El gobierno estatal presentó ya las primeras denuncias contra ex funcionarios de la administración pasada. Así comienza un proceso que podría alcanzar al ex gobernador Graco Ramírez y a su familia. Justicia, es lo que pedimos los ciudadanos de Morelos.
La administración que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó ayer 17 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades que pudieran ser constitutivas de delitos en la Secretaría de Obras del gobierno de Graco Ramírez. Estos primeros expedientes marcan el inicio de las acciones legales en contra del régimen anterior y sientan las bases para ejercicios jurídicos posteriores hacia Graco Ramírez y su familia. Justicia es la principal y más importante promesa de campaña del nuevo gobierno; sin justicia es imposible pensar que las cosas mejoren en Morelos.
Las de la Secretaría de Obras Públicas se suman a la demanda que hace unos días el gobierno estatal presentó por hechos similares cometidos en la Secretaría de Salud, en ambos casos, dice el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, hay elementos suficientes para que las quejas procedan. “Las denuncias van debidamente sustentadas, habrá que llevar a cabo los actos de investigación que le compete a esta autoridad -Fiscalía anticorrupción- y tal como lo comenta el jefe de la Oficina de la Gubernatura, posteriormente se estarán presentando otros tipos de denuncias relacionados por hechos atribuidos a servidores públicos”
Al dar este paso el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo está mostrando dos cosas: 1- La promesa de hacer justicia y actuar legalmente contra los corruptos es seria; y 2- Ponen a prueba a Juan Salazar Núñez, ex consejero jurídico del gobierno de Graco Ramírez y Fiscal Anticorrupción nombrado por el ex gobernador perredista.
Los detalles de las denuncias no se dieron a conocer para no entorpecer la investigación ni violentar el proceso jurídico, pero puede anticiparse hacia quienes van dirigidas las demandas. Tanto en la Secretaría de Obras Públicas como en la de Salud es sabido quienes operaban los contratos y a quién respondían.
A lo largo de las últimas semanas la administración estatal ha venido señalando las faltas cometidas en el pasado reciente y puntualizando que las ilegalidades tienen que ver con la adjudicación directa de obra pública, el sobreprecio, la falta de calidad de construcción, obras pagadas sin terminar o de plano inexistentes. En materia de salud la historia es similar, también se han referido compras sin licitación, a sobreprecio o medicamento falso. En Obras y en Salud quienes validaban los contratos eran los hijos del gobernador: Rodrigo Gayosso Cepeda y José Domingo Ramírez Cepeda.
El contenido que sustente las demandas es clave para que las denuncias procedan; en ambos casos hay elementos suficientes para armar un expediente sólido y no dejar resquicios legales para que los imputados evadan la acción de la justicia. La actuación de los fiscales (el Fiscal General Uriel Carmona Gándara y el Anticorrupción Juan Salazar Núñez) será determinante para que los procesos avancen y la justicia alcance a los corruptos.
Actuar contra funcionarios de segundo nivel en la administración de Graco Ramírez es el mejor camino que pudo elegir el gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque para atrapar a los peces gordos, primero hay que tener ubicados y bajo proceso a los operadores. Sujetos a acción penal y ante la posibilidad de ser sancionados (con cárcel y la restitución del daño patrimonial) los señalados pueden dar información que alcance a quienes estaban detrás de los negocios.
En una reunión que sostuvo Rodrigo Gayosso con varios de sus operadores en la administración estatal al final del sexenio, cuando ya había perdido la elección, el hijastro dijo a sus amigos que él estaba tranquilo porque nunca había firmado ningún documento que lo incriminara. “El problema es de ustedes, ustedes sí son funcionarios y sí firmaron documentos; contrátense un buen abogado para que los defienda” dijo con descaro el rubicundo candidato perdedor. “Lo que se hizo fue por instrucciones tuyas y de tu hermano; no te puedes hacer el desentendido ahora” reviró uno de los presentes.
