En abril, el saldo de la deuda amplia del sector público federal fue de 8.57 billones de pesos, lo que significó una baja de 121 mil 643 millones de pesos o 1.4 por ciento en términos reales frente al cierre de 2015, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda.
Esta reducción en el saldo de las obligaciones financieras del sector público es la primera que se registra desde 2008, y se produjo por el superávit fiscal de 156 mil millones de pesos en los cuatro primeros meses del año, generado por la aplicación del remanente de operación del Banco de México entregado al gobierno, por 239 mil millones de pesos.
En 2008, fue la última vez que el gobierno amortizó deuda por la vía de la obtención de un superávit fiscal en el primer cuatrimestre, puesto que en aquél año fue de 94 mil 107 millones de pesos, lo que produjo una caída en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público de 165 mil millones, ambos a precios de hoy.
Tendencia
Expertos consultados por Excélsior coincidieron en que el gobierno tiene que establecer el compromiso de estabilizar los niveles de deuda pública, e incluso, reducir su saldo, para que su pago pueda ser sustentable a largo plazo.
“Desde 2007 hemos más que duplicado la deuda como proporción del PIB, y para que las calificadoras nos eleven la nota crediticia, es necesario que vean que la reducción de la deuda es una tarea constante, y no flor de un día por causa de unos ingresos que se obtuvieron de manera extraordinaria”, afirmó César Castro, consultor Máster del Grupo Darsi.
“Parte de la volatilidad en el tipo de cambio es porque en 2015 se informó un recorte al gasto que no se cumplió, entonces a los mercados les preocupan estos anuncios en falso. Por tanto, para mitigar la volatilidad, se requiere que las expectativas se cumplan en cuanto a reducir el gasto público y la deuda”, dijo Fausto Hernández Trillo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
César Castro expresó que el compromiso del gobierno debe ser mantener estable el coeficiente de deuda sobre el PIB, independientemente de si el saldo de las obligaciones aumenta en términos absolutos; en tanto que Fausto Hernández se manifestó a favor de establecer un plan para amortizar paulatinamente la deuda, y que su saldo absoluto vaya disminuyendo.
Transparencia
Si bien los expertos coincidieron en que contraer deuda en el sector público no es negativo per sé, una de sus preocupaciones es el uso y destino que se le da a los recursos provenientes del financiamiento interno y externo, puesto que éstos no están cumpliendo con la legislación vigente.
Fausto Hernández afirmó que “los datos muestran que al menos desde 1990, no se ha cumplido con el precepto constitucional de destinar la deuda para inversión pública. Se ha usado para gasto corriente, y lo peor es que a diferencia, de los estadunidenses, no se tiene un plan a largo plazo de cómo pagar esa deuda”.
Por lo anterior, Hernández dijo que se requiere un mecanismo que haga cumplir con la Constitución de usar la deuda para inversión pública, y que haya consecuencias de su incumplimiento.
Por su parte, César Castro recordó que el sector público ha incurrido sistemáticamente en déficit primarios desde 2009, por lo que “nos estamos endeudando para pagar intereses de la deuda, por eso hemos visto crecer el saldo en los últimos años. Así no se podrán garantizar los ingresos futuros para pagar la deuda”.
Finalmente, el consultor Máster del Grupo Darsi recordó el principio económico que señala “entre más endeudado esté un gobierno, mayor es la probabilidad de que tenga que subir los impuestos en el futuro para poder hacer frente al servicio de dicha deuda”.
