-Trasciende que para colocar a incondicionales, los 20 diputados locales avalaron el cese de 150 empleados
-El presidente de la Mesa Directiva afirma que hasta el momento sólo se ha dado la salida de 18 trabajadores
El Congreso local es impío. Cada uno de los 20 integrantes está colocando a incondicionales y personal cercano (colaboradores). En este breve lapso, habrán de expulsar a 150 personas, cuyo palmarés laboral oscila entre los 15 y 20 años de quehaceres ininterrumpidos.
Lo anterior fue confirmado por la figura gris del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien sólo se abocó a informar que hasta este instante van 18 subordinados que han pasado a los anales del desempleo.
De acuerdo a información que cuenta este rotativo, vertida de la voz estridente de los trabajadores afectados, este parlamento sigue la misma estela de su antecesor, porque no está tomando en cuenta el esfuerzo, “la dedicación y la media vida que le dimos al Poder Legislativo”.
El despido “infame” se está dando de manera gradual y, en ese sentido, “todo indica que es irreversible”, lo que pondrá en vilo a más de 100 familias que dependen de esas percepciones salariales, las cuales “nos las ganamos con tesón y el sudor de la frente…”.
Ese cúmulo de empleados se siente desamparado; no hay quién los apoye y jamás se imaginaron que este acontecimiento se suscitará. Este despido fue acordado por la Junta Política y de Gobierno, que preside Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo. La esencia fue, insisten, la colocación de allegados a cada legislador.
Pese a la demencia de Sotelo Martínez, quien no sabe a ciencia cierta cuántos trabajadores se encuentran en esta situación; la información que se cuenta de modo extraoficial es que ascienden a 150.
Así, se avecina un conflicto nuevo para este Congreso, quien ya dio muestras de “dar largas” a los empleados que mantienen un déficit, en este momento, con el Instituto de Crédito, por las aportaciones que presuntamente se “robaron” los ex diputados; sobremanera, Hortencia Figueroa Peralta, cuya cifra es de casi 24 millones de pesos.
Según el legislador, se tienen que llegar a acuerdos o convenios en que ambas partes queden satisfechas con los canales procedimentales; sobre todo, que impere la ley. La doble moral persiste; esto se hace como una medida republicana, cuando, en otros renglones, como la resolución de las pensiones doradas, no se ha hecho nada.