Fiscales, el blindaje de la corrupción
Con Uriel Carmona y Juan Salazar como fiscales es imposible que el ex gobernador pise la cárcel; vamos, ni siquiera procederán las denuncias en su contra. El primer paso para que la impunidad se acabe en Morelos es quitar a los defensores de Graco. ¿Por qué la bancada de Morena protege al perredista?
La expectativa que despertó la promesa de Cuauhtémoc Blanco de encarcelar a Graco Ramírez pronto se convertirá en un serio problema de gobernabilidad; la gente compró la idea del ex seleccionado nacional, votó por ella y la ha seguido escuchando a lo largo de dos meses, pero sigue sin tener claridad del momento en el que se actuará contra los corruptos. Encarcelar al tabasqueño no será sencillo, el perredista construyó un fuerte andamiaje de protección con la ayuda de la legislatura pasada y dejó sembrados a varios personajes que lo protegen, empezando por los fiscales. Para que la promesa del nuevo gobernador se cumpla se necesita de mucho más que deseos y buena voluntad.
Graco Ramírez prometió regresar la seguridad en 18 meses y dijo que se sometería cada dos años a una evaluación para saber si la gente estaba conforme con su forma de administrar el estado, “habrá revocación de mandato” prometió , pero no cumplió con ninguna de las dos ofertas y la presión social de ambas lo acompañó de principio a fin en su gobierno.
Cuauhtémoc Blanco sólo ha prometido una cosa: cárcel a Graco. Lo dijo cuando hizo pública su aspiración, lo repitió durante como candidato en campaña y lo sigue diciendo como gobernador. El problema es que el deportista ya se dio cuenta que no es tan fácil actuar contra su antecesor porque todavía hay muchos personajes que le protegen dentro y fuera del gobierno.
Para encarcelar al tabasqueño y a los suyos se requiere de mucho más que el deseo del gobernador, primero tienen que identificar los ilícitos por los cuales será acusado, luego hay que documentar las demandas, presentarlas ante las instancias correspondientes, que se investiguen los hechos y que una autoridad judicial valide las denuncias. En este plano habrá una defensa de parte de los acusados, misma que será valorada por una autoridad. ¿Ya han hecho algo de esto en el equipo de Blanco Bravo?
Aunque el discurso anti Graco está presente en todos los mensajes del nuevo gobierno el trabajo para hacer posible esa promesa no va tan avanzado ni en lo jurídico, ni en lo técnico, ni en lo político. El gobernador no suelta el tema, mantiene viva la expectativa de que el tabasqueño y sus aliados sean encarcelados, pero cada día se ve más difícil que puedan hacerles algo porque su equipo no sabe por dónde iniciar las querellas, ni tampoco como sortear la barrera de los fiscales.
El ex gobernador, dicen, cuenta ya un equipo de abogados que atiende sus temas, que está a la expectativa de cualquier tipo de actuación en su contra y se apoya en diversos personajes que desde el gobierno estatal les suministran información de lo que quieren hacer en su contra; comentan que incluso, tienen copia simple de todas las demandas que han presentado, incluyendo la estrategia jurídica y los personajes que participan en el equipo que arma las demandas.
La del ex gobernador, afirman, es una estrategia jurídica, política y hasta de espionaje; el tabasqueño se mueve a través de sus aliados en el gobierno estatal, en el congreso y con los fiscales antes de que las denuncias sean presentadas, sus aliados le hacen llegar información y también la forma como planean atacarlo. En este plano, afirman, el perredista amenaza, corrompe y compra información privilegiada.
Cuauhtémoc Blanco no está enfrentando a cualquiera, tiene enfrente a un viejo lobo de la política, un hombre perverso con un largo historial de corrupción y experiencia en los pasillos de poder. El blindaje que construyó Graco Ramírez antes de irse es fuerte y puede ser el elemento que impida que las denuncias avancen. Además de armar expedientes sólidos y de documentar de manera correcta las acusaciones, el nuevo gobierno necesita quitar a los fiscales. Con Uriel Carmona y Juan Salazar en las fiscalías, ninguna denuncia contra Graco Ramírez y sus aliados va a prosperar.
El tiempo corre en contra del nuevo gobierno porque el ex capitán americanista no ha dejado de prometer que meterá a la cárcel a Graco. El tema es socialmente fuerte, la gente compró la idea y no aceptará que todo quede en promesa; conforme pasan los días y no se actúa contra nadie la esperanza de que se haga justicia comienza a tornarse molestia y pronto se hablará de complicidad.
Lo de fondo en esta historia es que el gabinete no ha podido armar un buen expediente, ni tampoco ha sustentado las denuncias públicas que ha presentado, paralelamente en el congreso le están poniendo piedras en el camino y varios diputados se rehúsan a remover a los fiscales a sabiendas de que ello no sólo impide que se procese a los ex funcionarios corruptos, también daña la imagen del nuevo gobierno y genera ingobernabilidad.
El gobernador Cuauhtémoc Blanco quiere procesar a los corruptos, su promesa de encarcelar al ex gobernador es real, lo mismo que su deseo de acabar con la impunidad; esa oferta pública es enorme, generó una alta expectativa y simpatía, pero para que se materialice se necesita de mucho más que voluntad.
En este tema en particular el jefe del ejecutivo debe poner mucha atención y cuidado, porque puede ser el punto que prolongue la confianza pública en su persona y lo catapulte políticamente o lo hunda como gobernador.
Recordemos, además, que en Morena México no quieren al gobernador de Morelos y vienen tras su hombre de más confianza.
