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SERPIENTES Y ESCALERAS

Duelo de poder
 
 

El pleito entre los diputados y el gobernador es por dinero, quien no lo crea que vea el presupuesto aprobado por el congreso. De un plumazo, los integrantes de la 54 legislatura se otorgaron más de 400 millones de pesos extras. ¡Sólo para el primer año de gestión!

 

Más que un debate político, lo que estamos viendo en Morelos es un duelo de poder; lo que en campaña era una luna de miel entre los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia se ha convertido en una demanda de divorcio por incompatibilidad de intereses. La pugna de los diputados con el gobernador no es ideológica, ni tampoco representa el intento de mejorar las cosas, es un simple pleito por ambiciones personales cuyo único objetivo es obtener más dinero. No importa cuál sea el camino que sigan, los perdedores de esta batalla serán los diputados.

En la campaña pasada quienes tenían aspiraciones políticas buscaban dos cosas: ser candidato de Morena y tomarse una foto con Cuauhtémoc Blanco. Ser abanderado del partido de López Obrador era garantía de triunfo, la ola de Morena se veía a lo lejos y la coalición Juntos Haremos Historia representaba el camino más seguro para acceder a un cargo de elección popular. La fama del futbolista era el plus, por eso la mezcla electoral morelense fue perfecta.

Igual que a nivel nacional el fenómeno político era López Obrador, en Morelos la simpatía ciudadana estaba delineada hacia Cuauhtémoc Blanco; los aspirantes a todos los cargos de elección popular buscaban afanosamente al futbolista para tomarse una foto con él para usarla en campaña. Todos, incluyendo quienes hoy encabezan la rebelión en su contra desde el congreso local hacían méritos para estar cerca del candidato a gobernador.

Unos meses después las cosas han cambiado radicalmente, el gobernador cometió un error mayúsculo al entregar su confianza a Tania Valentina y José Casas, ambos personajes son afectos al dinero y están decididos a todo con tal de obtenerlo. Estos dos diputados junto con Ana Guevara armaron la revolución parlamentaria que intenta someter al gobernador en una lucha que no es de ideas ni de proyectos, sino de conveniencia económica personal.

El objetivo del G15 no es sólo sacar adelante un Paquete Económico “Social”, ni mucho menos combatir los “excesos” que adjudican al ejecutivo; si la suya fuera en verdad una lucha por la transformación del estado no habrían aumentado en más de 100 millones de pesos su presupuesto anual, ni etiquetado 10 millones para una fundación fantasma operada por Tania Valentina, ni habrían repetido las corruptelas de la legislatura pasada al auto asignarse 300 millones de pesos para obra pública.

Cualquier expresión idealista del G15 se viene abajo sola cuando se observan este tipo de cuestiones; lo suyo, insisto, no es la lucha por un cambio de forma y fondo en la política estatal, se trata simple y llanamente de una lucha por ambiciones económicas que caerá por su propio peso.

Entendamos algo: detrás de los actuales diputados está la mano de algunos legisladores del pasado y la del propio ex gobernador Graco Ramírez. Ana Guevara, por ejemplo, presume la asesoría y formación de Jaime Álvarez, es ella quien informó a sus homólogos de los más de 100 millones de pesos (otros) que están escondidos en el presupuesto legislativo desde la época de Lucía Meza y Javier Bolaños y fue ella también quien les ilustró sobre la manera como se manejó el Fondo de Desarrollo Municipal que crearon en la legislatura pasada y que les sirvió para lavar más de 500 millones de pesos.

Para ponerlo en plata: en el presupuesto del congreso, me lo confirman varios ex diputados, se encuentran escondidos más de 100 millones de pesos que en los últimos seis años se utilizaron para la “operación política” de la cámara de diputados; ese dinero se ha repartido entre quienes han estado en la burbuja parlamentaria desde hace dos legislaturas y ahora se nutre con otros 100 millones que los actuales diputados decidieron aumentarse a pesar de ser 10 integrantes menos.

