Una razón poderosa por la cual Javier Duarte pudo haber salvado un proceso de juicio político como gobernador de Veracruz para enfrentar acusaciones de presunto enriquecimiento inexplicable y desvío de recursos, debe encontrarse en la amenaza que deslizó a finales del año pasado: una parte del dinero que afirmaban que había caído en su bolsa, dos mil 300 millones de pesos –decían–, habían sido para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. ¿Es verdad?
Muy pocos podrán hablar con pleno conocimiento de ello, pero lo que es cierto es que el Presidente no autorizó que el PRI buscara el desafuero, con lo cual la campaña para renovar al Ejecutivo en Veracruz, se convirtió en un pantano de estiércol.

Como sucede normalmente en estos procesos, el pleito todo debió haber terminado el domingo con la elección, como pasó en otros campos de batalla negros como Tamaulipas y Oaxaca, o en otros nada impolutos como Durango y Puebla. Pero no en Veracruz, donde el conflicto postelectoral cambió la ruta de los tribunales a los medios. Odios que parecen irreconciliables entre el gobernador saliente, Duarte, y el virtual gobernador, Miguel Ángel Yunes, expresados a lo largo de esta semana con una continuación de la guerra de acusaciones y amenazas, de descalificaciones y vituperios, están llevando al estado a una etapa de ingobernabilidad. Eso va a ser inadmisible.

Yunes, sometido a una campaña de descalificación sistemática y profunda como nunca antes en su vida, como él mismo lo reconoce, tampoco ha dejado de estar señalando en entrevistas de prensa que va a meter a Duarte en la cárcel. Es tal el encono, que Yunes pasa por alto que él no tendrá atribuciones de Ministerio Público cuando llegue a la gubernatura, y que como ha sucedido en otros casos de ajustes de cuentas entre gobernadores entrantes y salientes, tiene que recurrir al apoyo de la Federación porque tampoco está dentro de sus atribuciones legales. No obstante, Duarte tuvo una reacción propia de un comportamiento bipolar.

El martes pidió a los veracruzanos dejar atrás el enojo y trabajar unidos. Pero como Yunes no aceptó su mano e insistió en que lo meterá en la cárcel, el gobernador, que tiene la piel delgada, difundió este jueves un video en donde sin decir nombres, dijo que las acusaciones en su contra, solo existen en la mente de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito. “Una cosa es la propaganda electorera basada en la infamia y la acusación sin bases, y otra muy distinta probar los dichos”, dijo. “Los desvíos de los que se habla solo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona”.

Los términos de la batalla fueron ratificados. Duarte contra Yunes, a ver hasta dónde le alcanza. El gobernador, podría decirse, tiene ventaja. El relevo de mandato será hasta dentro de más de tres meses, por lo cual dispondrá de los recursos políticos que tiene un mandatario en México para preparar el terreno, de su salida por un lado, que significa limpiar las cuentas públicas para minimizar la posibilidad de que le atrapen en ellas irregularidades, y desbarrancar o descalificar a Yunes como un mecanismo preventivo y de control de daños para lo que venga después. Si uno se atiene al temperamento de ambos, el reguilete de estiércol continuará durante un tiempo más. Aquí es donde viene la duda: ¿harán de la vida púbica veracruzana un chapoteadero de acusaciones de corruptos, ladrones y pederastas durante los meses por delante? Duarte y Yunes deben pensar que sí. El punto es si no habrá una autoridad superior que los ponga en su lugar.

En la lógica del acuerdo entre los nuevos siete gobernadores que tendrá el PAN, concretado el miércoles con el líder del partido, Ricardo Anaya, para trabajar coordinadamente con el gobierno federal, no sería extraño que le pida a Yunes detener por ahora su cruzada contra Duarte. Después de todo, si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto actúa en aras de la gobernabilidad, Duarte tendrá que ser silenciado. No será un tema de censura, sino de responsabilidad y disciplina política. El gobernador no puede declarar la guerra a un adversario político sin pensar que no habrá represalias, no de él, sino de quienes son los responsables de la gobernación en el país.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está obligado a llamarlo a cuentas y forzarlo a que se calle la boca, pues sus palabras sólo enturbian más el entorno y radicalizan la problemática política en Veracruz, un estado de sí azotado por la inseguridad y la violencia. La locuacidad del gobernador, disparada por las amenazas de Yunes, no ayuda al estado, pero menos a él. Duarte va de salida y Yunes tomará posesión.

Sus gritos no impedirán la transmisión de poder. Lo que tampoco debe soslayar es que en estos momentos es una pieza desechable, despreciada por la sociedad veracruzana y por el país; el peor gobernador evaluado en la nación. Es decir, cualquier acción política puede caer sobre de él. El desafuero, quizás. Una acción judicial que le finque responsabilidades por delitos asociados con la corrupción, tal vez. Su cabeza es muy apetecible para la gradería popular, y tanta histeria histriónica le pudieran dar el Presidente la oportunidad de responderle a los votantes del 5 de junio: ya los escuché.

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