El desabasto de combustible es un problema que además de no tener fecha de resolución ha provocado la incertidumbre entre la clase política y la ciudadanía, quienes a pesar de respaldar en su mayoría la estrategia del Gobierno federal, cada vez se ven más afectados y desesperados por los problemas que la falta de hidrocarburos les ha traído
La confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pende de su lucha contra el huachicoleo.
A 45 días de haber entrando en funciones, la administración federal enfrenta su primer gran crisis derivada de la estrategia del gobierno en contra del robo de hidrocarburos.
El pasado fin de semana se vivieron los días más críticos del desabasto de gasolina, así como sabotajes en ductos. Y aunque no se ha alcanzado aún un conflicto social como el que se vivió en 2017 a raíz del aumento en los precios de la gasolina, especialistas advierten que el impacto económico por la contingencia ya es mucho mayor que el generado hace un par de años.
Por ahora son más los mexicanos que prefieren pasar un tiempo sin gasolina a que ésta siga siendo robada de acuerdo con encuestas que le dan más del 70 por ciento de aprobación a la estrategia implementada por la nueva administración.
La pregunta es cuánto tiempo más resistirán esta carencia los mexicanos y si el plan de López Obrador funcionará o será su primer gran fracaso.
“Me siento respaldado, así me lo expresan en la calle, puedo estar hasta en una gasolinería que está padeciendo molestia y la gente lo que me dice es: ni un paso atrás, no afloje”
En el evento, el Gobierno federal informó que hay cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburo llevados ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucran a un expresidente municipal, un exdiputado local y un exfuncionario de PEMEX.
La Fiscalía dio a conocer que abrió mil 700 carpetas de investigación por robo de combustible y ha asegurado 4.5 millones de barriles; además de bloqueos de cuentas a 15 personas y a 24 más que están relacionadas.
Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que en los 32 estados se han detectado más de 14 mil operaciones por huachicol.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también informó que ha detectado anomalías que alcanzan los 3 mil 217 millones de pesos relacionadas con el tema del robo de gasolina en las que están involucrados 194 contribuyentes en estaciones de servicio en estados como la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
Además, para hacer frente al desabasto el presidente dijo que se analiza trasladar combustible por ferrocarril en las zonas donde hay carencia.
Por otra parte, los signos de alerta para las autoridades son cada día más evidentes tanto en el ámbito social, como en el económico y el político.
La desesperación de los ciudadanos ha estado a punto de desbordarse y de escalar a un conflicto mayor como quedó evidenciado el sábado pasado en Neza donde se registró una balacera.
El almacenamiento masivo de combustible sin las mínimas condiciones de seguridad o el traslado de gasolina en bidones a bordo del transporte público ya son también otras acciones que se vuelven cada vez más comunes y que aumentan las posibilidades de una tragedia.
En el plano político la presión ha provenido especialmente por parte de la oposición, quienes piden reconocer el error y replantear la estrategia. Incluso desde algunas trincheras ya se está solicitando la cabeza de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle; y del Director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quienes parecen rebasados ante la coyuntura.
La Fiscalía General de la República informó que ya abrió mil 700 carpetas de investigación por robo de combustible
Aunado a esto el Gobierno federal ha enviado mensajes contradictorios. Por un lado asegura que la situación está cerca de normalizarse y por el otro anuncia medidas o ‘recomendaciones’ que hacen prever que la contingencia continuará.
Ante la incertidumbre, los gobernadores de los estados más afectados ya comenzaron a alzar la voz pues aseguran se sienten ignorados ante la problemática.
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, ha sido el más radical al volar a Houston, Texas, para buscar exportar combustible al estado por medio de empresas trasnacionales vía ferrotanques como una alternativa ante el desabasto.
“Estamos viviendo una crisis de desabasto de gasolina que está perjudicando en lo social, económico y turístico; por ello, tenemos que buscar alternativas para que se regularice el suministro”, dijo.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, demandó a través de su cuenta de twitter una explicación al gobierno de cuándo y cómo se va a resolver esta situación que él ha respaldado, pero que se ha ejecutado sin estrategia.
“¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Uno, que el Gobierno federal y PEMEX den la cara. Nosotros no podemos estar todos los días tratando de que la gente sepa cómo van las cosas cuando Pemex está escondida, no dan la cara, los funcionarios federales están escondidos”, dijo en un video en su cuenta, en el que reiteró su apoyo, pero se quejó por el problema y su impacto en Jalisco.
