Después de ver el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, con su protesta histórica, su ritmo frenético y con discursos y eventos llenos de mensajes y significados, no hay duda: la congruencia discursiva y política del ahora presidente, que confirma que la ruta que tomará su gobierno en lo social es la misma trazada desde el 2006 cuando inició su marcha hacia la Presidencia: un gobierno popular —o populista según se vea— cuyo enfoque estará en la atención de los sectores más necesitados, mientras que en lo económico plantea un viraje del modelo neoliberal, que aunque mantiene el control de la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial, cambia el enfoque del gasto público hacia programas y subsidios sociales, enfatiza apoyos al mercado interno y revive conceptos de “nacionalismo” en temas de producción alimentaria, energéticos, además de imponer nuevas regulaciones a sectores financieros, bancarios y minería entre otros.

 Los primeros mensajes del nuevo presidente (tanto el discurso político ante el Congreso, como el mensaje populista en el Zócalo)  arrojan certezas para unos e incertidumbres para otros. Cierto, por ejemplo, que el enorme apoyo popular y espontáneo que concita su Presidencia, que raya fervor —fenómeno no visto en México en las últimas décadas— es del mismo tamaño que las expectativas y “esperanzas” ciudadanas de un cambio, y eso obliga a López Obrador a que sus acciones de gobierno prioricen a los sectores que le dan un apoyo que no tuvo ninguno de los últimos presidentes. Por eso, a diferencia de los últimos gobiernos, que privilegiaron los intereses económicos y de las élites financieras y empresariales, el modelo ahora irá hacia lo popular (el pueblo) en las políticas públicas y decisiones; por eso reitera la “separación del poder político del poder económico”.

 Incierto para sectores que se sienten amenazados no sólo en la certidumbre económica y legal, sino en la polarización de un discurso que tacha como “conservadores que me quieren avasallar” a todo aquel que no participe incondicionalmente de la convicción y la esperanza de la Cuarta Transformación. A esos sectores, a los que no les alcanzan las promesas de que no se contratará más deuda, ni se aumentarán impuestos “más allá de la inflación” o que respetará la autonomía del Banco de México, no sólo los define su posición económica o política, sino la duda de que todos los programas sociales y apoyos anunciados en el nuevo gobierno sean viables financieramente hablando, que el presupuesto, de por sí limitado, alcance para tanto como lo que se promete, sin caer en un desorden financiero y en un retroceso económico que afecte la estabilidad económica, el empleo y a las empresas.

Lo que es un hecho también cierto, es que López Obrador será un presidente activo como pocos. El ritmo de sus dos primeros días corroboran no sólo su anuncio de que trabajará 16 horas diarias y de que la seguridad y la pacificación del país —otra de las enormes esperanzas que despierta su gobierno— serán su primera actividad del día con una reunión diaria a las 6 de la mañana.

Y ahí, nuevamente, hay un sector que ve signos inequívocos de esperanza y certeza de un cambio en las plazas públicas llenas de seguidores espontáneos y emocionados, en los ritos y los rituales de acercamiento a grupos olvidados y marginados como los indígenas, por los que López Obrador tiene un interés y un compromiso histórico desde que se inició en la política como funcionario del INI apoyando y alfabetizando a las comunidades de la Chontalpa tabasqueña. Pero también hay otro sector de la sociedad que se pregunta si el presidente seguirá en una eterna campaña y si tanto discurso y cercanía con la gente no apuntan más hacia la demagogia.

Por lo pronto, en el arranque frenético de este nuevo gobierno, no hay duda de que el presidente López Obrador tiene un compromiso y una visión propia y completa de un país que conoce desde abajo y a pie, como pocos políticos. Los resultados de sus políticas y sus decisiones las iremos viendo sobre la marcha y difícilmente alguien, incluidos sus adversarios, se atreven a apostarle al fracaso de una administración con tanto respaldo popular y más bien le desean éxito. La única duda que en este momento hay  es ¿cuántos secretarios y colaboradores van a aguantarle el ritmo al presidente, cuántos van a dar el ancho en los cargos que  les asignaron y cuántos reventarán al llegar al primer informe del 1 de septiembre de 2019 que, ya lo anunció el mandatario, será no sólo ante el Congreso sino ante “el pueblo” en la plaza pública del Zócalo?
 
NOTAS INDISCRETAS…La decisión de continuar los trabajos del NAIM, tomada ayer por el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espríu, no se sabe si es definitiva o si se trata solo de seguir con la obra, hasta en tanto se realiza la “recompra de bonos” a extranjeros con el fin de evitar costosas demandas internacionales. Las obras no se pueden cancelar mientras esos bonos estén en manos privadas y extranjeras porque, automáticamente, los tenedores podrían iniciar una demanda. Y eso, lo saben bien en el nuevo gobierno, equivaldría a un problema como el de los “fondos Buitre” de Argentina o como el que tuvo el ya ex presidente Peña Nieto al cancelar el Tren México-Querétaro, por lo cual el gobierno de China exigió 1 mil millones de indemnización.

Así que veremos si una vez que se paguen esos bonos y ya estén en poder del gobierno federal y del GACM se decide continuar o cancelar definitivamente Texcoco… A propósito, los que no quisieron arrancar con la Cuarta Transformación fueron varios gobernadores que se negaron a instalar los “Consejos de Seguridad” que a partir del 1 de diciembre deben funcionar en sus estados. Mandatarios como los de Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro no han instalado el consejo que deben encabezar los superdelegados del presidente López Obrador.

Casualmente son los mismos que se oponen a esa figura y que piensan controvertirla constitucionalmente ante la Corte. Sólo que a esos gobers “rebeldes”, nos dicen, les espera una sorpresa, por cada acción de inconstitucionalidad que interpongan ante el Poder Judicial, los superdelegados de sus estados les responderán con una denuncia penal por el delito de “obstrucción de ejercicio de funciones de autoridades federales” ante la nueva Fiscalía General de la República. O sea que va a ser demanda contra demanda…Los dados mandan Escalera doble. Subida. 

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