“Estuve cinco años y siete meses preso sin una sentencia. El nuevo gobierno llegó el 1 de diciembre y en 26 días se nos abrió el camino a la libertad”, dice Leonel Manzano Sosa, un profesor de Historia originario de Oaxaca, un Estado al sur de México. Manzano fue liberado el 28 de diciembre junto a otras tres personas tras ser encarcelado por oponerse fervientemente, junto a otros activistas, a la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Eso lo llevó a ser acusado de secuestro en 2013, hechos que la justicia nunca pudo comprobar. A seis semanas de haber asumido el poder, el Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este martes la liberación de 16 personas a las que considera “presos políticos” y el estudio para posible puesta en libertad de otros 368 casos más.
“El objetivo principal es ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar o por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores o a adversarios, como sucedía”, ha señalado este martes López Obrador en su conferencia diaria. El Gobierno explicó que muchos de los casos que están estudiando pertenecen a campesinos, activistas o ambientalistas que se han opuesto al fracking, una cuestionada práctica de extracción de gas y petróleo, o han defendido el uso de sus recursos naturales frente a grandes proyectos de desarrollo. Otros han sido encarcelados por manifestarse contra gobiernos locales y federales, de acuerdo con la ministra de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero.
López Obrador ordenó, a principios de diciembre, crear una mesa de acceso a la justicia con el objetivo de evaluar expedientes de personas en prisión que podían haber sido judicializadas injustamente. La senadora Néstora Salgado, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y quien sufrió en carne propia el encarcelamiento ilegal entre 2013 y 2016 por su papel como policía comunitaria en el Estado de Guerrero, entregó el 14 de diciembre una lista con 199 nombres a analizar. Desde entonces, la nómina casi se ha duplicado.
“Si algo ha tenido la población todo este tiempo ha sido una falta de respuesta del sistema de justicia, tanto a nivel local como a nivel federal. Y lo que queremos es precisamente que estas personas tengan ya una respuesta del Estado”, ha señalado Sánchez Cordero, una exministra del tribunal supremo que está a cargo de la mesa de acceso a la justicia. La instancia reúne personal de las prisiones, representantes del Ministerio Público Federal, abogados defensores, organizaciones sociales y gente externa capacitada judicialmente para revisar los expedientes.
En conferencia junto al presidente, Sánchez Cordero ha explicado que intentarán resarcir judicialmente a aquellos que no tuvieron una “defensa adecuada”, un intérprete -algo obligatorio bajo la ley mexicana para aquellos que no hablen el español-, o “un debido proceso penal”. Para llegar a la liberación de estas personas, la Secretaría de Gobernación ha tenido que analizar expediente por expediente y optar por el proceso judicial más acorde a cada caso, que puede ir desde el asesoramiento legal a los presos hasta el desistimiento de los cargos en aquellas situaciones en las que la denuncia fue realizada por alguna institución pública. Algo que continuará durante el sexenio ya que la mesa de acceso a la Justicia será de carácter permanente.
La parte más cuestionada, sin embargo, ha sido la propuesta llevada al Congreso por parte del partido del presidente para crear una amnistía que acompañe el trabajo de la mesa y alcance las instancias judiciales en cada uno de los 32 Estados mexicanos, lugar donde el Ministerio Público Federal no tiene incidencia, y por lo tanto, no puede interceder.
El proyecto de amnistía, al que aún le quedan por definir varios aspectos, se ha encontrado en su primera etapa con mucha crítica. “El perdón presidencial no es la solución. Ellos no quieren que se los perdone porque no han hecho nada malo, quieren que se los absuelva porque no cometieron ningún delito”, explicaron familiares de presos políticos a este periódico. El proceso será largo, pero el mensaje de la número dos de López Obrador es claro. “No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada”.