Por su parte, el jefe del Ejecutivo en Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, también ha calificado como una falta de respeto y una grosería que el titular de Petróleos Mexicano no responda una llamada o un oficio para dar certeza sobre los tiempos y esquemas para normalizar el suministro.
Frente a las quejas Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, convocó a los gobernadores a una reunión el próximo viernes para informarles la situación del desabasto en sus estados y definir acciones conjuntas.
El impacto también se ha comenzado a sentir en el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación ante el desabasto de gasolina y ha exigido al Gobierno federal que realice las acciones necesarias para regularizar el suministro de la misma
“Nuestra exigencia hoy en día es para regularizar el suministro de combustibles y que permita regularizar la operación de las empresas y junto con ello la normalidad de la vida, del funcionamiento, del tejido social, esa es nuestra exigencia, porque a medida que eso se resuelva no tendremos que andar pidiendo otras cosas”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex.
Año nuevo, conflicto nuevo
El mes de enero siempre ha sido complicado para los presidentes en México. A Enrique Peña Nieto le tocó lidiar contra el gasolinazo. Carlos Salinas, en el último año de su sexenio, enfrentó el nacimiento del EZLN. A Ernesto Zedillo en sus primeros días como mandatario le estalló una crisis económica.
Andrés Manuel López Obrador recibió el año nuevo declarando la guerra al robo de combustible, lo que ha provocado el desabasto en varias entidades de la República por el cierre de ductos como en: Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Estado de México y Michoacán.
Sin embargo, a diferencia de los sucesos anteriores, éste fue consecuencia de una estrategia desarrollada por su gobierno, cuyo desenlace aún no tiene fecha definida y puede llevarle a perder credibilidad y confianza en caso de fracasar o puede ser una verdadera transformación para el país en caso de éxito.
Para los primeros mandatarios mexicanos el comienzo de un año nuevo nunca ha sido fácil, una tradición a la que Andrés Manuel López Obrador dio continuidad al implementar su estrategia contra el robo de combustibles
Por ahora la mayoría de la ciudadanía lo ha tomado con calma. Los mexicanos le dan el beneficio de la duda y esperan que la solución sea a favor de erradicar un delito que ha crecido exponencialmente en los últimos sexenios, pues nada más durante los últimos seis años se calcula que el número de tomas clandestinas aumentó en el país en un 262 por ciento, de acuerdo con cifras de Pemex.
Petróleos Mexicanos informó hace unos días que el Plan contra el huachicoleo ha disminuido el robo de combustible y se han ahorrado alrededor de 3 mil millones de pesos. Mientras que ayer dio a conocer que se han asegurado cuatro millones y medio de barriles, los cuales han sido reintegrados a su patrimonio
Sin embargo ahora el principal reto son los sabotajes que realizan los huachicoleros en los ductos para atrasar la regularización del suministro, lo que ha obligado al uso de pipas para satisfacer la demanda.
Aunque de acuerdo con el presidente ya se recuperó el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, el cual abastece a la CDMX, tres más fueron perforados ayer en la madrugada: Tula-Toluca; el Tula-Querétaro; y el Tula-Azcapotzalco.
“Ese ducto estaba tomado y por eso se tuvo que intervenir, se cerró y se estableció un sistema de vigilancia especial, no se puede cantar victoria pero teníamos un acto ilegal de ruptura de ducto casi diario, sabotaje”, explicó López Obrador.
Por ahora 5 mil elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Marina y de la Policía Federal resguardan dos ductos y serán vigilados cinco sistemas más, aunque el plan es ampliarlo a todos.
El tabasqueño confía en que pronto se va a regresar a la normalidad el suministro de combustible, aunque se ha negado a dar una fecha exacta para que esto ocurra.
Durante el sexenio pasado se calcula que el número de tomas clandestinas de hidrocarburos aumentó en el país en un 262 por ciento
Otro de los desafíos de la actual administración federal es lograr la tipificación del robo de combustible como delito grave, lo cual sería posible de aprobarse las reformas al artículo 19 constitucional en la Cámara de Diputados, pero que enfrenta el rechazo de organizaciones civiles, así como el de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al atentar contra la presunción de inocencia.