Como decíamos ayer, parafraseando a Miguel de Unamuno, después del reposo, el encono sigue y la polarización avanza. Su última expresión, el ejecutómetro del periódico Reforma, publicado el miércoles pasado, que mencionaba, sugiriendo actos del crimen organizado, que el número de asesinatos durante el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador había sido 65% superior al último mes de gobierno de Enrique Peña Nieto. Quienes antes validaron esa misma no-metodología de Reforma, la criticaron en defensa de la nueva administración, y quienes antes criticaban a los críticos por utilizarla para denostar a quienes ya se fueron, hoy los censuraron por su incongruencia. La realidad es que todos están y estaban mal, nunca quisieron aceptarlo, y soslayan los temas de fondo sobre el tema de la seguridad que son los que deberían de estar en la mesa de la discusión.

Los ejecutómetros han sido por más de una década el instrumento periodístico más engañoso que existe, porque no explicó absolutamente nada del fenómeno de la inseguridad y sí, en cambio, distorsionó la realidad y contribuyó a que México fuera equiparado en términos de violencia a los países asiáticos en guerra. Pero cualquier persona que haya estado en Siria, Irak o Afganistán, sabe que es falso. Puede haber más periodistas muertos en México que en esos países, pero no porque las condiciones de trabajo sean mejores en esas naciones rotas, sino porque la prensa no se mueve por donde quiera, como en este país. La libertad de movimiento en México no existe en esos países en guerra, donde prácticamente ningún periodista que quiera salir vivo, se adentra en la zona de conflicto sin acompañantes de una de las fuerzas beligerantes. Esto, por supuesto, no reduce la gravedad de la violencia que se vive en México.

Los ejecutómetros los comenzó a hacer El Universal a mediados de la década pasada, y fue el primero en desecharlo como herramienta de trabajo. El primer error explícito, como señalaron los neocríticos de Reforma, es que legalmente no existe el delito de ejecución, por lo cual su interpretación es subjetiva. No importa cómo se le disfrace –v.g., que fuese resultado de un choque entre pandillas–, son llanamente asesinatos. ¿De dónde sale que todos los homicidios dolosos son perpetrados sólo por el crimen organizado? De la imaginación periodística que fuerza una información para hacerla verosímil.

Dedicarle la prensa tanto empeño a esta desinformación, llevó a que varios fenómenos importantes no fueran registrados en su plena dimensión para entender lo que estaba sucediendo. Niños empuñando armas fueron vistos como una degradación de la violencia, y no como uno de los ejemplos de cómo el Estado mexicano iba ganando la partida a las organizaciones criminales, que tenían que reclutar miembros cada vez más de chicos ante la pérdida de sus cuadros. Las fugas en las cárceles de miembros de cárteles se registraron unidimensionalmente, y no como una externalidad de que el reclutamiento de niños y jóvenes tampoco funcionaba y necesitaban a su gente experimentada. Los asesinatos en las cárceles tampoco fueron vistos como otro de los fenómenos de esa lucha, donde los cárteles empezaron a matar a sus rivales en las prisiones para evitar que replicaran otros la estrategia. Todo esto nos pasó de noche y seguimos envueltos en la misma discusión fallida.

El Séptimo Informe sobre Violencia Política de la consultora Etellek en septiembre pasado –aún no sale el octavo–, estableció que en el periodo entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto pasado, hubo en México al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados, de los cuales 63 ataques y 21 homicidios dolosos contra políticos se registraron después de las elecciones presidenciales. De ese gran total, precisó Etellekt, el 81% fueron contra opositores del PRI y de las coaliciones gobernantes en las 32 entidades. Estábamos muy mal y no estamos bien. Hace una semana, 90 minutos después de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio fue asesinado.

Este fue un asesinato doloso, pero ¿alguien puede asegurar en este momento que fue producto del crimen organizado? El problema de los ejecutómetros es que los medios los han nutrido y la sociedad los ha utilizado para sus fines políticos o existenciales sin ser un instrumento que ayude a entender el fenómeno de la violencia y sí, por el contrario, la distorsiona. La inseguridad es un problema real que afecta al país en su conjunto y su crecimiento está vinculado directamente a la debilidad institucional. No es un tema de este gobierno o del anterior. En 1984, el entonces director de la CIA, William Casey, circuló un informe secreto de 33 páginas que subrayaba la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad mexicanos.

Mucho se hizo después, por las presiones de Estados Unidos, para que México atacara a los cárteles de la droga. El gobierno de Vicente Fox abandonó la estrategia y al entregar el mando a Felipe Calderón, casi un centenar de municipios estaban bajo control total del narcotráfico. A pocos les gustó su guerra contra las drogas, aunque logró recuperar los territorios. El de Peña Nieto, mucho se ha escrito aquí de ello, fue un desastre. Volvieron los cárteles a conquistar territorios, se fortalecieron, nacieron algunos y la violencia se atomizó en cientos de pandillas más violentas que los criminales trasnacionales. Lo que tenemos lo venimos arrastrando hace buen tiempo. Dejemos de discutir sobre ángulos que engañan, como los ejecutómetros, y discutamos cómo vamos a resolver, entre todos, el problema de la debilidad institucional en México.