Ley de Seguridad Interior fue declarada inválida en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que su formulación no estuvo apegada a la Constitución. Los ministros de la Corte determinaron que el Congreso emitió la norma bajo la tesis de que el Artículo 73 constitucional le permite “expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”, lo que revelaría que el legislativo confundió la seguridad interior, la seguridad nacional y la seguridad pública.
Cabe destacar que ese mismo artículo constitucional es el que, en principio, utiliza el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para pensar en la creación de una Guardia Nacional como solución a los problemas de seguridad pública.
Nueve de los 11 ministros votaron por la invalidez total de la norma, lo que evitó que se entrara al análisis de detalle, artículo por artículo de la Ley de Seguridad Interior. Ocho de los ministros indicaron que el error de origen obligaba a declarar la invalidez, en tanto que la ministra Lucía Piña Hernández argumentó que la votación en el Congreso, al impedir la participación de todas las fracciones parlamentarias, había violado los procesos democráticos. El ministro Mario Pardo, ponente para la discusión y quien proponía declarar la constitucionalidad de la ley, indicó que con esta decisión se genera un escenario más complejo en relación con la seguridad pública.
La Ley de Seguridad Interior fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre de 2017 y el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, optó por enviarla a la Corte ante la ola de críticas en las que se vertía que esta norma había una militarización exagerada de la labor policial.
El Tribunal Constitucional anunció oficialmente, a determinación, diciendo en comunicado de prensa que, en esencia, la ley resulta inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública.
La CNDH, una de las instancias que impugnaron la norma, anunció su beneplácito.
El especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Gabriel Barrón Cruz, señaló que la determinación de la Corte le sorprendió debido a que el PRI y PAN consensuaron una redacción de la Ley de Seguridad Interior, “eso me señalaba que muy probablemente iba a tener respaldo de la Suprema Corte”.
–¿Hablaríamos de consenso político?
–Sí, incluso las declaraciones del senador César Camacho en el sentido de que nadie le iba a venir a decir qué debía hacer, que la ley va porque va. El rechazo de la CNDH y de ONU hicieron eco, y me pareció un error del Presidente que no aprovechara uno de los pocos momentos que tuvo a lo largo de su sexenio para vetarla a raíz de la presión nacional e internacional.