La eliminación del fuero al Presidente de la República, gobernadores, ministros, magistrados y funcionarios de alto nivel, se cayó en la Cámara de Diputados luego de que Morena fracasara en su intento de lograr los consensos necesarios con la oposición, que le cerró el paso a ese dictamen al rechazar varios artículos, los que al final provocaron que esa medida naufragara.
La oposición logró así frenar un blindaje que el dictamen aprobado por la mayoría morenista denominaba “inmunidad” e impedía que los funcionarios de alto rango, incluido el Presidente, fueran sujetos de prisión preventiva y gozaran de algunos privilegios como la impugnación de sentencias fast track. Ésta es la primera vez que la oposición logra frenar una de las 12 reformas prioritarias que Morena buscaba aprobar antes de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República.
El dictamen había sido aprobado en lo general, lo que técnicamente equivale a que el fuero se eliminó en este dictamen, pero en la discusión en lo particular no se logró la mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara), por lo que se requiere una modificación constitucional para que se avalaran artículos los 111, 112 y 38 relacionados a la eliminación del fuero y el blindaje de inmunidad.
En lo general, este dictamen pasó con 469 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, pero en lo particular la votación fue con 280 votos a favor, 171 en contra y cuatro abstenciones, con lo cual no se logró la mayoría calificada de dos terceras partes.
Si bien el dictamen aprobado se envió al Senado, en la realidad quedó sin efecto luego de la contradicción que existe en varios de sus articulados que ya no están vinculados con los que fueron rechazados.
“En realidad lo que se mandó al Senado no es nada (…) como el 111 no se aprobó, la referencia no sirve. No hay nada. Eso que se va al Senado, son tres artículos inconexos”, explicó el diputado de Morena, Pablo Gómez, impulsor de esta reforma.
“Miren, el tamaño de su festejo que vimos hoy es por el miedo que esconde, son políticos que no se atreven a vivir sin fuero, (…) Lo que tienen es miedo, nosotros vamos a continuar con el mandato que nos dio la gente. No vamos a parar hasta eliminar el fuero”, fustigó el coordinador de los diputados, Mario Delgado, quien adelantó que la presentarán de nueva cuenta en el próximo periodo ordinario que arranca en febrero próximo.
La oposición acusó a la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del fracaso de la reforma por su soberbia y el atropello a las bancadas minoritarias.
“Fue la soberbia la que atropelló el trabajo legislativo, somos un poder Legislativo y queremos dignidad”, aseveró el líder de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks.
“Hemos visto arrogancia y menosprecio ante todo aquel que no piense como la mayoría, no vamos a estar de rodillas, no aceptaremos un trato indigno, una cosa es la civilidad y otra la sumisión. No queremos privilegios pero tampoco sumisión”, aseguró por su parte el coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez Cisneros.
En tanto que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña acusó como un error el eliminar el fuero también al Presidente de la República pues advirtió que se entregará a Andrés Manuel López Obrador atado de manos y pies a la oligarquía.
“Es un acto de irresponsabilidad retirar el fuero…”, lamentó.
La reforma establecía la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, ministros y otros altos funcionarios quienes podrán ser sujetos a proceso penal por delitos cometidos durante su gestión sin necesidad de autorización del Congreso de la Unión o los congresos estatales, es decir, sin juicio de procedencia como sucede en la actualidad.
El documento eliminaba el fuero y creaba una nueva figura protectora, denominada “inmunidad constitucional” que permitía al Presidente, gobernadores y altos funcionarios mantenerse en el cargo en tanto proseguía el proceso penal en su contra.
Es decir, ningún funcionario público podría ser detenido por la acusación de algún delito, y a través de la también llamada “inmunidad procesal” podría seguir todo el proceso en libertad, “como mecanismo para evitar la persecución política y evitar el riesgo de inestabilidad en la función pública”.
También se precisaba que las y los gobernadores y la, o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes también gozan de inmunidad, serían sujetos de proceso penal por la comisión de delitos federales. Cuando se dicta sentencia condenatoria, el juez comunica a la Legislatura respectiva el retiro de la inmunidad y la separación de cargo.
La discusión duró más de 7 horas donde hubo intercambio de advertencias y descalificaciones, que al final derivaron en que el PAN, PRI, PRD y MC rechazaron los artículos 38, 111 y 112, que daban el soporte jurídico a la reforma que pretendía Morena.
El principal argumento en contra de la oposición fue que el dictamen que pretendía Morena establecía la suspensión de derechos políticos en cuanto se vinculaba a proceso a un funcionario, con lo cual ya no tenía derecho a votar ni ser votado en caso de que pretendiera aspirar a un cargo de elección popular.
“Gracias a Pablo Gómez estamos en esta situación”, acusó la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle.
El dictamen, aprobado en lo general, se envió al Senado con los tres artículos reservados que no lograron la mayoría calificada, por lo cual ahora será la Cámara alta la que discuta y en su caso pueda aprobarlos, o bien desecharlo y regresarlo a San Lázaro.