· posdata
Cuauhtémoc Blanco ya se dio cuenta de que sus denuncias no pasarán la barrera de los fiscales, por eso solicitó al Congreso local la remoción de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, al primero, por cierto, también lo hizo notario y el segundo fue Consejero Jurídico en su gobierno.
El ejecutivo estatal a través de su consejero jurídico Samuel Sotelo argumenta que los fiscales General y Anticorrupción no reúnen los requisitos legales para mantenerse en el cargo, ambos fueron designados en sus cargos por nueve años por el ex gobernador Graco Ramírez.
En el congreso local este tema, como otros más, ha dividido la opinión: un bloque de diputados avala la petición del gobernador Cuauhtémoc Blanco en tanto que otros, los de Morena, están por su permanencia. Antes de avanzar en su lucha contra la corrupción el ejecutivo tiene que remover a los protectores de los corruptos; los fiscales responden a Graco Ramírez y a ellos toca llevar a cabo las investigaciones y la actuación en contra del exgobernador ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de dos funcionarios que deben su cargo al tabasqueño?
Quitar a Uriel Carmona y Juan Salazar es el primer paso para combatir la corrupción en Morelos, no sólo para que las denuncias contra Graco Ramírez prosperen; los abogados no cumplen con el perfil que requieren ambas dependencias, carecen de legitimidad y confianza pública, han sido incompetentes en su actuación, omisos en su trabajo y parciales en la aplicación de justicia. Si continúan en su cargo es imposible pensar que la procuración de justicia y la lucha contra la impunidad sea efectiva.
La defensa del bloque parlamentario de Morena a ambos funcionarios no se puede entender más que de dos maneras: quieren ponerle piedras en el camino al gobernador Cuauhtémoc Blanco evitando que cumpla su promesa de campaña o, como dicen algunos, algunos de los integrantes del grupo parlamentario han pactado con Graco Ramírez.
Cualquier opción es mala.
· nota
El alcalde capitalino se suma a las voces que hablan de rescate financiero. Cuernavaca, dice Juan Manuel Hernández Limonchi, arrastra una deuda superior a los 1 Mil 800 millones de pesos y es urgente que tanto el estado como la federación inyecten recursos frescos al municipio para que no colapse.
En los últimos tres años Cuernavaca se ha hundido en la mediocridad, los servicios públicos son malos y el mantenimiento de la infraestructura urbana de plano es inexistente.
Cuernavaca es insegura, se nota descuidada, no se aplica la ley y por todos lados se ve basura. En este último punto, por cierto, bien vale revisar lo que paga el ayuntamiento por concepto de recolección de basura: en comparación con lo que cobraban las últimas dos empresas que brindaban ese servicio, ahora el municipio eroga más del doble que antes. Y la ciudad está sucia.
¿También hay sobreprecio en otros rubros?
· post it
El miércoles el gobernador solicitó al congreso la destitución de los fiscales General y Anticorrupción de Morelos por considerar que no cumplen los requisitos legales para ocupar dichos cargos. Ayer jueves el Fiscal General respondió públicamente a la petición de Cuauhtémoc Blanco. Esto es parte de lo que dijo Uriel Carmona:
“El artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece que el Fiscal General solo podrá ser removido mediante la solicitud del Gobernador del Estado, fundada en causa grave que establezca la Ley. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos en su artículo 81 señala que las causas graves para la remoción de los Fiscales: General, Anticorrupción y de Delitos Electorales, son las que establecen los artículos de 51 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las causas establecidas en esos artículos son:
a) Cohecho,
b) Peculado,
c) Desvío de recursos públicos,
d) Utilización indebida de información,
e) Abuso de funciones,
f) Actuación bajo conflicto de interés,
g) Contratación indebida,
h) Enriquecimiento oculto,
i) Encubrimiento,
j) Desacato, y
k) Obstrucción de la justicia.
… el tema de las evaluaciones de certificación y control de confianza no está contemplado en dichas causales, por lo tanto la solicitud del Gobernador así como cualquier determinación del Congreso del Estado devienen inconstitucionales.
… en atención a los cuestionamientos sobre las evaluaciones de certificación y control de confianza, con base en el artículo 56, segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los expedientes de los mismos son estrictamente confidenciales, por ello la Comisión Estatal de Seguridad no tiene acceso a los mismos, por lo que la documentación presentada por el legislador José Casas González es, además de falsa, ilegal; toda vez que el divulgar cualquier tipo de información clasificada se sanciona con una pena de 2 a 8 años de prisión, con base en lo dispuesto por el artículo 139, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
… con base en lo dispuesto por los artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 5, fracción III y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Gobernador del Estado, carece de toda competencia para solicitar al Congreso del Estado la remoción del Fiscal Anticorrupción, lo que vicia aún más el procedimiento multicitado.” Hasta aquí los dichos del fiscal.
Es evidente que Uriel Carmona Gándara (igual que Juan Salazar) responde a los intereses del ex gobernador Graco Ramírez, pero es obvio que conoce más de leyes (o está mejor asesorado) que el gobernador y los diputados.
Una vez más el ejecutivo y el legislativo fueron exhibidos por sus pifias legales, por actuar sin sustento ni conocimiento de la ley. La carta de Carmona Gándara no sólo expone a quienes piden su remoción, de plano los pendejea.
Si los asesores jurídicos del gobernador y los diputados son quienes arman las carpetas contra Graco y su banda de ladrones, es claro que nunca pisarán la cárcel.
· redes sociales
La carta del Fiscal General se hizo pública en redes sociales. El tiro del fiscal con el ejecutivo y el congreso es derecho. Uriel Carmona dio una cátedra legal al gobernador, ridiculizó a su consejero jurídico y hasta llamó delincuente a José Casas. Again: los pendejeó.
· es viernes
Hoy toca.
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