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SERPIENTES Y ESCALERAS

¿Quién está feliz en Morelos?

 
 

Puede ser casualidad (aunque en política no hay casualidades), pero el conflicto entre los legisladores y el gobernador por el presupuesto 2019 ha dejado de lado el llamado a cuentas al ex gobernador y a sus amigos. El caos propicia la impunidad.

 

Hace unos meses los graquistas andaban preocupados, espantados, escondidos; algunos de ellos cambiaron su lugar de residencia y otros hasta se fueron del país. La amenaza del nuevo gobierno de poner un alto a la corrupción, acabar con la impunidad y actuar contra los pillos provocó temor en quienes formaron el primer círculo del gobierno anterior. Tres meses más tarde el ánimo comienza a cambiar: los roedores salen de las madrigueras, se reagrupan y planean su regreso. Los problemas entre Cuauhtémoc Blanco y los diputados beneficia y alegra al ex gobernador Graco Ramírez y a  los suyos.

Luego de la derrota electoral de su partido en julio del 2018 Graco Ramírez apostó por la inestabilidad y el caos. El tabasqueño hizo todo para que su hijastro Rodrigo Gayosso fuera gobernador: manipuló las instituciones e invirtió cientos de millones de pesos del erario público en una campaña que pretendía, como Duarte en Veracruz, obtener el triunfo a como diera lugar, no sólo para mantener el control de las instituciones, sino para cuidarse las espaldas.

Pero el dinero invertido a lo largo de tres años en el posicionamiento de la imagen de Gayosso no fue suficiente para contener el desgaste de una administración que causó grandes daños a la entidad y a su gente, comprometió las finanzas de las próximas tres administraciones y heredó una deuda de más de 15 mil millones de pesos. La gente estaba cansada, ofendida y aunque muchos aceptaron  el dinero que les daban, al final votaron en contra de la continuidad de Graco Ramírez.

El sexenio del PRD fue de terror: en ese tiempo la inseguridad y la violencia alcanzaron niveles como nunca antes, la corrupción se volvió el sello del sexenio y la familia del gobernador se apoderó del control de los tres poderes del estado. Morelos en la época de Graco fue un negocio, Elena, Rodrigo y José Domingo operaban todos los contratos, autorizaban todas las obras y también utilizaban a la fuerza pública para callar a sus críticos.

No fue casualidad que el PRD se hundiera en Morelos a pesar de los miles de millones de pesos que Graco y Gayosso invirtieron en su imagen; el ex mandatario trató de ser candidato presidencial y quiso heredar la gubernatura a su hijastro, para lograrlo destinó miles de millones de pesos en publicidad, manejo de imagen y entrevistas nacionales, pero el repudio en su contra fue mayor. Graco Ramírez concluyó su mandato como el gobernador peor calificado del país y en el estado la gente no sólo reprobó su actuar, terminó odiándolo como persona.

Graco, Gayosso, José Domingo, Elena, Beltrán Toto, Andrik Ruíz de Chávez, Paula Trade y muchos más personajes del primer círculo del gobierno pasado sabían que vendrían tiempos difíciles con Cuauhtémoc Blanco como gobernador, su esfuerzo por tapar las tropelías cometidas fue infructuoso porque los excesos fueron demasiados. Entonces surgió una idea: desestabilizar.

Reunido con su primer círculo de colaboradores luego de la derrota electoral Graco Ramírez planteó un nuevo plan de defensa que consistía en dejar sembradas varias bombas al nuevo gobierno y torpedearlo desde adentro con figuras afines a sus intereses. Los laudos de los municipios, la crisis en la universidad y la quiebra de las finanzas estatales no fue casual; la actitud de algunos diputados de la 54 legislatura en contra de Cuauhtémoc Blanco responde a esa lógica: varios integrantes del nuevo congreso mantienen fuertes lazos de amistad e intereses con el gobernador anterior y con su hijastro.

En una reunión privada el tabasqueño lo dijo con todas sus letras: “Yo se actuar como borracho y como cantinero, ahora (Cuauhtémoc Blanco) me va a conocer del otro lado; tengo dinero suficiente para desestabilizar su gobierno y va a estar tan ocupado atendiendo la crisis que no le quedará tiempo para perseguirnos”. Con un año que lo mantengamos entretenido superaremos los tiempos legales para que actúe y luego esa misma estrategia servirá para provocar el regreso político en el 2024; no sabe lo que se le espera. Así lo comentaba el tabasqueño a sus incondicionales.

