Este martes se supo de la renuncia de Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la institución encargada de las licitaciones realizadas en el marco de la reforma energética.

Zepeda habría estado en ese encargo hasta el mes de mayo, cuando concluía su periodo, pero dejó su cargo por presiones de la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle.

También trascendió que ella misma pidió la renuncia de Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, García Alcocer decidió quedarse en su cargo, para el cual fue nombrado por 7 años, por lo que su nombramiento llega hasta abril de 2023.

Ayer supimos que Roberto del Cueto, subgobernador del Banco de México, presentó su renuncia con fecha del 30 de noviembre, debido a sus problemas de salud, renuncia que se venía posponiendo desde hace varios meses.

Del Cueto terminaba su periodo hasta diciembre de 2022.

Faltan 15 días para que concluya esta administración, pero en muchos casos, ya hay funcionarios de menor relieve que los referidos, que han decidido retirarse de sus cargos; que les han pedido que lo hagan o que lo harán con esta administración.

Y, ese hecho genera un riesgo para la operación del próximo gobierno.

Un caso es el de las finanzas públicas. Manejarlas tanto del lado del gasto como del ingreso, no es ciencia oculta. Se aprende. Pero tampoco son enchiladas.

Y hay una curva de aprendizaje que puede llevar muchos meses y que puede frenar tanto los ingresos como los gastos del gobierno.

Como aquí le he comentado, a los efectos usuales de un cambio de gobierno, hay que sumar el riesgo de un desmantelamiento de la capacidad operativa del sector público por la salida de personal, ante los ajustes salariales y la reducción del personal de confianza.

En un entorno internacional de mayores riesgos, como hemos estado observando, podemos enfrentar un arranque de gobierno sumamente complicado, con una tormenta que el propio gobierno entrante se podría crear.

Hay que recordar que el famoso “error de diciembre”, en 1994, derivó en alguna medida de un cambio masivo de personal de alto nivel en la Secretaría de Hacienda, que impidió tener una reacción más ágil ante alarmados inversionistas, que luego cayeron en el pánico.

Hoy estamos en una situación macroeconómica muy diferente a la que vivíamos en 1994. Pero existen vulnerabilidades y riesgos.

Más allá del contenido del Paquete Económico, que será presentado a más tardar el 15 de diciembre, hay dos asuntos que serán de gran relieve.

El primero es la reacción de los inversionistas al tono que tenga el discurso inaugural del 1 de diciembre ante el Congreso de la Unión por parte de Andrés Manuel López Obrador.

El segundo es la posibilidad de que, en el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, se vayan a enfrentar a partir de diciembre litigios por parte de los tenedores de bonos que podrían ser convertidos en “bonos basura” por parte de las calificadoras, porque esto podría dar lugar a una reacción en cadena con otros títulos de deuda del sector público.

Sería un error fatal pensar que con los tenedores de bonos se puede hacer lo mismo que con los contratistas, y sentarlos en una mesa para llegar a un acuerdo.

En fin, el ambiente está cargado y denso.

Hasta hace poco más de un mes imaginábamos una transición tersa y sin mayores conflictos.

Hoy, lamentablemente, hay barruntos de tormenta.