De la misma forma en el Paquete Económico 2019 la Legislatura 54 creó un Fondo de Infraestructura Municipal al cual le dotó de 300 millones de pesos; ese organismo emula al que operó en la Legislatura 53, en donde participó Ana Guevara y cuyo manejo fue discrecional. Nadie hasta ahora ha explicado en dónde quedaron los millones de pesos que se manejaron en ese fondo. En el congreso anterior el Fondo manejó alrededor de 500 millones en 3 años; en el actual la cifra podría elevarse hasta 900, pues se proyectan 300 por año.

Y como remate de los abusos, en un acto que más pareciera un reto público, los diputados etiquetaron 10 millones de pesos a una fundación fantasma propiedad de la diputada Tania Valentina Rodríguez; esa fundación, por cierto, ha servido a la petista para lavar recursos públicos desde hace varios años.

La imposición de un paquete económico distinto al enviado por el ejecutivo, con candados en las transferencias, es el desquite político de los diputados porque el ejecutivo no aceptó sus términos de negociación, pero al mismo tiempo representa un intento de mantener sometido al gobernador a lo largo de la legislatura. Anular la cláusula de transferencias no es un hecho histórico a favor de la gente, como presume José Casas, es más bien un mecanismo de chantaje para que el mandatario tenga que negociar con los legisladores siempre que necesite hacer una transferencia. Conociendo la honorabilidad de Casas, Valentina y Guevara ¿Cómo se imaginan que será la negociación?

Los golpes que ha dado el congreso hasta ahora han sido duros, pero no contundentes; los legisladores tienen la enorme ventaja de que sus pares (los del G5) son igual de ignorantes y brutos que ellos y que el gobernador carece de operadores y asesores políticos. La polarización entre el legislativo y el ejecutivo se ha ido incrementando de manera paulatina al grado que algunos legisladores ya especulan con la posibilidad de ir preparando un juicio político contra Cuauhtémoc Blanco. El juicio político a los gobernadores, dicho sea de paso, ha sido un jugosísimo negocio para los diputados en las últimas seis legislaturas.

Pero a pesar de lo que se ve hasta ahora, la fractura del G15 es cosa de tiempo; situaciones similares a las que vemos hoy se han visto en otras ocasiones con gobernadores panistas, priístas y perredistas y en todos los casos cuando la presión supera los límites permisibles, entra la mano federal a poner orden y a ubicar a cada quien en su espacio. Los diputados actuales seguramente dirán que eso no va a pasar, que son un poder autónomo en una república que gobierna un presidente totalmente respetuoso de la separación de poderes; lo mismo dijeron sus antecesores antes de que los aplacaran.

En un sistema político como el actual es muy difícil que un congreso someta a su voluntad a un gobernador (no ha pasado todavía), representaría un terrible precedente para el país y para el mismo gobierno de la república, porque se trata de un golpe de estado virtual que pretende concentrar el poder económico y político en un parlamento cuyos integrantes, en este caso, arrastran historias negras y tienen amistades peligrosas.

A la legislatura pasada le tomó año y medio comenzar a sellar su futuro, a mostrar sus ambiciones y sus excesos; en cuatro meses la nueva legislatura se ha metido a una espiral de desgaste que marcará a todos sus integrantes de por vida, acabará con su futuro político y los aniquilará socialmente.

La suerte está echada.

·         posdata

la violencia desatada en el estado pone en evidencia a las autoridades y exhibe la ineficacia del plan de seguridad. El 2018 fue el año más violento de los últimos tiempos con 855 ejecutados; la crisis se desató después de la primera mitad del año, justo después de las elecciones.

El 2019 pinta peor: en 15 días del año han ocurrido 50 muertes violentas y si la tendencia continúa volveremos a romper un récord de sangre.

El comisionado estatal de seguridad asegura que esta oleada delictiva es resultado de las acciones que han llevado a cabo, específicamente por la detención de más de 300 personas, muchas de ellas ligadas a grupos delictivos.

