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El Mando Especial que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la delincuencia en todo el país, encuentra en la Ley de Seguridad Interna, que está discutiendo la Suprema Corte de Justicia, su marco de referencia, con la legalización de soldados y marinos en las tareas de seguridad pública y militares coordinando a toda la autoridad civil. El único problema es que desde el ángulo de los defensores de derechos humanos viola los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30 y 31 de la Constitución. Es decir, 20 artículos constitucionales.

El Mando Especial, que forma parte de la estrategia de seguridad pública que se espera anuncie este miércoles López Obrador, le otorga a los militares autoridad sobre los cuerpos de seguridad civiles, y le asigna tareas que corresponden únicamente al Ministerio Público. La ley fue publicada por el presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2017, para regular y blindar a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar como policías, pero decidió no aplicarla hasta que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia. La ley provocó impugnaciones sobre su legalidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, dijo el lunes, al iniciar el debate, que las impugnaciones se revolverán mirando siempre por la cabal vigencia de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una de las seis entidades que la impugnaron, señala que los artículos objetados pueden vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la información pública y principio de máxima publicidad, a la protección de datos personales, a la consulta previa de las comunidades indígenas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el principio de inmediatez en la puesta a disposición, el principio de la legalidad, el principio pro persona y el principio de progresividad. “Las Fuerzas Armadas no pueden, por sí mismas, intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles, aunado a que resulta imprescindible la solicitud por parte de las propias autoridades civiles para su participación”, apunta.

“La ley que ahora se impugna contempla la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la diferencia radica en que la Ley de Seguridad Interior habilita a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar por sí; es decir, sin mediar petición de apoyo por parte de la autoridad civil, aunado a que la autoridad que dirigirá y coordinará las acciones que permitan la permanencia y la continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional, será un comandante de las Fuerzas Armadas designado por el presidente de la República, subordinando a las autoridades civiles bajo la coordinación de la autoridad militar designada”.

En este espacio se publicó ayer que el modelo que desea el presidente López Obrador implementar en 265 regiones de alta incidencia delictiva en el país, es la creación de unidades de 300 a 600 elementos cada una, donde los policías federales, los estatales, y en aquellos casos donde haya confianza los municipales, además de la policía de investigación criminal y los ministerios públicos federales y locales, estarán bajo la coordinación de un militar, quien dirá qué investigar, a quién investigar, cuándo, cómo y de qué forma se arma el caso y se presenta ante el juez que determine, lo que contraviene la Constitución, además, en tres artículos. López Obrador arrastra conceptualmente lo que produjo el gobierno del presidente Peña Nieto, como una opción a su fallida, si no desastrosa, estrategia de seguridad pública.

Desde diciembre de 2016 se advirtió en este espacio: “Si existe una debilidad institucional y las policías estatales y municipales son los eslabones más vulnerables de la seguridad pública, es porque quienes ahora buscan apresurar la Ley de Seguridad Interna son quienes, en función de sus necesidades políticas de corto plazo, sacrificaron la profesionalización de las policías. Se puede argumentar que intentan cubrir sus errores y deficiencias con otro error aun mayor y sin punto de retorno. La discusión encabezada por el gobierno y el PRI para que se dictamine la Ley de Seguridad Interna, también es hipócrita.

“Frenar la profesionalización de las policías alargó el tiempo de los militares en las calles. A esa negligencia que permitió actividades criminales, ahora quieren sumar la atrocidad de militarizar el país. Una vez más hay que insistir. La solución al problema no es la Ley de Seguridad Interna, sino un nuevo modelo policial en el país que profesionalice esos cuerpos. Ya han sido suficientemente irresponsables –por las consecuencias humanas, sociales y políticas causadas– para que vuelvan a caer en el mismo error. La simulación sólo ahonda los problemas, y eleva costos y tiempos para su solución”.

Los asesores de López Obrador en el campo de la seguridad pública quieren llevar al Presidente electo por el mismo camino equivocado que Peña Nieto. López Obrador ha comprado su idea y quiere profundizarla violentando la Constitución o cambiándola, como le dijo al secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, cuando le señaló que su plan estaba fuera del marco de la ley. Si Peña Nieto estuvo mal, lo que quiere el Presidente electo es todavía peor. La subordinación del poder civil al militar, mediante el Mando Especial, no es una ocurrencia. Es una estrategia de la que se va a arrepentir ante la censura y condena de quienes defienden los derechos humanos en México y el mundo.