quieren mantener los privilegios y canonjías del pasado reciente.
El Congreso de Morelos es uno de los grandes lastres con los que tendrá que lidiar Cuauhtémoc Blanco en su lucha contra la corrupción; ahí están clavados muchos personajes del graquismo que tienen fuertes compromisos con el régimen pasado; no se trata sólo de amistad, sino de complicidades que obligan a los nuevos legisladores a ser omisos, a dejar pasar la corrupción y detener las acciones que impulsa el gobernador en contra de los corruptos.
La otra parte, los lujos, la buena vida y el dinero fácil es la cereza del pastel: en campaña era atractivo hablar de austeridad y combate a la corrupción, pero ya en una curul es bastante cómodo y lucrativo conservar los beneficios.
· posdata
La herencia que recibió el nuevo titular de la Comisión Estatal de Seguridad es terrible en varios aspectos: Morelos es un estado hundido en la inseguridad, con hechos violentos en todas las regiones y con presencia de varios grupos delictivos que se pelean el control de la plaza.
Durante su estancia como jefe de policía de Morelos Alberto Capella se dedicó a padrotear el cargo, a hacer negocio con la inseguridad... y a grabar videos. El comandante Capella, como le gustaba que le dijeran, se sentía un rock star, se movía rodeado de un fuerte aparato de seguridad y muy pocos podían acercarse a él.
Graco Ramírez invirtió miles de millones de pesos en seguridad en 6 años y casi todo fue manejado por el tijuanense; a él le tocó estrenar el nuevo centro de comando, control y seguridad (el C5) y también adquirir armamento, equipo y cámaras de seguridad. “Tenemos más de mil cámaras instaladas y cinco mil policías resguardando la seguridad de los morelenses” repetía como merolico el rubicundo personaje.
Pero a un mes de iniciada la nueva administración estatal las irregularidades cometidas en el área de seguridad comienzan a aparecer: no hay mil cámaras de seguridad colocadas y muy pocas están en funcionamiento; peor: de los 5 mil 400 policías que presumían Alberto Capella y Graco Ramírez resulta que sólo hay 1 mil 600 elementos.
La nómina, informa el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, nuevo encargado de la seguridad en el estado, “se infló”. No existe una fuerza de 5 mil 400 elementos, aunque si se solventaba una nómina de ese tamaño; el hecho no sólo es una mentira que explica el porque del fracaso de la estrategia de seguridad en Morelos, también pone al descubierto un fraude millonario que tiene implicaciones administrativas, y penales.
“Obviamente tenemos que contratar más gente, yo con la seguridad no juego y es dije que les iba a decir la verdad: no son la cantidad de policías que habían dicho porque la administración pasada consideraba a elementos de Protección Civil, Tránsito y ERUM como parte de la fuerza de seguridad; no se porqué razón lo hayan hecho, pero el caso es que sólo tenemos 1 mil 600 policías estatales”
Una mancha más al tigre. Hoy Alberto Capella es el encargado de la seguridad en Quintana Roo y ya enfrenta sus primeros problemas. Seguramente en breve grabará un video, ahora con el mar caribe como fondo.
· nota
Las denuncias por actos irregulares en la Secretaría de Salud de Morelos continúan; ahora son médicos quienes señalan que personajes de la administración de Graco Ramírez se mantienen en cargos directivos y comienzan a repetir las viejas prácticas del sexenio perredista.
“Son personas ligadas a Rodrigo y José Domingo, son quienes operaban las cosas a su gente en la SS, los responsables de las compras irregulares, del medicamento falso y del material caduco. Ahora están mejor que antes, han reubicado a los suyos en puestos clave, les aumentan el sueldo y están despidiendo a los que denunciaron las anomalías del pasado reciente. Los médicos y las enfermeras se están organizando, ya entregaron una carta al gobernador Cuauhtémoc Blanco y alistan un paro de labores para antes del 15 de diciembre”
Lo que sucedió en la Secretaría de Salud en sexenio pasado es una bomba de tiempo que le puede explotar a la nueva administración. Dicen que el nuevo secretario es un hombre decente, pero también refieren que no conoce la institución y lo están rebasando fácilmente.
Cuidado con lo que pasa en esa área.
· post it
Los documentos los hizo públicos David Monroy a través de sus redes sociales, son cheques a nombre de varios legisladores y un desglose de los 10 millones que se repartieron los perredistas y sus amigos al final de la legislatura pasada. Frente a estas pruebas no hay nada que refutar; tan sólo Hortencia Figueroa recibió 2 millones de pesos.
Si un periodista pudo acceder a estos documentos, es evidente que quienes están a cargo del congreso estatal también lo pueden hacer. No hay justificación de estos pagos, ni manera de que se encuentre la legalidad de semejante reparto económico.
Fue, como bien lo dice Monroy, un robo más de la pasada legislatura.
... Y aún así todo indica que nada les va a pasar.
· redes sociales
Así lo comentan en las redes sociales:
“¿Adivina qué presidente Municipal aún en funciones convino pagarle en exhibiciones 3 millones 363 mil 505 pesos con 16 centavos por concepto de un laudo a un ex secretario de Hacienda del Gobierno de Graco Ramírez?
¡Acertaste! Manuel Agüero.
El bodoque perredista recibió recursos económicos del gobierno estatal para que fuera liquidado un funcionario de la misma administración. Al final resultó muy conveniente que Jorge Michel formara parte del comité del fondo de rescate municipal para pago de laudos, que en agosto de 2017 aprobó recursos para Jiutepec.
Con razón el ex servidor público estatal se amparó ante la justicia federal y goza de sus días de descanso en su recién construido rancho en Xochitepec, donde –se dice- tiene maquinaria que le rentaba a alcaldes cuando era titular de hacienda a cambio de liberar a tiempo los recursos.”
¿Será?
· es viernes
Hoy toca.
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