-La mayoría de los integrantes de ese órgano le retiró su apoyo; se haya sujeta a dicho procedimiento, la causa
-No acudirán a sus convocatorias, hasta en tanto el Pleno del Congreso no dictamine su situación
La destitución de Rosalina Mazari Espín, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública es inminente. La mayoría de los integrantes de este órgano le retiró su apoyo.
De esta forma, no le reconocen la titularidad en el órgano colegiado. En un comunicado, expresan que Mazari Espín se encuentra sujeta a un procedimiento de destitución del cargo, que la mayoría legislativa le confirió. He ahí la causa principal.
Y, más adelante, acotan: “Por tales razones, informamos que no acudiremos a sus convocatorias, hasta en tanto el Pleno del Congreso no dictamine su situación, por el desacato y otras irregularidades en las que ha incurrido al ejercer su encomienda”.
Este comunicado se da luego de que, a través de medios de comunicación, se recibió la información en el sentido de que dicha legisladora pretendía llevar a cabo una reunión de trabajo, para la cual, desde luego, no tuvo el quórum que marca la ley.
Mazari Espín insistió en que la aprobación del paquete financiero es ilegítima, en una reunión de trabajo en que ninguno de los que conforman el G-15 asistió; esto, a pesar de que se les convocó con antelación.
También, es preciso exponer que este grupo quiere la remoción de Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Los inconformes argumentaron que el pasado 8 de enero, Sotelo y Mazari desatendieron lo que ese día, en el reinicio de la sesión extraordinaria, el G15 aprobó, que fue un receso de una hora para que las comisiones sesionaran y aprobaran los dictámenes de las iniciativas del paquete económico, y posteriormente, aprobaran sus decretos en la continuación de la sesión del Pleno.
Ambos diputados se ausentaron “sin causa justificada”, dijo, y en consecuencia hubo necesidad de sustituirlos.
Informó que las solicitudes serán turnadas al Pleno para que se decida, vía validación consensual; es decir, por mayoría calificada, la posible destitución de ambos legisladores de los cargos que aún ostentan (no así de su representación popular, que le confirió el sufragio de la ciudadanía).
El Ejecutivo no ha determinado de qué modo actuará en torno a este tema: si vetará el documento o establecerá una controversia constitucional. Le quedan menos de 10 días para emitir una respuesta.