Alex Cifuentes, el más reciente testigo estrella de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, ha soltado una bomba este martes en el juzgado de Brooklyn. El narcotraficante colombiano ha declarado que el capo del cartel de Sinaloa sobornó a Enrique Peña Nieto en octubre de 2012, dos meses antes de que este tomara posesión como presidente de México. El cooperante ha afirmado ante el jurado que no recuerda con exactitud la cifra que fue entregada al exmandatario del PRI, pero que podría rondar entre los 100 y 250 millones de dólares. El vocero del expresidente mexicano ya había rechazado acusaciones similares el 13 de noviembre, cuando el nombre de Peña Nieto fue utilizado por la defensa de Guzmán. 

"Joaquín me lo comentó", dijo Cifuentes cuando fue interrogado por el abogado de El Chapo, Jeffrey Lichtman, sobre el soborno a Peña Nieto. Su testimonio está basado en declaraciones y en fotografías enviadas a su móvil, pero nunca fue testigo presencial del supuesto pago, que se habría hecho en "maletas repletas de dinero" a través de una persona a quien identificó como " la comadre María".

Cifuentes lleva tres jornadas sentado en el banquillo y es considerado por la acusación como uno de los hombres más cercanos a Guzmán. Su brazo derecho "y también el izquierdo", dijo quien vivió con el capo en la serranía de Sinaloa durante dos años, desde el otoño de 2007. 

Cifuentes ha repetido este martes ante el juez Brian Cogan lo que ha sostenido en tres declaraciones juradas. La primera de ellas se llevó a cabo en enero de 2016, cuando se estrenó como cooperante de las autoridades estadounidenses. En ese entonces, el colombiano dijo que habían sido 250 millones de dólares. Meses después, en abril de ese mismo año, el testigo protegido corrigió a la baja la cantidad afirmando que fueron 100 millones de dólares. Esa misma versión la sostuvo en un tercer encuentro, en noviembre de 2017, cuando llevaba casi dos años cooperando. En septiembre de 2018, no obstante, Cifuentes se reunió con los fiscales del caso para abordar el soborno como único tema, algo extremadamente inusual. Allí confesó que estaba confundido con las cantidades. 

El testigo protegido afirmó que recibió en su teléfono móvil fotografías de "maletas repletas de dinero". Las imágenes, siempre según la confesión de Cifuentes, le fueron enviadas por una mujer llamada Andrea Vélez Fernández, quien trabajaba para Juan José Rendón, un polémico estratega político venezolano que trabajó con el PRI en la campaña de 2012 que llevó a Peña Nieto a la residencia oficial de Los Pinos. Cifuentes asegura que las fotografías fueron tomadas en Ciudad de México durante la campaña electoral de aquel año.

Antes en su testimonio, el narco colombiano identificó a Vélez como una de sus secretarias. Relató también que El Chapo le encargó sobornorar con 10 millones de dólares a un general mexicano "para que le dejara en paz". Y explicó que si tenía eso, le recompensaría con un millón de dólares. Ella tenía una agencia de modelos. Pero fracasó en el intento, según Cifuentes, "porque el general odiaba mucho a Joaquín". "Se enojó mucho y mandó matarla, por mentirosa", afirmó el declarante. La orden de asesinato no se ejecutó y Cifuentes siguió manteniendo el contacto.

El escándalo no termina allí. Cifuentes testificó en noviembre de 2017 que Peña Nieto había contactado a Guzmán. El mensaje, según le preguntó el abogado Lichtman, era que "Guzmán no necesitaba esconderse". El declarante respondió diciendo que el presidente quería "trabajar con él". Lichtman siguió el intercambio. "¿Cuándo dice trabajar, quiere decir que Guzmán paga y Peña Nieto le permite seguir trabajando?". A lo que Alex le ha respondido: "me imagino que sí". De acuerdo con su testimonio, el político pidió a Guzmán 250 millones, pero el capo contraofertó 100 millones. "Puedo estar confundido con las cantidades", ha puntualizado Cifuentes. 

Lichtman preguntó directamente al cooperante de la Fiscalía si los policías mexicanos eran corruptos. "Sí, lo son", dijo. "¿Y los funcionarios?", continuó el letrado. "También", respondió Cifuentes. El juez Cogan paró en seco a Lichtman cuando este pidió al testigo decir si creía que el presidente de México era corrupto. El momento tuvo ecos de noviembre pasado, cuando el togado pidió al jurado desestimar el alegato inicial de la defensa que afirmó que El Chapo había sobornado a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Peña Nieto, quien abandonó el poder el 1 de diciembre. 

Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI y excanciller durante el Gobierno de Peña Nieto, rechazó las acusaciones de Cifuentes. "Me suena inverosímil", dijo la dirigente al periodista Carlos Loret de Mola durante una entrevista. Ruiz Massieu afirmó que los testigos protegidos acostumbran "inventar cosas" para tener beneficios en sus procesos judiciales. 

La guerra con los Beltrán Leyva

Cuando se dispersó la polémica sobre el supuesto soborno al expresidente mexicano, Cifuentes detalló cómo fue que utilizaron al ejército mexicano para protegerse y combatir a sus enemigos, el grupo formado por los hermanos Beltrán Leyva. El Chapo y sus aliados recopilaban información sobre los sicarios y operadores de sus enemigos. Cuando tenían suficiente información, que incluía números de teléfono, rastreaban y localizaban a sus objetivos. Estas ubicaciones eran, a su vez, compartidas con los militares.

El Cartel de Sinaloa pagaba entre 10 y 12 millones de dólares por cada uno de estos operativos que finalizaban con la captura de sus enemigos. Cifuentes afirmó que sabe de al menos tres operativos realizados de esa forma, que supuestamente se ejecutaron durante la presidencia de Felipe Calderón. El equipo que defiende a El Chapo recurrió al argumento de los sobornos para demostrar que hay una intención del Gobierno de México y de EE UU por procesar a su cliente.

Hacia el final de su testimonio, Cifuentes comentó que entró en contacto con la Policía Federal para traficar droga proveniente desde Argentina y con destino a México. La organización enviaba a los agentes fotografías de las maletas y los números de vuelo que llegarían al aeropuerto de la capital mexicana para poder reclamar el equipaje. Después, añadió, vendían la droga. "La policía era entonces cliente del narcotráfico", sentenció el abogado de la defensa.