Afortunadamente para el ex gobernador la memoria de muchos ciudadanos es corta y pareciera que para algunos ha quedado atrás el sexenio de terror del PRD. Hoy en el debate público está el duelo entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presupuesto y la violencia. Pocos observan que en este escenario el gran beneficiado es el ex gobernador, porque todos se olvidan de él y de sus abusos.

Recordemos que Graco Ramírez mantiene una relación cercana y permanente con Tania Valentina y tiene influencia indirecta en otros diputados, como Ana Guevara, Naida Díaz y José Casas. Al tabasqueño se le puede acusar de corrupto, de perverso y de traidor, lo es, pero no de torpe. Graco conoce muy bien los pasillos de poder y a los actores locales, es un animal político, sabe operar, convencer y corromper, ello le ha valido para tener aliados en la 54 Legislatura y en la misma Secretaría de Gobernación a través de la magistrada Olga Cordero, a quien presume como amiga personal y quien, dice, le ha garantizado protección personal.

El escenario político que se vive hoy en Morelos no conviene a nadie, pero es evidente que algunos están felices y se benefician de la crisis. Graco Ramírez y los pillos que lo acompañaron seis años saben que esta situación los ayuda, permite que la impunidad prevalezca y en un descuido los ayudará a regresar.

El perredista lo ha repetido múltiples ocasiones y tiene razón: la mejor defensa es el caos. Por eso lo provoca.

·         posdata

A propósito de la reciente aprobación del Paquete Económico 2019 por parte de 15 diputados habría que valorar algunas cosas:

No es legal porque ese dictamen, para ser votado en el pleno, tuvo que venir previamente analizado y sometido a votación al interior de la Comisión de Hacienda; la convocatoria para votarlo la debió hacer la Presidenta y quien lo hizo fue el diputado José Casas, quien no tiene atribuciones legales para hacerlo.

No han seguido el proceso legislativo lo que marca la ley, hablan es de una mayoría, pero eso no es suficiente para cumplir el debido proceso que marca su propio reglamento. El Artículo 64 señala que las reuniones de las comisiones se llevarán a cabo con la mayoría de los integrantes y con la presencia del presidente.

La sesión del pleno donde se aprobó el Paquete Económico se llevó a cabo sin la presencia del Presidente de la Mesa Directiva, la Ley orgánica en su artículo 36 señala las atribuciones de la Mesa Directiva: presidir las sesiones del congreso del estado, citar a sesiones del pleno, decretar su apertura y clausurar o en su caso prorrogarlas o suspenderlas de acuerdo al reglamento; la vicepresidenta está confundiendo la interpretación del artículo 38 de la misma ley orgánica que dice: El vicepresidente auxiliará al presidente de la mesa directiva en el desempeño de sus funciones y lo sustituirá en sus ausencias con todas las facultades establecidas en esta ley; la vicepresidenta confunde la palabra “auxiliar” con la palabra “sustituir”; la vicepresidenta sustituyó al presidente en los trabajos legislativos, cuando en ningún momento la ley concede facultad de duplicidad existiendo un  Presidente físicamente apto y en funciones legales.

En este escenario el gobernador tiene 10 días para revisar lo aprobado, analizar la vía jurídica que sigue y en su caso recurrir a una controversia constitucional, lo que implica que el estado siga operando económicamente con el Presupuesto 2018 para no interrumpir la buena marcha jurídica y económica del estado. En el Ejercicio Fiscal 2018 el gobernador tiene facultades de transferencia, por lo cual se podrán seguir realizando sin ninguna traba legal.

La legisladora Tania Valentina ha previsto que el gobernador vetará el Paquete Económico que aprobó el G15, ese que elimina el reemplacamiento y el programa de recolección de basura, pero donde también se aumenta en 100 millones de pesos el presupuesto para los diputados, se crea un fondo de 10 millones de pesos para una fundación que ella misma preside y crea un fondo de 300 millones de pesos para infraestructura municipal que manejarán discrecionalmente los diputados, sin tener el legislativo facultades para realizar obra pública.

