“Punto final” y corrupción
Carlos Marín
El “punto final” invocado por Andrés Manuel López Obrador para intentar justificar que su gobierno perdonará o se olvidará (amnistía) de probables delitos de corrupción cometidos por sus predecesores (de Salinas de Gortari a Peña Nieto) solo es comprensible como el propósito de un presidente electo resuelto a “mirar hacia adelante”, lo cual no deja de ser un gesto positivo y hasta plausible.
Para efectos prácticos, de nada sirve que recuerde haberlos denunciado en su momento ante la PGR por “traición a la patria”, ya que sería virtualmente imposible sustentar esa acusación, debido a la enorme carga de subjetividad que entraña, pues a casi todo mundo, o a casi nadie, podría imputársele tal delito.
Tampoco un Presidente, dicho sea de paso, tiene atribuciones para decidir a quién se investiga o no judicialmente, más allá de que el hartazgo por la corrupción explique en gran medida su triunfo en las elecciones.
En el caso de los servidores públicos (electos en las urnas o designados), la traición es una infame falta, pero no precisamente a la “patria”.
Todos los corruptos traicionan su oficio o profesión, pero sobre todo a las instituciones que les sirven de fachada para lo suyo lo suyo: el sucio negocio de la extorsión.
Ejemplo fácil: los policías que usan el uniforme, la placa y la pistola para embolsarse dinero extra salarial, o que de plano trabajan para bandas delictivas (como los de Iguala que levantaron a los normalistas y los entregaron a sus victimarios, o miles de otros criminales en incontables municipios del país), pero su traición es a sus funciones constitucionales, compañeros, jefes y corporaciones, y solo estirando mucho la liga (lo más seguro que sin éxito, pero sí ocurre en los regímenes totalitarios) puede pretenderse que se les procese por traicionar “a la patria”.
Y cierto, las cárceles resultarían insuficientes para castigar a los corruptos porque pululan en casi todas las áreas del servicio público pero la corrupción dista mucho de ser privativa de los funcionarios. También “modestos” empleados insinúan o exigen cuotas o lo que caiga para sus chescos.
Existen otros “servidores públicos”, por fortuna los menos, como en el magisterio, que reciben una paga nada despreciable del erario… pero mal habida. Ahí están (entre algo más de 70 mil) quién sabe cuántos maistros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y sus tentáculos en otras entidades que cobran cuando matan clases. Traicionan el servicio escolar, traicionan a los niños y niñas porque los abandonan a su suerte cada que sus chantajistas líderes quieren, y muchos de ellos carecen de preparación para ostentarse como “profesores” porque compraron o heredaron la plaza.
Corruptos evidentes pero que, como la corrupción será delito grave con el nuevo gobierno, a quienes persistan les espera, a riesgo de que la abarroten, la cárcel...