La relación entre el Ejecutivo federal y los estados se convirtió en tema central a partir de la llegada de López Obrador a la Presidencia; en el occidente, asciende un político local que empieza a tener proyección nacional, justamente porque se le ve como un contrapeso.
Dos mensajes en la toma de posesión de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, uno para el gobierno estatal que releva y otro para el federal con el que compartirá sexenio: Alfaro Ramírez señaló que no está dispuesto a perdonar los actos de corrupción de servidores públicos de anteriores administraciones estatales y de los municipios jalicienses; ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que se suman al proyecto de cambiar la estructura del viejo régimen, pero respetando los principios soberanía y el pacto federal; prometió “un gobierno que respete y se coordine con otros órdenes de gobierno, que respete a la Federación, pero no se arrodille ante ella”.
Alfaro abordó también como prioridad el tema de la seguridad pública y señaló que se puede encontrar el camino para construir un marco legal que regule la actuación de las Fuerzas Armadas sin que esto signifique sepultar las responsabilidades de polícias civiles.
Además de Olga Sánchez Cordero, 19 gobernadores se hicieron presentes, entre otros los de Aguascalientes, Nuevo León, Chiapas, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.
Luego de su toma de protesta a cargo del presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Salvador Caro Cabrera, el ahora gobernador constitucional de Jalisco expresó que, a diferencia del gobierno federal, no habrá impunidad en la entidad.
Sin el “superdelegado”. Con la presencia de 15 presidentes municipales y sin el “superdelegado” de AMLO, Carlos Lomelí, se instaló en Palacio de Gobierno estatal, el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, presidido por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
La reunión se realizó en el salón Juárez, a puerta cerrada, y al final el mandatario estatal dio a conocer los temas que se discutieron y los acuerdos logrados.
Los primeros temas puestos en la mesa fueron la situación que se vive en la región Costa Sur, tras el asesinato de seis policías estatales en La Huerta y el homicidio del suboficial de la Policía de El Salto, Juan Manuel de Anda, quien en forma previa había recibido amenazas de muerte.