Las dos dependencias por las que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha decidido iniciar la revisión y las demandas son claves en la persecución de Graco Ramírez y su familia. En las dos dependencias se manejaron miles de millones de pesos, se desviaron recursos federales y se hicieron compras simuladas o a sobreprecio. Quienes firmaban los contratos eran los operadores del régimen, se llevaban una buena parte de la comisión, pero pasaban el porcentaje mayor a quienes los habían nombrado.
Para alcanzar a Graco Ramírez, a Rodrigo Gayosso, a José Domingo Ramírez y a Elena Cepeda primero hay que actuar contra sus brazos operativos; el hijastro se equivoca cuando piensa que está exento de culpa por no haber firmado ningún documento, si los acusados lo señalan y las autoridades amplían la investigación, por supuesto que le pueden perseguir y llevar a la cárcel. Así ha sucedido en otros estados, como Veracruz, en donde familiares y amigos del gobernador (que no eran funcionarios ni firmaban) están hoy sujetos a investigación o bajo proceso.
El boquete que el gobierno de Graco Ramírez provocó al estado es enorme y como lo señaló hace unos días José Manuel Sanz, tiene las finanzas estatales en quiebra. Hablando del tamaño de la corrupción que vivimos en el pasado sexenio, Morelos es un “Veracruz chiquito” como lo mencionó recientemente el secretario de hacienda Alejandro Villarreal.
El daño patrimonial causado por la familia Ramírez a Morelos es brutal, son más de 15 mil millones de pesos en adeudos que comprometen las finanzas de las siguientes tres administraciones y conllevan un gran freno económico para la entidad. Pero aunado a ello, por la forma como actuó el gobierno perredista, estamos ante un enojo social sin precedente: la gente exige justicia, reclama que se actúe contra los corruptos, que se les meta a la cárcel y se les haga devolver el dinero que se robaron.
La actuación de Cuauhtémoc Blanco contra funcionarios del régimen anterior es el primer paso en la lucha contra la impunidad y las acciones tienen que ser contundentes. El gobierno estatal no puede repetir la simulación en la que han caído los diputados, aquí se debe proceder con firmeza para que no quede duda de que estamos frente a un estilo diferente de gobernar.
Encarcelar a los corruptos es de vital importancia para la administración de Cuauhtémoc Blanco. La demanda ciudadana de castigar a los ladrones es tanto o más grande que la exigencia de seguridad en el estado.
· posdata
El periódico Excelsior difundió hace unos días una nota titulada Traiciona PT Morelos a López Obrador. La publicación refiere una tarjeta informativa en la que se destacan las reuniones que sostuvieron Tania Valentina, Pepe Casas y Juan Ángel Flores (diputados locales y alcalde electo de Jojutla, respectivamente) con el entonces gobernador Graco Ramírez.
Hubo un pacto, dice Excelsior, para hacer una guerra sucia sistemática en contra del nuevo gobierno. Esto dice la nota:
“El PT en Morelos pactó con Graco Ramírez una guerra sucia “permanente y sistemática” contra Cuauhtémoc Blanco y convirtió a Tanía Valentina Rodríguez Ruiz en la “primera traidora de AMLO en Morelos”.
Una tarjeta informativa no destruida por la anterior administración revela la existencia del “pacto” entre Graco y Tania Valentina, hoy evidente por su postura oficial contra las primeras acciones de Blanco Bravo al frente del Ejecutivo.
El documento interno confirma que PT es el ariete de Graco, porque no solamente se reunieron una vez, sino varias en recta final del gobierno anterior y pactaron una guerra sucia, sistemática, creciente, contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco para todo su sexenio”, dijo una especialista a quien se le consultó el contenido del documento a cambio de no ser identificada.
Se trata de un reporte de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), entregada en mano propia al entonces Secretario de Gobierno, Miguel Colín López, que confirma la primera reunión:
Siendo las 00:45AM, ingresa a Casa de Gobierno, la C. Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acompañada del C. José Casas González y el C. Juan Ángel Flores Bustamante; los recibe el C. Gobernador a las 01:10AM en la sala principal. Reunión a puerta cerrada. Pidieron que personal se retirara”.
