I. Ahora o nunca. Ahora que los mexicanos se han unido para acabar con el huachicoleo, también es oportuno que se sumen los legisladores, por lo que el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que la Segob urgió la aprobación de la reforma al artículo 19 de la Constitución, a fin de castigar el robo de combustible, corrupción y delitos electorales que sean considerados graves. “Es urgente que esto se convierta en delito grave, es increíble que no lo sea. Y ahora, con el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República, muchas de las personas que han sido detenidas, o que pueden ser detenidas, tal vez enfrenten su proceso en libertad”, dijo. Huachicoleo, corrupción y delitos electorales. ¡Y que se abran las prisiones!
II. Una incapacidad tras otra. Quien tiene a su estado en alto total es el gobernador Silvano Aureoles. Michoacán es un desastre. Ahora resulta que, según él, tras el desabasto de combustibles, el comercio ha perdido unos cuatro mil 500 millones de pesos. ¡Qué fácil! Parece que ya encontró a qué echarle la culpa del impacto económico negativo en la entidad. Lo que debe hacer Aureoles es ponerse a trabajar en materia de seguridad, cosa que parece imposible, pues ni siquiera puede pagarles puntualmente a los policías. Si con la delincuencia no puede, ahora con el desabasto, menos. Que no quiera aprovecharse de esta crisis. Su estado ha venido a menos desde su llegada. Y no tiene salvación.
III. Hartazgo. Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex CDMX, hizo un llamado a las autoridades, los legisladores, representantes de las cámaras empresariales y a los integrantes del sector de la seguridad privada a que “dejemos a un lado nuestras diferencias y nos enfoquemos en nuestras coincidencias” y aprovechar la oportunidad “de enfrentar en unidad este flagelo tan complejo que es el tema de la seguridad, donde parece que hemos perdido la batalla”. Pidió trabajar de manera conjunta y lograr no sólo una Ley de Seguridad Privada, sino también la creación de una cámara del sector que será, “sin duda alguna, un instrumento sustantivo del quehacer cotidiano” para con ella “generar una acción vinculatoria frente a los tres niveles de gobierno”. Que esto no sea sólo un discurso y que esas ideas se sumen activamente al camino para encontrar la paz.
IV. Justicia. Quedó conformada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Este nuevo intento por saber qué fue lo que sucedió a los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, viene precedido, sobre todo, de promesas de justicia a los padres de los desaparecidos. Alejandro Encinas, subsecretario Gobernación, dijo que se recurrirá al esquema de recompensas o beneficios de ley para quienes otorguen información, incluso para quienes estén privados de su libertad. Advirtió que no habrá borrón y cuenta nueva en las indagatorias y se retomarán todas las líneas de investigación. Ahora sí: en seis meses estarán los primeros resultados. Demasiado tiempo con una cicatriz abierta no es sano para la justicia, la nación y la democracia, esperamos la verdad
V. ¿Franquicias? ¿Acaso sobran las carencias de grupos que ven en la política la mejor manera de salir adelante, económicamente hablando? De otra manera no se explica que existan unas 18 asociaciones que han manifestado ante el Instituto Nacional Electoral su intención de constituirse en nuevos partidos políticos, y este número podría aumentar, pues el plazo para informar al INE concluye a finales de este mes. Esto lo informaron los consejeros electorales Adriana Favela y Marco Antonio Baños. Después de que el Instituto revise que las agrupaciones cumplen con los requisitos, se dictaminará la procedencia y, en su caso, el registro de estas organizaciones. Todo esto huele más a pesos y centavos que a una democracia verdadera.