En su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal. En Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y fierro. El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin afectación financiera.

La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–, donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares. Es decir, no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.

Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco. Por ejemplo, Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016 y 2017 dos ofertas por un total de seis millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y J.P Morgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el interés. Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus preocupaciones.

Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco. La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica. De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo gobierno es una situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas. El gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93% de los tenedores de bonos aceptaron los términos de la negociación.

Ese 7% de los tenedores de los bonos demandó al gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York, donde, en octubre de 2012, el juez determinó que Argentina debía pagar el 100% de la deuda. El gobierno de Cristina Fernández apeló, no pagó y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero. Los tenedores de bonos recibieron casi cinco mil millones de dólares, y en al menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500 por ciento sobre la inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el gobierno Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada por el gobierno de López Obrador y evitar un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.

La decisión, por esta razón, es estratégica. La nueva administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo la dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los contratos mientras que el gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos internacionales. Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que se esperarían mayores ofertas de compra. El problema es que por más lento que avance la obra, seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se incrementarán. Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López Obrador, cuando menos por ahora.

La apuesta tendrá que ser por la Fibra E y las afores, para seguir financiando las obras del aeropuerto Benito Juárez y la construcción en Santa Lucía, que en el borrador del presupuesto para 2019 no tiene asignado recursos. Las afores Pensionissste, Inbursa y XXI Banorte participaron en la emisión de la Fibra E con una inversión de 30 mil millones de pesos, que también congregó a fondos institucionales y privados, bancos y aseguradoras. No será algo sencillo de lograr, por la pérdida de valor que tendrán que absorber al cambiar la escala del proyecto, pero al ser empresas mexicanas que tienen un alto número de contratos con el gobierno, garantiza que no habrá demandas ni litigios.

El aplazamiento de la cancelación de la obra en Texcoco y la oferta de compra de bonos, tampoco es un camino sencillo y tiene que explicarse bien en México. La percepción de que el presidente López Obrador reculó es amplia. La comunicación tiene que ser precisa, sin márgenes a la confusión y dirigida a dos mercados simultáneos: el doméstico, particularmente quienes se opusieron a Texcoco, que ratifique que la cancelación es definitiva, y a los mercados, que antes de parar la obra, pagarán lo que se invirtió. Las dos conviven y no son excluyentes, no hay que olvidar.