Para nadie es un secreto que la 53 Legislatura local se convirtió en una oficina de trámite del entonces Ejecutivo Estatal, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, quien a sabiendas de que sería objeto de una severa investigación y persecución por el saqueo financiero, la corrupción y todo el daño que ocasionó a la sociedad morelense, se “blindó” con la designación de figuras a modo en áreas estratégicas como sucedió con Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, fiscales General y Anticorrupción, respectivamente. La designación de ambos personajes fue “antidemocrática” pero jurídicamente legal. Tuvo la complicidad de los diputados que estaban más que comprados y hoy, la lucha es incesante por buscar su destitución por la incompatibilidad con las autoridades estatales.
DESIGNACIÓN INMORAL.- Han transcurrido poco más de diez meses desde que fue ungido el hijo de Uriel Carmona Sánchez y la ex notaria pública Marinela Gándara Vázquez, como Fiscal General del Estado por parte de los diputados de la 53 legislatura, Uriel Carmona Gándara, tras las reformas que se hicieron a la Constitución, es decir, fue un traje hecho a la medida el que le creó Graco Luis para obtener su protección y evitar ser perseguido por la justicia.
Cabe recordar que el tabasqueño presentó en su momento la terna para el cargo de fiscal y entre los cuales estaban: Javier Pérez Durón, el ex Fiscal y sobrino de Ramírez Garrido; así como Juan José Salazar Núñez –su ex consejero jurídico- hoy fiscal Anticorrupción y Uriel Carmona Gándara –fue nombrado Notario No.6 en julio del año del 2016 por el ex gobernador perredista- y quien a la postre ganó con 22 votos a favor. Todo estaba fraguado entre los integrantes –para muchos- de la delincuencia institucionalizada por lo que si no fue ilegal su designación, sí fue inmoral.
EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS.- Basta recordar que antes, durante y después de las elecciones del pasado primero de julio, el dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes –hoy flamante súper delegado- dejó en claro que promovería una controversia constitucional en contra de la designación del Fiscal General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Los argumentos que presentó fue porque los integrantes de la 53 legislatura aprobaron su nombramiento por instrucciones del ex gobernador Graco Ramírez, y por lo tanto, es a él a quien le entregan cuentas y no tanto al hoy mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, por lo que todos los intentos por castigar y encarcelas al oriundo de Tabasco se ven reducidas por el respaldo que tienen desde esta dependencia y la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Juan Salazar Núñez.
Insistió en que no fue una designación democrática y por tanto, los intereses políticos de Uriel Carmona y Juan Salazar Núñez, responden para generar espacios de impunidad y por lo tanto, ambos, hoy están en el ojo del huracán, en el “banquillo de los acusados”, porque además, no han realizado un trabajo que evidencie que en verdad se quieran cortar el cordón umbilical de Ramírez Garrido, quien hoy, tiene puestas sus veladoras prendidas para que no sea enjuiciado y encarcelado como lo prometió el mandatario Cuauhtémoc Blanco Bravo.
HAY TEMOR DE LOS FISCALES POR SU POSIBLE DESTITUCIÓN.- Inaudita son las declaraciones de Uriel Carmona Gándara, quien afirmó recientemente que su intento de destitución del cargo es por cuestiones políticas y no jurídicas. Empero, su designación desde mediados de febrero de igual manera se dio mediante acuerdos políticos, por lo que sabía que esto y más vendrán hasta lograr que deje de seguir cobrando sus 70 mil pesos mensuales como fiscal general. Es tanto su temor, que incluso, recientemente promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado, porque sabe que están haciendo un grupo de legisladores todo lo posible por alcanzar los votos suficientes para echarlo de la Fiscalía. Es una guerra que su origen es el castigo contra Graco.
Y en los días subsecuentes, la lucha será frontal, brutal y harán todo lo posible por destituirlo. Mientras que ambos fiscales se tendrán que seguir defendiendo pero quizá si su designación no fue ilegal por todo estuvo bien confabulado, no es ético ni congruente y eso no les importó al momento de protestar ante los desacreditados diputados de la 53.
Solo imaginar que no está en juego tanto en la fiscalía General como en la de Anticorrupción. Esas dos dependencias fueron utilizadas por el ex mandatario Graco Ramírez como las instituciones desde donde se perseguía a sus enemigos políticos y de ello lo sabe bien Cuauhtémoc Blanco Bravo y Alejandro Vera Jiménez, así como al menos 15 alcaldes quienes fueron literalmente perseguidos acusados de todo acto de corrupción pero difícil, muy difícil de probársele pese a las campañas de desacreditación y difamación que se les aplicó.
Los actores principales en esta película son José Casas González y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, son quienes están no solo desacreditando sino presentando los elementos para logar su cometido, al considerar que no cumplieron con la aplicación y aprobación de la evaluación de control y confianza, requisito necesario que marca la Ley General de Seguridad y la Constitución Política federal para ocupar y permanecer en dichos cargos.
SINOPSIS.- Salieron incongruentes los diputados que poco les importó que en diversas universidades haya personal especializado, capacitado y con honorabilidad para desempeñar de la mejor manera cargos dentro del poder Legislativo, por lo tanto, fiel a la costumbre de los diputados, decidieron repartirse cual si fuera un botín, los espacios dentro del Congreso para designar a sus familiares, amigos y pagar facturas de campaña. ¿Este es el cambio que prometieron? Son los mismos vicios, las mismas artimañas y solo cambiaron los personajes que hoy están haciendo todo lo posible por convertirse en la peor legislatura de Morelos… Por el tiempo que llevan, están haciendo méritos para lograr ese objetivo para desgracia de los morelenses.
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