-Para que puedan ejercer su derecho a la autonomía, autogobierno y autodeterminación
-Esto, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por J. Antonio Hernández
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó al Congreso local garantizar las condiciones legales y económicas para que los recién creados municipios indígenas puedan ejercer su derecho a la autonomía, autogobierno y autodeterminación.
Lo anterior, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales TEEM/JDC/433/2018-2, que promovió por ayudante municipal, José Antonio Hernández Barrios, en representación del municipio indígena de Hueyapan, el Pleno del TEEM consideró fundado el reclamo contra el Congreso local, por no reconocer su derecho para elegir a sus autoridades.
El magistrado electoral del Tribunal, Francisco Hurtado Delgado, explicó que el conflicto social surgió por las deficiencias legislativas en los decretos de creación de los municipios indígenas emitidos por los anteriores diputados, debido a que no establecieron ni un procedimiento ni lineamientos para la sustitución de consejeros y consejeras municipales propietarios y suplentes
Y es que semanas atrás, surgió el conflicto político social en aquella localidad, que a partir del 1 de enero del 2019 será oficialmente municipio indígena, debido a que el Congreso local desconoció al Concejo Municipal electo y luego reestructurado por el método de usos y costumbres, y designó como presidente del mismo a David Montes Rosales, hermano del ex diputado Javier Montes y quien había sido destituido por la asamblea como vocal consejo.
Ante esta situación, el ayudante municipal promovió un juicio electoral para exigir que sean los pobladores, y no el Congreso, quienes elijan a su consejo municipal y la estructura de gobierno que adoptarán.
También al resolver el juicio TEEM/JDC/450/2018-2,promovido por el presidente Consejo Municipal de Coatetelco, Norberto Zamorano Ortega, el Pleno del Tribunal declaró fundado el reclamo por la omisión del Congreso local y el gobierno estatal, para concretar los trámites legales y administrativos para que el municipio indígena cuente con certeza jurídica para recibir las aportaciones estatales y federales que en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y Hacendaria le corresponde para el ejercicio fiscal 2019.