La violencia en Morelos
Durante 18 años la delincuencia ha sentado sus reales en Morelos; los últimos tres gobernadores han tenido relación y establecieron vínculos con la delincuencia organizada. Hoy vemos las consecuencias: la violencia y la inseguridad no son producto de la casualidad.
Los niveles de violencia que estamos viviendo en México y en Morelos no tienen precedente, aunque si explicación. El 2018 es el año más violento de los últimos 21: en el mes de julio se registraron 2,599 homicidios dolosos en el país y en lo que va del 2018 en el estado 719 persona han perdido la vida de manera violenta; 139 desde que Cuauhtémoc Blanco asumió el control del estado. El problema es complejo y su origen, según especialistas e investigadores del Colegio de México, está ligado a la corrupción política. Seguridad y política, afirman, van de la mano.
El cambio de régimen político y la alternancia en el poder son factores que inciden en la seguridad pública y genera límites difusos entre el gobierno y el crimen organizado; “México ha tenido etapas de violencia aguda, la primera ligada a la destrucción del orden político en La Colonia; en el Porfiriato se puso orden, aunque no se acabó con la criminalidad y con la Revolución volvieron a existir muchas regiones del país sin ley”, dice Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México.
“Lo notable de ahora es que no ha habido ninguna revolución ni una destrucción formal del orden y sin embargo es una violencia que se asemeja a aquellas cuando no estaba presente el Estado”
Para los estudiosos del tema el problema de violencia e inseguridad del país está directamente relacionado con factores políticos; “La violencia tiene que ver con fenómenos nacionales, con estilos de gobernanza y se presentan cuando no hay una diferencia nítida entre lo legal y lo ilegal, entre la esfera política y la esfera criminal”.
En Morelos el problema de inseguridad y violencia no está separado de los conflictos de la clase gobernante. La administración de Graco Ramírez tomó protesta en 2012 en medio de un problema serio de inseguridad y lo que él mismo definió como un “narcoestado”; el perredista se comprometió a acabar de raíz con este mal y se puso a si mismo un plazo de 18 meses para lograrlo. Seis años después y con más de cinco mil millones de pesos invertidos en el tema los resultados son terribles: Morelos sigue siendo una entidad insegura, violenta y con autoridades vinculadas a la delincuencia organizada.
Cuauhtémoc Blanco recibió un estado sumergido en problemas de este tipo, con plazas “calientes” y zonas en control del crimen. La policía que toma el nuevo gobierno no es la que presumía el perredismo en sus discursos y ni siquiera se tiene la fuerza de 5 mil elementos que se pagaba: en Morelos sólo hay 1,600 elementos de seguridad.
Para entender el dilema actual es necesario observar lo ocurrido en materia política en los últimos dieciocho años: el primer gobierno del PAN y su titular Sergio Estrada Cajigal abrieron la puerta a la delincuencia organizada a través de quien entonces era el jefe de la policía ministerial, un hombre de mucho poder con el gobernador, Agustín Montiel, quien a la postre fue encarcelado por brindar protección a grupos delictivos. A Estrada Cajigal se le investigó por sus relaciones personales con la hija de un poderoso capo y también por tener amistades del mundo de la droga. Estrada Cajigal estuvo a punto de ser desaforado y procesado, pero el entonces senador y asesor presidencial Marco Adame Castillo, quien tenía aspiraciones políticas personales, se metió en su defensa para no “poner en riesgo el proyecto político”
Como gobernador el ahora diputado federal Marco Antonio Adame Castillo también fue omiso en el combate a la delincuencia y se involucró con grupos criminales; al ex secretario de seguridad del último mandatario del PAN lo procesaron por brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva y al momento de ser detenido autoridades federales (panistas también) encontraron en el teléfono personal del ex secretario Luis Ángel Cabeza de Vaca los números de cuenta bancaria personales del gobernador Marco Adame. Al médico panista le criticaron por omiso, aunque a la vuelta del tiempo se confirmó que su falta de actuación era porque tenía un pacto con la delincuencia organizada.
Graco Ramírez llegó a la gubernatura desde la oposición y con una bandera histórica de lucha social, política y contra la inseguridad; el tabasqueño dominaba teóricamente el tema y eso le sirvió como estandarte electoral durante seis años; pero el perredista también utilizó el problema delictivo para hacer negocios. El gobernador dimensionó el asunto y lo visualizó como una manera de generar dinero, de ahí la multimillonaria inversión y la contratación de un personaje como Alberto Capella, a quien convidó en el negocio. La seguridad fue parte central del discurso sexenal de Graco Ramírez, pero el combate a la delincuencia representó un negocio que lo volvería millonario a costa de las vidas de miles de personas.
Esta mezcla de circunstancias están hoy en la mesa del nuevo gobierno, son 18 años de ocurrencias, de complicidades y de abusos en un tema que se politizó, que se utilizó con fines electorales y al final fue visto con signo de pesos; lo que vivimos hoy en Morelos no es producto de la casualidad, es el resultado directo del ineficiente manejo de los últimos tres gobernadores, a quienes les ha movido la ambición económica por encima de la seguridad ciudadana. Los tres, de diferentes formas, lucraron con la violencia y se enriquecieron con la inseguridad.
Morelos igual que el resto del país vive uno de sus momentos más violentos; el problema no es sólo el baño de sangre, lo es también el contexto en el que ocurre y las pocas posibilidades de que en el corto plazo las cosas mejoren.
