La muerte por deshidratación y extenuación de una niña guatemalteca, cuando estaba bajo custodia de agentes fronterizos, avivó la agria polémica entre el gobierno de Donald Trump, partidario de la mano dura contra los inmigrantes, y los demócratas que condenan con dureza su política “tolerancia cero”.
La menor de 7 años, identificada como Jakelín Amei Rosmery Caal, cruzó la frontera el pasado 6 de diciembre de la mano de su padre. Sobre las 10 de la noche de ese viernes, el grupo de 163 inmigrantes con los que realizaron la travesía se entregó a los agentes de fronteras al sur de Lordsburg, Nuevo México, la única localidad en una gran zona desértica a más de 250 kilómetros al oeste de El Paso (Texas).
Alrededor de ocho horas después de ser detenida, la niña comenzó a sentir mareos y empezó a vomitar en el camión de la patrulla fronteriza que los transportaba al centro de detención de inmigrantes. Según un comunicado de ese cuerpo armado, la menor “no había comido ni bebido agua durante varios días”. Cuando llegaron los servicios de emergencia, tenía una fiebre de 40.9 grados.
La niña fue trasladada en helicóptero desde Lordsburg hasta un centro médico de El Paso. Allí sufrió un paro cardiaco, pero “fue revivida”, según el diario. “Sin embargo, la niña no se recuperó y murió en el hospital menos de 24 horas después de su traslado”. El padre se encuentra en El Paso. La policía de fronteras (CBP) ha abierto una investigación para asegurarse de que se siguieron todos los protocolos.
“MUERTE EVITABLE”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, de quien depende la protección fronteriza, dejó patente el desprecio de la Administración Trump por los inmigrantes, al declarar que “esta familia decidió cruzar ilegalmente”.
En el mismo sentido, el portavoz de la Casa Blanca Hogan Gidley dijo que esta era una muerte “innecesaria y cien por cien evitable” y aprovechó para culpar a los demócratas de lo sucedido por no votar el plan migratorio de Trump, que haría “desincentivar” el cruce de indocumentados en la frontera.
En respuesta, el congresista Joaquín Castro, presidente del Caucus hispano en el Capitolio de Washington, recordó que el endurecimiento de las condiciones para pedir asilo en la frontera no reducen la llegada de personas sino empujan la presión migratoria hacia zonas despobladas por donde es más peligroso cruzar.
Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, consideró que Nielsen debe “rendir cuentas” por la muerte de la menor, mientras que la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró en un comunicado que el Congreso “investigará esta horrible tragedia para garantizar la seguridad de todos los niños”.
RÉCORD DE DETENCIONES. El gobierno de Trump arrestó en 2018 a 158 mil 581 inmigrantes, un 11 por ciento más que en 2017, para deportarlos por residir ilegalmente en el país o por haber cometido algún crimen, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“BUSCAN REFUGIO, NO UN ATAÚD”
La organización pro inmigrante CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights) pidió ayer que se investigue a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al ICE por esta “tragedia, la última en una serie de actos crueles e inhumanos dirigidos por la Administración Trump contra los inmigrantes”, informó la directora de CHIRLA, Angélica Salas.
“Las familias migrantes buscan refugio en nuestro país, no un ataúd”, apuntó Salas, para quien las agencias gubernamentales “han demostrado una y otra vez que son incapaces de garantizar la seguridad y bienestar de las familias migrantes y por tanto deben liberarlas mientras sus casos están pendientes de resolución judicial”.