Un crimen de Estado a la medida
La juez Martha Georgina Comte Villalobos reconoce que su decisivo fallo para que salieran de la cárcel victimarios confesos de los 43 de Ayotzinapa no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la PGR (la célebre verdad histórica), sino que el Ministerio Público de la Federación no pudo comprobar lícitamente que así ocurrieran.
¡Gulp!
O sea que lo que menos importa es lo acontecido y que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros (en el narcosantuario de Tamaulipas), consideró de la mayor trascendencia algo así como deficiencias o insuficiencias en… el papeleo.
¿Cómo digerir que tan abominable proceder pueda aceptarse como equilibrada impartición de justicia?
La sentencia, ejemplarmente reporteada por Vanessa Job, Rubén Mosso y Abraham Reza (Milenio de lunes y martes) deja en libertad a los asesinos materiales del caso criminal de mayor envergadura en la historia moderna de México.
Para su resolución, la juzgadora consideró que faltaron elementos de prueba, como lo había hecho ya otro tribunal asentado en la misma narcoentidad que desechó las declaraciones de “El Pato”, “El Jona” y “El Chereje” porque, según los representantes de los padres de los normalistas, la CIDH y el relator de la ONU para los derechos humanos, los delincuentes habían sido “torturados”.
En el colmo, Felipe de la Cruz, vocero de los deudos, declaró ayer que la liberación “no nos cayó de raro, porque siempre lo denunciamos…”.
¿Qué sentirán y pensarán los padres, madres, hermanos y demás familiares de quienes fueron asesinados y sus cuerpos quemados hasta la carbonización en el basurero de Cocula?
La juez Comte Villalobos no tomó en cuenta las nuevas pruebas (supervinientes, les llaman) ofrecidas por el MP de la Federación, aun cuando con estas habría sido posible comprobar, sin lugar a la menor duda, tiempo, modo y lugar de los imputados acusados de secuestro de los normalistas.
Y no la aceptó, apoyándose en la argucia de que no tendrían valor alguno porque los homicidas (no sobre subrayar: confesos) no habían aportado alguna coartada para refutar esas evidencias, aun cuando existen jurisprudencias y criterios judiciales que contravienen la artimaña esgrimida por la juzgadora.
Mediante la reclasificación del delito de secuestro a desaparición forzada, lo que se está logrando es perdonarles ese crimen a los victimarios civiles y dejar abierta la puerta para satisfacer a quienes vienen ansiando la fabricación de un redituable “crimen de Estado”.
***
Mis respetos a los senadores Josefina Vázquez Mota, Manuel Añorve, Félix Salgado Macedonio y Ricardo Monreal, sin cuya indignación y sentido de responsabilidad no se habría votado ayer y por unanimidad, el exhorto a los organizadores de la ceremonia del 1 de diciembre para disculparse y reinvitar a los principales mandos de las Fuerzas Armadas.