A la tierra de Zapata llegó un marino que sabe de seguridad, pero no conoce la entidad; recibió una estructura limitada, comprometida y además enfrenta el boicot interno de algunos elementos que siguen siendo fieles a Alberto Capella y a los intereses que representa.
Ciento treinta y nueve muertos en 51 días representa un nuevo récord violento en el estado y no puede entenderse como una casualidad. El problema es mayor y requiere, como lo ha requerido desde hace varios años, del apoyo federal y de una purga en la clase política.
El gobernador Cuauhtémoc Blanco debe ser muy cuidadoso y prudente en este tema, no puede caer en la arrogancia de su antecesor ni suponer que tiene la fuerza suficiente para enfrentar sólo esta crisis. Lo prudente, lo necesario, es que pida ayuda a la federación, al menos hasta que las cosas se calmen.
… Y se cuide de las malas compañías políticas.
· posdata
Tras cinco años de litigio la ley concedió la razón a Alejandro Villarreal; ayer un juez le dio la razón y con ello terminó la persecución legal que durante casi todo el sexenio pasado sufrió Alejandro de parte del gobierno de Graco Ramírez.
Al Graco le gustaba perseguir a sus enemigos y consideraba como tales a cualquiera que no pensara como él, que no aceptara sus términos o se rindiera a sus pies. Durante el gobierno del PRD las instituciones y los tres poderes del estado se convirtieron en brazos ejecutores de las venganzas del gobernador y de su familia; cuando no era la policía o la fiscalía, eran los jueces quienes aplicaban la Ley Graco a los enemigos del régimen.
Lo que vivió Villarreal Gasca durante cinco años no fue sencillo: le hostigaron, lo amenazaron, amedrentaron a su familia, lo intentaron chantajear y en algún momento hasta trataron de intercambiar su caso por un acuerdo político con el nuevo gobierno. Alejandro nunca aceptó pactar, siguió el proceso en tribunales y al final, con pruebas, la justicia (con todo el dolor de la juez que llevó el caso) le concedió la razón.
La inocencia y probidad de Alejandro Villarreal estaba fuera de dudas para todos quienes le conocemos. Ayer un juzgado confirmó lo que para todos era evidente.
Abrazo con afecto a Alejandro. Imperó la justicia.
· nota
El problema de violencia que está viviendo Morelos no tiene precedente, pero tiene una peculiaridad que vale la pena observar. En casi todos los casos de muertes violentas ocurridas en los últimos meses en el estado, me comenta una autoridad federal, las víctimas tienen relación con algún grupo criminal o cuentan con antecedentes penales, es decir, no se trata de “ciudadanos normales”, de trabajadores, estudiantes, amas de casa o turistas.
Aunque existen algunas excepciones, en la mayoría de los asesinatos se puede apreciar la lucha por la plaza entre grupos rivales o son víctimas de extorsión o plagio.
No es minimizar el tema, asegura, sino la precisión para entender el problema y poder entender su complejidad. Lo innegable es que en Morelos hay presencia de varios grupos criminales y cárteles de la droga que reclutan gente y pelean a sangre y fuego las posiciones.
El tema es sumamente complejo y tomará tiempo resolverlo, se requiere de una buena estrategia, trabajo de investigación y la multiplicación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Eso y una depuración permanente de la policía y atención puntual a políticos y figuras de poder, que son la primera línea de protección de la delincuencia organizada.
· post it
El ex gobernador Graco Ramírez está de regreso en Morelos; llegó hace unos días y ha convocado a varias reuniones a sus ex colaboradores. Prepara junto con ellos su defensa legal.
El perredista observa desde las sombras lo que ocurre a su alrededor y externa su preocupación por la manera como actúa su sucesor; sus reuniones, dicen, son largas, se habla de varias cosas y se tienden puentes con quienes desde el congreso y las fiscalías siguen siendo fieles a su proyecto. “Es momento de cobrar los favores”
Entre sus cercanos existe temor fundado de que las acusaciones del nuevo gobierno pasen de la declaración a los procesos legales; varios de quienes formaron parte de su equipo, principalmente aquellos que operaron los contratos, las obras y las compras entienden que sí hubo excesos y sí hay elementos para fincarles responsabilidades. La única manera de contener la embestida es pactando.
Hablamos de muchos millones de pesos, dice uno de ellos; “el pedo está cabrón porque pareciera que nos quieren dejar cargar con toda la responsabilidad de lo que ellos ordenaban que se hiciera”.
La estrategia es apretar y contener, añaden; apretar a quienes se beneficiaron del gobierno anterior y contener el flujo de información que nutre los expedientes. “Todavía hay mucha gente nuestra adentro y algunos ya fueron ratificados en sus cargos; la cosa es aguantar, alargar los procesos y agotar los tiempos para que todo quede en escándalo. Nuestra gente, además, nos va contando lo que hacen y también los movimientos que realizan; tenemos ojos donde no se han dado cuenta”.
Una cosa es clara: si el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no consigue armar un buen expediente contra los corruptos quedará expuesto como incompetente o cómo cómplice. Para el nuevo régimen es imperativo que los procesos avancen y las acusaciones pasen del dicho al hecho.
Una cosa es clara: en las fiscalías locales (la General y la Anticorrupción) las cosas no van a avanzar.
“Ya tenemos de nuestro lado a varios diputados” presume un ex funcionario graquista.
· redes sociales
Después de varios años nuevamente hubo desfile revolucionario.
En el gobierno anterior se cancelaron porque la Damota decía que “Esas son fiestas de pueblo bicicletero”
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