¿Habrá alguien que pueda oponerse a aumentar al doble la pensión a los adultos mayores? ¿O quizás haya quien no quiera que se otorgue una pensión a los discapacitados?

De acuerdo con la encuesta que ayer publicó El Financiero, el 91 por ciento de la población está de acuerdo con duplicar las pensiones a adultos mayores; el 67 por ciento respalda la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el 66 por ciento apoya el desarrollo del Tren Maya.

Puedo anticiparle que los resultados de la consulta arrojarán quizás porcentajes de 90 por ciento para arriba a favor de las 10 propuestas de AMLO respecto a las que habrá de preguntarse.

Y si usted agregara dos preguntas más, tal vez el porcentaje de aceptación llegara al 100 por ciento: ¿está usted de acuerdo en ya no pagar impuestos?, ¿estaría conforme con que le duplicaran su salario?

Cuando se hace ese tipo de cuestionamientos, la respuesta es obvia.

El tema es cuando se pasa a analizar lo que debe suceder para que esos propósitos se hagan efectivos, empiezan los problemas.

Veamos algunos casos.

Duplicar y universalizar la pensión a quienes tienen 68 años o más, implica un desembolso anual de 123 mil millones de pesos, considerando una pensión mensual que duplica la que se paga hoy en la CDMX y que asciende a 1 mil 209 pesos al mes.

Por efecto del crecimiento de la población mayor de 68 años, este programa representaría un desembolso anual de 193 mil millones de pesos hacia el 2024.

En el caso de las becas a 2.6 millones de “ninis”, la estimación que se puede hacer es un monto de alrededor de 107 mil millones de pesos en 2019, cifra que podría subir a 126 mil millones en 2024, por efecto de la dinámica demográfica.

Tan sólo de esos dos programas, habría necesidad de desembolsar 230 mil millones de pesos en 2019.

No sabemos aún con certeza cuántos recursos fiscales se vayan a asignar al Tren Maya en 2019. Suponiendo que todos ellos saldrán del derecho de internación que hoy pagan los viajeros extranjeros y está etiquetado para la promoción, entonces el impacto fiscal neto sería cero, pero la promoción turística se quedaría sin recursos, al menos específicos.

En el caso de la refinería, tendrá que determinarse cuánto del Presupuesto con el que se construirá estará en el ejercicio 2019.

Súmele a estas demandas de recursos, las pérdidas de ingresos derivadas de la reducción impositiva en la frontera norte, así como la posibilidad de una política tarifaria para las gasolinas que genere menos IEPS, entonces se ve complicado que los datos cuadren si no habrá más deuda ni tampoco más impuestos.

En las entrevistas que esta semana ha dado López Obrador ha señalado que los recursos alcanzarán.

Muchos analistas económicos estarán muy pendientes del documento que habrá de presentarse el 15 de diciembre, y que tiene el desafío de presentar cuentas creíbles.

Una de las opciones es que no todos los programas sobre los que se va a hacer la consulta el fin de semana –y algunos otros– comiencen de manera plena en 2019 y que en todo caso vayan avanzando por etapas, lo que bajaría las necesidades presupuestales el próximo año.

El futuro secretario de Hacienda le ha dicho a los banqueros que el presupuesto va a alargarse sólo hasta donde los ingresos alcancen, y que si hay que afectar programas, se hará.

La consulta de este sábado y domingo, sin embargo, no ayuda a tener los márgenes necesarios para hacer esos ajustes.