-Habitantes enardecidos irrumpieron en el Congreso para demandar respeto y autonomía a autoridades electas
-Magistrados electorales no le reconocen el triunfo a la planilla morada, tras comicios de febrero pasado
Habitantes del municipio indígena de Xoxocotla, visiblemente enardecidos, irrumpieron en el Congreso local, para demandar respeto y autonomía a las autoridades electas de la planilla morada, a la que los magistrados electorales del estado no le reconocen el triunfo, de los comicios que tuvieron verificativo en febrero pasado.
Alrededor de las 11:30, uno de ellos, con un hacha, rompió la cadena y un candado de una de las entradas (la que se sitúa al oriente del inmueble), que estaban puestos como dispositivo de seguridad.
En ese momento, decenas de habitantes se introdujeron al vestíbulo y tapiaron los accesos. Minutos más tarde, exigieron la presencia de la diputada Keila Celene Figueroa Evaristo, quien representa los intereses de esa demarcación geo-electotal.
Al respecto, Pedro Alonso Pérez, secretario del Concejo Municipal, acusó a los gobiernos estatal y federal (en específico, a la Secretaría de Gobernación) de estar coludidos en este conflicto, por lo que impedirán “a como dé lugar”, que se instale el concejo que el Tribunal Electoral del Estado avaló.
Asimismo, comentó que si no se reconocen sus intereses, agudizarán su resistencia: “Hemos venido varias veces en son de paz, pero ya basta”, acotó.
Paralelamente a la entrevista, se instalaron bloqueos en las diversas entradas al Congreso, con el fin de impedir la salida y entrada de personas; incluso, a los medios de información, a quienes, por casi 20 minutos, mantuvieron encerrados también.
De esta forma, si no acceden a sus peticiones, se avecina un conflicto político en enero próximo, cuando, constitucionalmente, arribe la nueva estructura del poblado.
Después, la legisladora Figueroa Evaristo manifestó que no había condiciones para llevar a cabo la sesión permanente, en donde se analizará, entre otros temas, los mecanismos y consensos para la remoción de los fiscales Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.
Confirmó que hay una resolución de los magistrados del tribunal comicial, por la que, atendiendo un juicio de protección de los derechos político-electorales de varios quejosos, “se resolvió que el decreto que había otorgado la 53 Legislatura se suspende; se queda; se echa para atrás. Y nosotros estamos obligados, a petición del Poder Ejecutivo, en base (sic) a la misma sentencia, en un término de tres días, dar el nuevo nombramiento, a quien tenga que ser, por parte de cinco integrantes del concejo como propietarios y cinco suplentes”.
Así, de acuerdo a la Ley del ramo, el Congreso deberá de comunicar al Ejecutivo su conocimiento en torno al tema, en un plazo de tres días, para establecer, posteriormente, un encuentro con el nuevo concejo.