Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo en su campaña presidencial que habría amnistía a quienes hubieran participado en el narcotráfico, hubo quien vio una ventana de oportunidad. Fue Miguel Ángel Treviño, El Z-40, el jefe de Los Zetas, preso desde julio de 2013, quien a través de sus abogados envió un mensaje a la campaña del candidato presidencial. Se comprometía a reducir en un 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, a cambio de una sola cosa: si llegaba López Obrador a la Presidencia, que no lo extraditara a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada, porque el 19 de julio del año pasado salió de México hacia una cárcel en ese país.

Los Zetas siguieron administrando su empresa criminal, a la que entraron hace casi 15 años, cuando por falta de droga se diversificaron hacia el robo de combustible. Fue el primer cártel que entró en ese negocio. Los Zetas lo convirtieron en una operación transnacional, y vendieron cuando menos 46 millones de dólares en petróleo a refinerías en Estados Unidos, que posteriormente enfrentaron juicios y varios de sus directivos fueron a la cárcel. La delincuencia organizada es la que más ganancias extrae del robo de hidrocarburos en el mundo, uno de los más grandes fenómenos criminales de este siglo.

De acuerdo con un documento del Centro de Energía Global del Consejo de Atlántico, una organización privada estadounidense que nació en 1961, publicado en 2017 (Downstream Oil Theft: Global Modalities, Trends and Remedies), el negocio criminal deja utilidades anuales por 133 mil millones de dólares, que es superior al PIB de Kuwait, una de las naciones petroleras. El informe cita 10 casos de estudio, incluido México, en donde dice que extraer petróleo refinado durante sólo siete minutos, representa a un cártel ganancias de 90 mil millones de dólares. Un ingeniero de Pemex fue detenido cuando se descubrió que cobraba mil 250 dólares por cada toma clandestina que dejaba sin reportar.

El informe menciona que la delincuencia organizada es la que más está involucrada en el robo de hidrocarburos, pero no es la única. En orden de importancia hay funcionarios o empleados gubernamentales, comunidades “desesperadas” porque no tienen otra forma de obtener recursos, políticos y terroristas. En el caso mexicano, de acuerdo con un estudio elaborado en 2017 por la consultora EnergeA para la Comisión Reguladora de Energía, además de cárteles participaban del llamado huachicoleo grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, empleados y exempleados de Pemex, gasolineros, policías y empresarios. Paradójicamente, aunque el robo estaba convertido en uno de los problemas más apremiantes, López Obrador no habló sobre esto durante sus conversaciones con el presidente Enrique Peña Nieto en la transición, ni este se lo planteó como una prioridad.

No fue prioridad del Estado mexicano hasta el 27 de diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador anunció un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La crisis del abasto de combustible, resultado de la incompetencia de las autoridades energéticas en la planeación adecuada de la distribución para acompañar ese combate, ha sido capitalizada por López Obrador para socializar didácticamente el problema e ir construyendo un consenso nacional que no tuvieron anteriores gobiernos, para ir a golpear al corazón del huachicoleo, que se encuentra en quienes son los principales responsables, por cuanto a beneficios obtienen, del robo de hidrocarburos, y quienes pudieran ser figuras emblemáticas involucradas en el delito que manden un mensaje a quien quiera seguir delinquiendo: quien quiera seguir delinquiendo que sepa que la pasividad y la tolerancia se acabaron, y si los atrapan, pagarán las consecuencias.

A través de declaraciones públicas, el gobierno de López Obrador ha contabilizado cuatro personas que investiga por este tema. Funcionarios federales dicen que han ido a declarar a la PGR en calidad de “presentados”, lo que no significa que sean imputados en este momento por cualquier delito. El único nombre que ha trascendido, al tener que confirmar el Presidente reportes de prensa, es el del general brigadier Eduardo León Trauwitz, que de jefe de escoltas del gobernador Peña Nieto pasó a ser jefe de seguridad de Pemex en el gobierno anterior. En junio de 2017 se retomó en este espacio una investigación publicada en Eje Central, donde el general brigadier era la figura central en una demanda civil en Florida, por haber incumplido con el pago de 1.7 millones de dólares de comisión –de un total de 9.7– por la compra de dos aeronaves para transporte de personal, cuya información se mantiene en reserva.

Funcionarios federales dijeron que además del militar hay otras cuatro personas, para un total de cinco, sobre los cuales hay la sospecha de haber participado en el robo de hidrocarburos. Los nombres los mantienen en reserva, pero incluye a dos ingenieros de Pemex en el área de logística, un empresario y un exlegislador. En la administración anterior, cerca de 200 personas, incluidos funcionarios de Pemex, fueron a la cárcel por ese delito, que sigue siendo no grave, donde se utilizó información del SAT. El gobierno de Estados Unidos también ha dado a conocer redes de gasolineras utilizadas por los cárteles de la droga, y se han congelado sus cuentas bancarias.

Es decir, gobiernos anteriores no fueron omisos, pero sí limitados en su alcance y débiles para enfrentar a los criminales. López Obrador tiene la voluntad política, la fuerza y el consenso. Adelante con todo el respaldo a cambio de algo: que llegue hasta el fondo y mande a la cárcel a todos los responsables, sin importar apellido, dinero, relaciones o filiación política.