Si la ley se atraviesa en su camino, el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está dispuesto a cambiarla. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, donde López Obrador inspiró su estrategia en el modelo que se aplicó en la Comarca Lagunera en 2014, donde se creó un Mando Especial para atender las necesidades en esa región metropolitana compartida por Coahuila y Durango. Esa estrategia remplazó al Modelo Coahuila, que inició el gobernador Humberto Moreira, donde toda la seguridad pública quedó al mando de 16 jefes militares, la mayoría generales en retiro, apoyados por más de 190 militares que, recuerda Javier Garza, quien dirigió El Siglo de Torreón en los años calientes, “fue un fracaso”.

“El Mando Especial es lo que más se acerca al concepto que quiere la Ley de Seguridad Interior, pero tiene su misión bien acotada y definida, ajustada a una realidad local”, agrega Garza. Tras el desastre del Modelo Coahuila, el Mando Especial llevó a un brigadier general al frente de la coordinación de las policías estatales en la región metropolitana, que abarca a dos estados, y ha dado buenos resultados. López Obrador quiere llevarla mucho más allá, en términos legales, en las 265 regiones de alta incidencia delictiva en el país, donde quiere colocar a un militar al frente de todas las instituciones de procuración y administración de justicia, con lo cual ampliaría el control militar sobre la seguridad pública y todas las instituciones vinculadas a ella, como nunca ha existido en tiempos de paz en México.

López Obrador pretende que un mando militar coordine no sólo a las policías federal, estatal y, donde haya confianza, también la municipal, sino también las investigaciones y subordine a la Policía Ministerial y a los ministerios públicos federal y local. El modelo de control militar sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad pública fue expuesto por el presidente electo en una reunión con el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, al detallarle los planes que tenía. El general Cienfuegos le dijo que eso no podría realizarse porque violaría la Constitución, pero el presidente electo respondió “cambiemos la Constitución”.

La forma tan determinante como la planteó López Obrador, apoyado en un Congreso a modo, le daría la vuelta a la violación de varios artículos constitucionales. El 21, que establece: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público”. El 16, que señala: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito”. Y el 129: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

La idea de López Obrador es que mediante esas 265 células de 300 elementos mínimo cada una –en la mitad de ellas, por la alta presencia delictiva, la integrarán 600– se abata la delincuencia. “Serán fuerzas de tarea rápida para atacar inmediatamente la delincuencia”, confió uno de los arquitectos del modelo. “Con esto bajaremos rápidamente la incidencia delictiva”. Se desconoce si la demora en presentar la estrategia de seguridad esté relacionada con la conciliación del plan con la Constitución, que no sólo levantó los ojos del secretario de la Defensa, sino generó oposición dentro del próximo gabinete del presidente López Obrador. Las voces discordantes fueron las de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia, que observó las violaciones constitucionales, y el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien alertó los riesgos que conlleva esa instrumentación en su campo.

Subordinar todas las instancias del Estado mexicano al Ejército abre la puerta del infierno en materia de derechos humanos y contraviene el artículo 1 de la Constitución, que señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Dentro de todo el aparato político alrededor de López Obrador, Encinas es quien más crítico ha sido de la participación del Ejército en la seguridad pública, con críticas muy fuertes a su actuación en Tlatlaya y Ayotzinapa. El 25 de agosto pasado, en una entrevista con Proceso, Encinas afirmó que a partir del próximo 1 de diciembre habría un “cambio de paradigma en la relación de las Fuerzas Armadas en el país”, con el propósito de “acabar con la impunidad de las tropas que hayan cometido abusos contra la población”.

El plan, como lo concibe López Obrador, eliminará la existencia de los abusos, cuando los hubiera, al ser el mando militar el que determinaría qué se investiga, cómo se investiga, quién investiga, cuándo y contra quién. Este es el mundo de las dictaduras, no de las democracias. Se entiende la urgencia para combatir la criminalidad, y la necesidad del presidente López Obrador de cumplir con su promesa de acabar con la violencia en 36 meses. Pero la declaración fácil y superficial que introduce presión a su palabra política, no debe estar por encima de las posibilidades reales y objetivas para lograr ese propósito. Es un error lo que quiere hacer, del cual él se arrepentirá por las consecuencias que provocará.