-El castigo al ex mandatario sí es posible, pero por las vías descritas, no por cometer desfalco a la UAEM, dijo
El diputado José Casas, del PT, informó que sí se le imputará un juicio político al ex gobernador Graco Ramírez Garrido, por permitir a servidores públicos ilegítimos: Uriel Carmona Gándara y Juan Jesús Salazar Núñez, quienes son los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, respectivamente.
Añadió que, si bien el documento que hace unos meses presentó un grupo de abogados no tuvo elementos contundentes, el castigo al ex mandatario sí es posible, pero por las vías descritas, no por haber cometido un desfalco a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
El legislador dijo que los dichos fiscales fueron el resultado de componendas, por lo que esta acción marca la pauta para dar seguimiento al juicio político. También se les adjudicará esa penalización a estas dos figuras.
Consideró que esta acción es un avance para la 54 Legislatura y para las demandas de la sociedad. Estipuló que como órgano colegiado “No pueden hacer actos en el halo de la ilegalidad, porque esto les generaría una irresponsabilidad”.
Asimismo, acotó que la parte denunciante; es decir, Enrique Paredes Sotelo, el abogado, no le dio seguimiento y no aportó más pruebas. El Congreso está solicitando otras carpetas a través de la Secretaría de Gobernación para irlas presentando al pleno. “Todo lo que he subido a tribuna lleva un sustento legal”, presumió.
Casas González expuso que en ningún modo están protegiendo al ex gobernador, como se ha estilado en la opinión pública. Y, en otro sentido, reiteró que la salida del Carmona Gándara es “cuestión de tiempo”. “Está violando la ley nacional de seguridad pública; está cometiendo un delito; es increíble que no cumpla con los exámenes de control”.
Estableció que es el fiscal quien tiene que procurar la justicia y el que debe de perseguir el delito. Y, si no tienen el perfil psicológico de quien tiene esta responsabilidad, “eso es grave”, espetó.
Por eso hay un examen pericial de psicología, que no lo posee, ni el ingreso a la Fiscalía ni mucho menos en su permanencia.
El castigo a Ramírez Garrido podría ser su inhabilitación del quehacer público hasta por 15 años. El parlamento tiene un año para iniciar este procedimiento, pero puede durar mucho más, consideró. En esa misma hipótesis se sitúan los ex presidentes de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, Beatriz Vícera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta y los ex representantes populares Silvia Irra Marín y Julio Espín Navarrete.
En una recién declaración, este legislador aseguró, contrariando a su homólogo Marcos Zapotitla, que el fiscala “está fuera”.