Con la aprobación ayer de la Ley Orgánica que da vida a la Fiscalía General de la República (FGR) aún en medio de las protestas de la oposición, queda listo el terreno para el nombramiento, en las próximas semanas, del primer Fiscal de justicia que tendrá el país. Se termina así un largo proceso iniciado desde 2014 cuando se modificó el artículo 102 constitucional para dar fin a la desprestigiada y disfuncional PGR y concebir un nuevo organismo autónomo encargado de la procuración de Justicia. La única gran duda que deja la aprobación mayoritaria con 298 votos a favor de los diputados de Morena y sus aliados (PT,PES y PEVM) y 138 votos en contra del PAN, PRI, PRD y MC, es si al final de este largo y tortuoso proceso que llevó varios años, largos debates y encarnizadas confrontaciones políticas, ¿finalmente lograremos tener un fiscal autónomo?

Porque esa es y ha sido la principal demanda y motivación para crear una nueva Fiscalía General, no sólo de la sociedad civil y de la opinión pública, sino de cuanto especialista y organismo especializado nacional e internacional que analizó y diagnosticó el por qué de crisis de la procuración de justicia y la impunidad de casi 99% de los delitos que se cometen en nuestro país: la necesidad de una Fiscalía autónoma del poder político y presidencial, con un titular también autónomo, que garantice el acceso a la justicia y la investigación profesional e imparcial de los delitos, por encima de los criterios y los intereses políticos que hasta ahora han dominado y pervertido al fallido sistema de procuración de justicia que representaba la PGR.

Y esa volvió a ser ayer la queja de la oposición que votó en bloque contra la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la FGR por considerar que no garantiza la autonomía necesaria en el funcionamiento de la nueva institución. Y si la ley, que ayer mismo fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor, deja dudas sobre esa autonomía, más dudas aún va a dejar el proceso que se dispone a iniciar el Senado de la República para elegir, con mayoría también de Morena y sus aliados, al primer Fiscal General que tendrá la República.

A estas alturas están más que claras dos cosas: el procedimiento para elegir al nuevo fiscal y la visión que tiene el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que la autonomía no es una condición indispensable para el nuevo fiscal, y que importa más “la honestidad y probidad” de quien sea propuesto por él y muy probablemente designado por su partido en el Senado.

El proceso iniciará con una convocatoria abierta al registro de cualquier aspirante que desee inscribirse en el Senado y que crea tener los méritos y el perfil para ocupar esa posición. La cifra de registrados puede ser impredecible, pero de todos los aspirantes inscritos los senadores seleccionarán a los 10 mejores perfiles, por experiencia idoneidad y capacidad, para enviárselos al presidente. De esa décima de candidatos, el titular del Ejecutivo podrá seleccionar una terna que enviará devuelta al Senado para que de ahí se elija al nuevo Fiscal General.

Y ahí es donde vendrá lo que ya López Obrador ha anticipado y ha dicho con toda claridad, a pesar de las reuniones y consultas que tuvo su equipo con organismos de la sociedad civil como el colectivo #Fiscalíaquesirva: que sus propuestas para Fiscal atenderán primero al tema de la “honestidad y probidad” más que al de la autonomía.

La propuesta original del presidente eran Bernardo Batiz, su ex procurador de Justicia en la Ciudad de México, José Luis González Alcántara, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, y la magistrada Verónica de Gyves.

Pero hoy, de esa terna que AMLO hizo pública desde enero de este año, cuando aún era candidato, hay dos que ya no irían: el magistrado González Alcántara, que fue propuesto en la terna para ministro de la Corte y, todo indica, será el favorito, y la magistrada De Gyves que, al ser la esposa del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, quedaría también anulada.

Eso significa que el único que quedaría de la terna original, sería Batiz. Y si su nombre aparece en una nueva terna del presidente para la Fiscalía, don Bernardo sería casi seguro, a sus 82 años de edad y con su flebitis crónica, el primer fiscal General de la República, y los otros dos nombres que aparezcan en la terna sólo serán de compañía.

Bernardo Batiz, que en un principio había solicitado que lo retiraran de cualquier propuesta, cuando Andrés Manuel dio a conocer la terna en enero de este año, por su problema de salud, fue convencido por su hija de aceptar un encargo que será histórico y sería la culminación de una larga carrera política y jurídica del ex panista, ex perredista y ahora primer fiscal de la República en la llamada Cuarta Transformación.

Nadie duda de la trayectoria y la experiencia, incluso de la honestidad y probidad de don Bernardo Batíz y Vázquez para ocupar la titularidad de la nueva Fiscalía. Pero eso no significa que al final, si se consuma su designación, no vayamos a pasar del rechazado y rebotado “fiscal carnal” de Peña Nieto, al nuevo “Fiscal Camarada” del presidente López Obrador.
 

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