En Tlapa, en la Sierra de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se decidió por ir al combate frontal contra el huachicoleo porque “me colmaron el plato”. El 7 de diciembre anticipó en su comparecencia mañanera que presentaría un plan contra el huachicoleo, enmarcado en el orden legal, con sanciones más severas contra los criminales. Veinte días después anunció el plan, que tenía como eje acabar con la corrupción en Pemex porque desde ahí, dijo, se manejaba el robo de ductos. Nunca habló de vigilar los ductos, sino de las instalaciones estratégicas de Pemex, ni tampoco mencionó nada sobre el abastecimiento de combustible. Hoy en día son estos dos factores, no los que informó, a los que adjudica la crisis de abastecimiento, lo que muestra la improvisación presidencial. Su diagnóstico era correcto, su planificación, fallida y su ejecución, desastrosa.

Para entender la dimensión de la improvisación en la que incurrió el Presidente, se pueden utilizar como ejemplo los intentos por liquidar el organismo Luz y Fuerza del Centro. El primer gobierno que la preparó fue el de Carlos Salinas, cuyo equipo trabajó durante seis meses en la planeación integral donde la toma del organismo no era lo más riesgoso, sino que se produjeran sabotajes o fallas en el suministro. La decisión de extinguirla no alcanzó a darse por la irrupción del EZLN el 1 de enero de 1994, con lo que se canceló definitivamente la operación.

La segunda ocasión que se pensó en su liquidación fue en 1999. El presidente Ernesto Zedillo le pidió al secretario de Energía, Luis Téllez, que la planeara. Téllez armó un cuarto de guerra que comenzó a trabajar sobre los planos originales elaborados en el gobierno de Salinas, lo que les ahorró tiempo. Aun así, trabajaron dos meses y trasladaron dos mil técnicos electricistas de todo el país que acamparon en tiendas de campaña en el Bosque de Chapultepec, cerca de donde se encuentra la Secretaría de Seguridad. Se diseñó un plan operativo y la noche en que se realizaría la toma de Luz y Fuerza, con acciones coordinadas de la Policía Federal Preventiva y el Ejército, para evitar no sólo interrupciones en el servicio eléctrico sino, sobre todo, que no afectara el suministro de agua del Cutzamala. Media hora antes de que iniciara la operación, Zedillo abortó el plan.

Pasó una década antes de que el presidente Felipe Calderón tomara la decisión de liquidar Luz y Fuerza. Se trabajó durante casi un año, en buena medida porque el centro de control de las operaciones tenía tecnología obsoleta, por lo que tuvieron que reclutar a ingenieros electricistas jubilados y enviarlos a Inglaterra para que durante seis meses se familiarizaran con ese tipo de tecnología. Mientras tanto, la Policía Federal infiltró al sindicato de Luz y Fuerza para recabar información de inteligencia y preparó un plan de toma simultánea de cerca de 300 instalaciones estratégicas.

Se escogió como Día D la tarde del 10 de octubre de 2009, a la misma hora en que México se jugaba su pase a la final del Mundial de Sudáfrica ante El Salvador, para lo cual compraron cientos de boletos y a través de los infiltrados los repartieron entre los sindicalizados. La alerta nacional a los cuerpos de seguridad impidió, por ejemplo, que explotara una bomba que simpatizantes del sindicato colocaron en la presa “Abelardo L. Rodríguez”, en Tijuana. La operación fue impecable.

En ninguno de los tres casos hubo improvisación. Salinas no tuvo un arrebato y abrió un flanco innecesario ante el levantamiento del EZLN. Zedillo no se sintió cómodo con una operación de tal envergadura al final de su sexenio. Calderón lo hizo a la mitad, tras años de análisis sobre los beneficios de esa liquidación. López Obrador tardó menos de 20 días en lanzar esa gran operación contra el robo de hidrocarburos. No informó a ningún gobierno estatal, por lo que no buscó su apoyo. No utilizó a la Policía Federal, y se recargó en el Ejército y la Marina para vigilar las instalaciones de Pemex.

No hizo uso de información de inteligencia para atrapar a los jefes del huachicoleo, que siguen libres como cientos de personas que delinquen diariamente. Por ejemplo, el 27 de diciembre el encargado del despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, dijo que quienes manejaban el control de los ductos desde Pemex, eran quienes permitían que ese robo se llevara a cabo, pero hasta ahora no hay ningún funcionario de Pemex detenido, lo que sugiere que actuaron sin tenerlos identificados.

El Presidente sugirió que el énfasis del combate sería el robo de pipas, porque la ordeña de ductos era sólo una “cortina de humo”, que hoy ya no lo es. Ha dicho que se ha reducido de 800 a 100 el robo diario de pipas de gasolina, pero el desabasto explotó. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, adjudican al combate contra el huachicoleo la crisis de abasto, que ayer López Obrador volvió a señalarlo como justificación de la escasez de gasolina. Sólo oculta las deficiencias de su gobierno, donde lo más grave de sus improvisaciones fue el olvido de la estrategia del suministro, que metió a su gobierno en una crisis de desabasto que ya le pegó a la economía y que, una vez más, subrayó el carácter ocurrente con el que inició el sexenio.

Nota: En la columna del viernes pasado, se publicó que en siete minutos de robo de combustible, los cárteles mexicanos obtienen ganancias por 90 mil millones de dólares. La cifra correcta es 90 mil dólares.