Si lo veta, dice la robusta legisladora, lo ajustamos, lo volvemos a aprobar y entonces el ejecutivo ya no tendrá más remedio que aceptarlo; cierto, a menos que el camino sea una controversia. Una parte sustantiva del paquete económico aprobado por los diputados es la anulación de la facultad de transferencias, esa que algunos llaman clausula de gobernabilidad; Tania, Pepe y Ana impulsan ese punto para que el ejecutivo recurra a ellos cada vez que necesite realizan una transferencia de recursos, lo cual les proporcionaría de manera permanentemente la posibilidad de negociar con el gobernador.

Esa cláusula de gobernabilidad, por cierto, existe en todos los estados del país y está contemplada en el propio gobierno federal que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El duelo es político, pero también jurídico.

·         nota

Cuando parecía que ya habíamos visto todo, apareció algo más. El bloque de 15 diputados de la 54 Legislatura que aprobó la semana pasada un presupuesto distinto al enviado por el Ejecutivo y dijo que se trataba de un “presupuesto social”. Lo votado por el G15 incluyó varios puntos que llaman la atención, por ejemplo: 1- Más de 100 millones de pesos de aumento a su presupuesto. 2- 10 millones de pesos para una fundación que preside la diputada Tania Valentina. 3- 300 millones de pesos para obra pública en los municipios. Eso es lo que se ha conocido hasta ahora.

Así lo publica la revista Proceso:

“Los diputados opositores al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que conforman el G15 (Grupo de los 15), crearon sin sustento legal un Fondo para la Infraestructura Municipal al que le asignaron 300 millones de pesos, con el que gestionarán obra pública en los municipios que cada uno de ellos elija.

Otras legislaturas anteriores hicieron lo propio, cuyo resultado fue el manejo discrecional de los recursos, mismos que se ejercieron, pero existen una serie de señalamientos de que muchas de estas obras nunca se realizaron y al mismo tiempo jamás se auditaron por ser los propios diputados los encargados de fiscalizar el presupuesto.

El nuevo fondo se integró al presupuesto de egresos y los diputados se encargaron también de etiquetar los recursos financieros a una lista de obras para 27 de los 36 municipios de la entidad, contando los tres de nueva creación, cuya característica es que son municipios indígenas.

Un fondo de esta naturaleza cumplió con dos funciones en la anterior legislatura, reforzar la presencia de los legisladores para el futuro electoral o propiciar la corrupción con el saqueo de los recursos con obras que nunca se realizaron, aunque los fondos sí se utilizaron.

La aprobación de este fondo integrado en el presupuesto de egresos no establece claramente de dónde se van a tomar los recursos, aunque algunas versiones señalan que corresponderán a participaciones federales que regularmente ejercen directamente los municipios. Lo que sería auditado desde la federación, pero no queda claro si la responsabilidad quedará en los alcaldes o los legisladores.”

Bajo la justificación de que echarían abajo el reemplacamiento y la basura, y de que recortarían dinero a la Oficina de la Gubernatura, el G15 se asignó más de 400 millones de pesos.

Nada hay de austero en la propuesta aprobada por los diputados de Morelos.

¿Qué podemos esperar de Tania Valentina, José Casas, Ana Guevara y Naida Díaz?

·         post it

Lo que encontró Rafael Reyes en jiutepec está a la vista; desde la campaña el morenista denunció los abusos cometidos por Manuel Agüero, ahora como autoridad los comprueba y los padece.

El reto de Rafa Reyes no es sólo sacar al municipio del hoyo en el que se encuentra, lo que implica mejorar la seguridad y condiciones de vida de sus pobladores, pasa por la aplicación de la ley a quienes abusaron de las instituciones; no es posible una cosa sin la otra.

Hoy el alcalde de Jiutepec enfrenta la resistencia de muchos amigos de Agüero que se quedaron enquistados en la nómina, que fueron sindicalizados, jubilados o que tienen intereses con su gobierno; a ellos también debe enfrentarlos Rafa Reyes, representan la primer línea de ataque de Agüero y Barenque para impedir que se les lleve ante la justicia.

Si Rafa no se dobla en el camino, las cosas le irán mejor a ese municipio.

·         redes sociales

No por mucho repetir, la estrategia se vuelve mejor. A los operadores de redes sociales de los políticos les hace falta creatividad, inteligencia… y contenido.

Sin credibilidad no hay mensaje que valga.

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