Sea cual fuere el motivo, lo evidente es que la violencia ha tomado a Morelos de rehén y las calles de todos los municipios, incluyendo las de la capital, se han convertido en escenario de balaceras, ejecuciones y violencia de todo tipo. Al inicio de esta semana, por ejemplo, dos personas fueron ejecutadas a plena luz del día, en la mañana, justo frente a una escuela en la colonia Reforma de Cuernavaca.

La incidencia delictiva no tiene freno, los secuestros han aumentado, lo mismo que los casos de extorsión, cobro de piso y robos de todo tipo; la sangre es una unidad de medida muy cruel, pero válida en un estado donde matar se ha convertido en algo sencillo y sin consecuencias.

Hasta el momento el comisionado de seguridad no ha dado muestras de poder con el paquete, sus cartas credenciales son muy buenas y su formación en la Marina presagiaba mejores tiempos para la entidad, pero no ha sido así. Cuando llegó al estado y recibió la dependencia de manos de Alberto Capella reconoció el trabajo hecho por el tijuanense, alabó la estrategia implementada en la administración de Graco Ramírez y dijo que daría continuidad al plan; luego se retracto, afirmó que las cosas estaban mal y que todo era un desastre.

Al vicealmirante le ha faltado algo, quizá mucho, para demostrar que tiene la capacidad para sacar adelante un reto tan grande. En principio habría que decir que no conoce Morelos y se ha mantenido lejos de su gente; despacha desde su bunker y observa desde las cámaras de seguridad la tragedia que se vive en el estado.

La inseguridad fue el elemento que hizo naufragar a los últimos cuatro gobernadores; el descuido en esa área, incluyendo el manejo informativo, dio pie a la descomposición del ambiente social y político de la entidad. Obvio: la gente se enfadó por la oleada de violencia y los políticos aprovecharon ese enojo para sacar raja del problema. Volverá a suceder.

Algo tendría que hacer el gobernador (o José Manuel Sanz) antes de que este conflicto se les vaya de las manos; es evidente que la delincuencia los ha rebasado, que los grupos delictivos tienen más capacidad de operación, movilidad y fuerza que las autoridades y que sus redes de información son mucho (pero muchísimo) más eficientes que las del estado, con todo y su vitoreado C5.

¿Por qué entonces no pedir ayuda a la federación? ¿Por qué no solicitar formalmente la entrada de fuerzas federales para pacificar el estado y coadyuvar en un problema que evidentemente está fuera del alcance del gobernador?

Las reuniones diarias de seguridad, por cierto, son desgastantes, inservibles y absurdas; en ellas ha habido más pleitos entre sus participantes que ideas para resolver el problema que vive el estado.

·         nota

Si Cuauhtémoc Blanco entendiera lo que significa ser gobernador y actuara en consecuencia, otra sería la historia del estado. Vamos, si José Manuel Sanz se diera cuenta de lo que implica gobernar un estado, el ejecutivo no estaría metido en tantos problemas como los que vive actualmente.

Ni el ex seleccionado nacional ni su brazo derecho se han dado cuenta de lo que tienen en las manos, no acaban de concebir lo que significa el poder de un estado ni la responsabilidad de conducirlo.

El gobierno necesita hacer política… y para hacer política necesitan saber qué y a quien tienen enfrente.

·         post it

A Cuauhtémoc Blanco le volvió a fallar la confianza cuando apostó por Tania Valentina y José Casas; el futbolista puede alegar que nuevamente lo traicionaron, pero no debe olvidar que en este como en los casos anteriores en los que ha metido la pata, siempre hubo advertencias.

Hoy el jefe del ejecutivo es desconfiado y eso en lugar de ayudarle, le complicará la vida. La política como el fútbol es una actividad de equipo en la que resulta imposible salir adelante solo.

El problema del gobernador no es que le traicionen, las cosas empiezan mal porque él no conoce a la gente de Morelos y apuesta por personas a quienes todos conocemos como traidores.

Así le pasó primero con Yáñez y ahora con Tania Valentina y José Casas.

La culpa no es del indio…

·         redes sociales

Después del presupuesto viene el juicio político.

¿De a cómo les gusta que sea el sablazo?

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