El nuevo contrato social
Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República y planteó inmediatamente un nuevo contrato social. La cuarta transformación no se aprecia sólo en el primer plano de su primer discurso como jefe de Estado, el sábado en San Lázaro, sino a través de la forma en la que empaquetó todas sus frases y mensajes de campaña, junto con los golpes de timón que dio durante la transición para establecer claramente el mando nacional. Vista en su árbol, está claro para dónde va. De saque minimizó a quienes piensan que ese proyecto es pretencioso o exagerado, pero escaló. No sólo comenzaba el cambio de gobierno, sino del régimen. Quiere el que existió entre 1930 y 1970, con crecimientos del 6%, y abolir el que se instaló a partir de 1982, con crecimientos del 2%. Son los dos mundos de López Obrador que explican el cambio, del neoliberalismo al neonacionalismo.
El discurso de López Obrador, para no perder legitimidad, ignoró la valoración del periodo entre 1970 y 1982, donde el modelo de décadas anteriores chocó con la realidad de un mundo que había cambiado. El gobierno de Luis Echeverría, que siguió el modelo de los cuatro anteriores, llegó a tener una inflación de 26% y una devaluación de 76%. El de José López Portillo alcanzó una inflación de 99% y una devaluación de 582%. Después de esos 12 años es donde el Presidente ubica el principio del neoliberalismo, que controló los fundamentos macroeconómicos (empleo, inflación y tasas de interés), pero produjo crecimientos bajos, producto, según los expertos, de la elevada informalidad, la debilidad de los mercados de crédito, y los altos costos de producción.
Aunque habló de una larga época donde la construcción del sistema político acompañó la bonanza y el fortalecimiento del PRI, López Obrador se refiere específicamente, porque así lo señala, a los años del llamado “milagro mexicano” y del “desarrollo estabilizador”, entre 1956 y 1970, donde no hubo crisis y sí bienestar. El salario mínimo era el equivalente, en valor actual, a 110 pesos, contra el vigente de 88.36 pesos, y la inflación controlada estaba en 3.75% anual. Ese modelo se aplicó en la cola del cambio de un país agrícola a uno manufacturero, acelerado por la alta demanda de materias primas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde había un mercado cautivo por el modelo de sustitución de importaciones (consumir sólo lo que producía el mercado interno, que es lo que quiere López Obrador) y el proteccionismo del gobierno, que hizo que las empresas perdieran competitividad en el mundo y que la segunda gran industrialización no se consumara.
En aquel México, el gobierno lo era todo. Controlaba las tasas, el tipo de cambio y la inflación, mientras el sector privado, que estaba blindado de la competencia externa, se ocupaba del mercado interno, distribuyendo la riqueza bajo la tutela de la Presidencia. Las escaramuzas de López Obrador y sus cercanos durante la transición, buscaron restablecer el orden vertical de aquellos años. La decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco y la amenaza sobre las comisiones bancarias, fueron manotazos sobre la mesa para mostrar quién manda. Cuando anunció el destino del nuevo aeropuerto, sentó a su lado a Alfonso Romo, quien es el jefe de la Oficina de la Presidencia, que días antes había asegurado a los inversionistas que la obra en Texcoco seguiría. Aunque para la mayoría quedó desacreditado ante sus interlocutores, López Obrador le comentó que con esa acción él ya no tendría que ir a buscar a los inversionistas, porque serían ellos quienes acudirían a él. Días después de aquel anuncio, varias empresas involucradas en la obra fueron a ver a López Obrador, lo cual debe haber reforzado su vieja idea de quién debe mandar y qué hay que hacer.
Texcoco no se hará, ha dicho López Obrador, porque hubo corrupción. En su discurso en San Lázaro, cuando habló de no perseguir a los corruptos del pasado, amplió por primera vez su mirada inquisitiva a los empresarios. En el mismo mensaje se refirió a que con los ahorros en corrupción se podrán hacer todos sus proyectos para consolidar la cuarta transformación. Un país de bienestar, como entre 1956 y 1970, donde se distribuye la riqueza mediante un proceso regulado por el gobierno. Si él manda sobre el sector privado y ataca la corrupción, entre líneas, la transferencia de recursos para el país que viene, podría salir de esos capitales.
López Obrador parece apuntar a los márgenes de utilidades, bajo la creencia de que todo termina en sus bolsillos. De ahí parte de su repulsión al uso de aviones privados y helicópteros, no a que tengan dinero por el que han trabajado. Lo que desea es que eliminen lo superfluo para que distribuyan parte de lo que tienen y se logre una sociedad igualitaria. Que los márgenes de utilidad se utilicen mayormente en inversiones para crecer, no le es relevante. Ya dijo que les dará obra pública. No habrá “moches”, sino transferencia de recursos para su programa social “Bienestar”, mediante esfuerzos como dar empleo a quienes les diga.
La deconstrucción de sus propuestas, en perspectiva, muestra el nuevo contrato social que está buscando López Obrador. Lo que ha planteado todo el año detrás de la estridencia de sus palabras, es un nuevo reacomodo que busque el bienestar y la paz, tal como lo escribió Juan Jacobo Rousseau en su libro El Contrato Social, o sea los Principios del Derecho Político, hace 256 años. La búsqueda de la igualdad de todos sigue vigente. Lo que cambió fue el mundo.