No sin contradicciones entre el secretario designado, Alfonso Durazo, y Andrés Manuel López Obrador (para el primero no era prioritaria la Guardia Nacional pero sí lo es para el segundo), o el fracaso de los foros con víctimas (cancelados los previstos en plazas calientes por la exigencia de reparación de daños, localización y castigo a los criminales en vez de amnistía o perdón), la nueva estrategia de seguridad terminó fraguándose con el mayor sigilo, y hoy lo único seguro es que la administración que viene aprovechará a algunos investigadores clave de la saliente para mejorar la persecución del delito y la procuración de justicia.
En escritorios del gobierno peñanietista se han trabajado ideas factibles de aplicar, algunas de las cuales el equipo de Durazo está adoptando y otras viene generándolas su gente de confianza.
La Guardia Nacional puede ser una buena y novedosa carta, dado lo lejano que se antoja que la Corte declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (al menos no es el sentido de la ponencia del ministro Jorge Eduardo Pardo Rebolledo), y la más remota posibilidad de que se abrogue.
En la GN habrá efectivos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Gendarmería (PF), con la tarea de pacificar el país más que confrontar a la delincuencia (se ignora todavía cómo lo intentará).
Usar la nueva corporación pudiera resultar sagaz, ya que en los actos criminales que afecten la seguridad interior se daría prioridad a las entidades en emergencia y el mando quedará en manos de un civil, es decir, de cada gobernador, a quien se responsabilizaría, en primer término, de la seguridad de sus gobernados.
La receta implica que militares, cuyo comandante supremo es el presidente de la República, queden subordinados, en primera instancia, a los mandamases locales. De ser así, y más allá de si gusta o no en las fuerzas armadas, queda por saber si López Obrador delegará temporalmente una atribución que constitucionalmente le es exclusiva.
Entre los anuncios que se esperan está la unificación administrativa de las policías municipales, estatales y Federal para controlar la nómina, el personal y su rotación; los recursos humanos y financieros; la capacitación y adaptación al mando de los gobernadores pero administrado por la Federación, y todo esto con resolución para enfrentar eventuales controversias constitucionales por el derecho que tienen los estados y municipios de tener sus policías en un marco, adicionalmente, de mando único estatal.
De este modo, la gestión de López Obrador asumiría la capacitación y el control de confianza de los 450 mil policías que estarían a las órdenes de Alfonso Durazo, quien aglutinará en su dependencia la Seguridad Pública, la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior (inclusive quizá la Protección Civil), con un Cisen disminuido para ocuparse solo de la delincuencia organizada...