La Unión Tepito y el silencio
Gerentes y propietarios de bares y restaurantes extorsionados por la Unión Tepito han optado por el silencio.
La Fiscalía Antisecuestros de la procuraduría capitalina ha detectado que al menos 22 establecimientos de Polanco, Condesa, Roma y Centro fueron sistemáticamente extorsionados por cobradores del grupo criminal. Pero las víctimas de estos delitos no se atreven a declarar.
Algunas han accedido a proporcionar información en entrevistas no oficiales con personal de la Fiscalía, pero nadie quiere dejar constancia de sus dichos, nadie quiere sentarse ante el ministerio público.
En el noticiario En Punto, Denise Maerker reveló que autoridades federales obtuvieron una lista de 37 establecimientos explotados por la Unión. Solo uno de los gerentes accedió a ofrecer su testimonio:
“Se le entregaban las cuentas a las personas que venían cada semana a recoger la cuota que era de 10 mil pesos. Querían que se les entregaran las cantidades en billetes de 500 pesos y bajaba un elemento de seguridad a entregarle el dinero cada que pasaban a recogerlo. Regularmente era una motoneta, una motoneta tripulada por dos personas, el conductor y el copiloto que era el que bajaba a avisar que ya habían llegado para esperar a la persona que le entregara el dinero”.
De acuerdo con la Fiscalía Antisecuestros, el grupo criminal obliga a los empresarios a que su droga sea vendida en el interior de los establecimientos, o de lo contrario impone una cuota semanal. Los encargados de recibirla son regularmente jóvenes cobradores, o “miembros del segundo anillo de la banda”.
Los extorsionadores hacen el cobro en directo, aunque se han detectado varios casos en que se exige a la víctima que realice un depósito. Este último esquema, sin embargo, obedece más bien a extorsiones virtuales: llamadas procedentes de penales.
En algunos casos la Fiscalía opera el llamado “pago controlado”. Policías de investigación asisten a las víctimas, monitorean sus establecimientos, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública, siguen a los extorsionadores a través de las cámaras de vigilancia que hay en la ciudad.
Lamentablemente, esto solo ocurre cuando las víctimas se deciden a hablar, cuando una llamada anónima llega a la procuraduría, o bien cuando algún vecino advierte la extorsión y da aviso a las autoridades.
Hay varios casos exitosos de “pago controlado”. Un día, un restaurantero del perímetro de Cuauhtémoc recibió la visita de los extorsionadores. Para forzar el pago, alguien balaceó su casa una noche. Una madrugada le prendieron fuego a un local en el que expendía artículos perecederos.
La policía de investigación detectó que los extorsionadores solían monitorear, periódicamente, el establecimiento. Hacían recorridos en moto, observaban el funcionamiento del sitio, enviaban personas que se hacían pasar por clientes.
La investigación duró 20 días y los responsables de la extorsión fueron aprehendidos en flagrancia.
Según la Fiscalía, solo tres de cada diez detenidos pertenecen efectivamente a la Unión Tepito. Muchos extorsionadores, “aprovechándose de las noticias”, echan mano de esa franquicia para aterrorizar a sus víctimas.
“Sabes que sí son de la Unión Tepito cuando, al detenerlos, aparecen de inmediato abogados particulares con un amparo bajo el brazo”, cuenta una fuente de la Fiscalía. “A los criminales comunes, en cambio, solo los asisten abogados de oficio”.
Dos jóvenes fueron aprehendidos en flagrancia mientras extorsionaban a un comerciante de calzado. Fueron a litigar su caso tres abogados. Los jóvenes, por lo demás, sabían que no debían hablar, ni argumentar, ni aceptar nada. El sello de la casa del crimen organizado.
La extorsión es el segundo mayor delito cometido en México. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, el 24.16% de los delitos cometidos en 2016 fueron de extorsión. Sin embargo, solo se denunció 1.7% de los casos.
No es extraño que las víctimas de la Unión se nieguen a denunciar. Según la Envipe, 33.1% de las personas creen que hacerlo es una pérdida de tiempo, y 16.5% sencillamente desconfía de la autoridad.
En la ciudad lastimada, el crimen queda impune.