TANIA VALENTINA, EL VÍNCULO DE “LOS ROJOS”
Sobre la dirigente estatal del PT en Morelos, en 2017, la PGR abrió una investigación por sus vínculos al crimen organizado (secuestro, huachicol, invasiones, narcotráfico, extorsiones). Fue acusada también, de ser el vínculo entre políticos y el grupo delictivo “Los Rojos”, a quienes supuestamente vendió las candidaturas a alcaldes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en Tlalquiltenango y Puente de Ixtla.
La dirigencia nacional del PT nunca inhabilitó a su dirigente estatal, pese a las pruebas en su contra. Toda expresión al interior del Partido del Trabajo en Morelos, contra Andrés Manuel López Obrador, se comenta en clave “Rayito” y se nutre de denostaciones y burlas.”
No es la primera vez que se relaciona a Tania Valentina y a Pepe Casas con el ex gobernador Graco Ramírez o se infiere que a ambos les mueven intereses económicos. Los dos actúan en el filo de la navaja, no tienen la confianza del gobernador Cuauhtémoc Blanco y le han jugado las contras en la 54 legislatura.
Peor: a los tres personajes antes mencionados los han relacionado con la delincuencia organizada.
¿Será cierto lo que dice Excelsior?
· nota
La comparecencia del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado ante diputados de la 54 legislatura dejó en claro algo: Vicente Loredo sirve a los intereses de Graco Ramírez y tiene como encargo evitar que los legisladores o el nuevo gobierno accedan a información que confirme sus tropelías.
El encuentro entre Loredo y los representantes populares también mostró la mediocridad de un parlamento al que le gusta denunciar, pero es incapaz de proceder. Esto es parte de lo que el auditor dijo a sus entrevistadores.
1- Que tenía aviadores trabajando con él, además aceptó que recibió de manera directa más de 2 millones 335 mil pesos de enero a junio de 2018 un mes antes de las elecciones en una partida “extraordinaria” que le dio el ex secretario de Hacienda Jorge Michel Luna.
2- Que benefició a ex diputados que terminaron como alcaldes en 2015 al aprobarles sin observación sus cuentas públicas, como el caso de Julio Espín en Puente de Ixtla, Hortencia Figueroa en Jojutla, Javier Montes Rosales en Tetela del Volcán, Francisco Navarrete en Tepoztlán y Alberto Martínez en Tetecala.
3- Que los ex diputados aprobaron créditos millonarios al gobierno de Morelos por cerca de 4 mil millones de pesos y que a esos créditos se le aplicó una auditoría ligera.
4- Que en el crédito de 2 mil 800 millones de pesos que se le aprobó a la administración de Graco Ramírez, el ex auditor Luis Manuel González logró documentar malversación de recursos, ordenaba acciones penales e informes a la Comisión Nacional Bancaria; en respuesta fue removido del cargo y puesto en su lugar Vicente Loredo, quien protegió a los ex funcionarios; el nuevo auditor determinó que “no desviaron recursos, solo los mal emplearon”.
5- Que al auditor se le dieron recursos millonarios desglosados de la siguiente manera: El 30 de enero de 2018 150 mil pesos; El 6 de marzo tres pagos uno por 210 mil, 215 mil y 210 mil; El 7 de marzo otros dos pagos por 215 mil y 210 mil; El 25 de mayo 210 mil pesos; El 27 de junio 215 mil y 210 mil; el 20 de junio 60 mil y 215 mil. En total recibió más de 2 millones 300 mil pesos de manos de Jorge Michel Luna sin que esto se notificara a nadie, ni fuese justificado el gasto.
Ante la postura y las declaraciones del auditor, los diputados alzaron la voz, reclamaron, pero nada más. Estamos frente a una legislatura que puede ser peor que la anterior.
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Cien muertos en 45 días. La cifra es aterradora. La delincuencia está desatada y los niveles de violencia en el estado no tienen precedente. ¿Ahora cuál es el pretexto?
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¿Dónde quedaron los Gracobots y el Damota Power?
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