Concebida como el eje de la nueva política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional quedó aprobada ayer en el Congreso. Una mayoría constitucional conformada por el bloque de Morena, sus aliados y la suma del PRI, reunió los votos para aprobar primero en lo general y luego en la noche en lo particular, el nuevo cuerpo policiaco-militar que nace con señalamientos de parte de la oposición y de organismos civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales que cuestionan la militarización de la seguridad pública y sus efectos en las garantías de los ciudadanos, y la defensa del gobierno federal que lo define como “un cuerpo necesario para iniciar con la construcción de la paz” y atender la crisis de seguridad que vive el país.

Con varios cambios a la redacción original que propuso López Obrador, el principal la rectificación presidencial que sustituyó el mando militar por uno civil (aunque sus críticos piensa que a pesar de eso el control real de la Guardia lo tendrá el Ejército) anoche se resolvió la discusión en lo particular y la votación final (366 a favor, 119 en contra y 4 abstenciones) confirmó la mayoría que dio carta de nacimiento a la nueva institución policiaca que, según lo que establece la Constitución, será una “policía de la Federación, de carácter y dirección civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que será responsable de las tareas de seguridad que le corresponden a la Federación”.

Anoche, los opositores que votaron en contra, junto con organismos civiles descalificaban la aprobación de la Guardia y se deslindaban de ella argumentando que no se tomaron en cuenta las evidencias y estudios que contravienen la idea de una corporación con un “mando operativo militar” y que colocar a los militares como primera línea del Estado para hacer frente a la Seguridad, contraviene las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y descalifica la vía civil. Pero del otro lado, la mayoría de Morena y los priistas que dieron sus votos a la reforma constitucional, argumentaban que el dictamen original sí fue modificado con los planteamientos y las inquietudes de los opositores, que al cambiarle el mando, el gobierno le dio carácter civil, con el compromiso de que a más tardar en 90 días se deberá emitir la Ley de la Guardia Nacional, en la que se establecerán disposiciones de “respeto irrestricto a los derechos humanos, perspectiva de género y uso legítimo de la fuerza”, y que en la formación de sus miembros se atenderá una doctrina policial que los capacitará y entrenará en labores de seguridad pública, protección y controles civiles, aún cuando su disciplina sea homologada a la militar.

Y tras bambalinas en San Lázaro también corrían los ataques políticos. La oposición panista acusaba un “acuerdo de conveniencia” entre Morena y el PRI, en el que, aseguraban, se negociaron temas de protección e impunidad para priistas como Emilio Lozoya en el combate al huachicoleo. Los priistas, por su parte, negaban las negociaciones y acusaban al PAN de que “se rajó” porque a pesar de que ellos pidieron cambios y posponer la discusión para este periodo extraordinario, al final optaron por una estrategia política de votar en contra y descalificar a los partidos que sí cumplieron con los consensos que todos los grupos hicieron en diciembre.

Y es que en diciembre pasado, en medio de la discusión del presupuesto federal, y ante la presión de Morena por aprobar en aquel momento el dictamen original con todo y mando militar, los coordinadores de todos los partidos se reunieron y acordaron “no contaminar” el tema de la Guardia Nacional con el asunto presupuestal. En ese momento Morena tenía los votos suficientes para hacer mayoría constitucional, por el reclutamiento obligatorio de todos sus diputados, pero a petición del PAN y el PRI, aceptaron el acuerdo para posponer para enero la discusión, en la que la oposición proponía “oxigenar” el debate  y “escuchar nuevas voces”, entre ellas las de gobernadores, alcaldes y organismos civiles que participaron en las audiencias de este mes.

Hasta ahí había consenso de todas las fracciones y así se fueron a la Navidad, pero al retomar la discusión en el extraordinario, los panistas empezaron a cambiar sus posiciones y a desconocer acuerdos y cambios que ellos mismos habían solicitado, al tiempo que arreciaban sus señalamientos sobre la existencia de la alianza PRI-Mor, que anoche era tendencia en las redes sociales. El priista René Juárez se defendía en medio de la sesión, y justificaba el voto de sus diputados: “Si nosotros votamos en contra no estaríamos siendo sensibles de la gravedad del problema. El responsable de la seguridad en el país es el presidente López Obrador y él tiene derecho a definir su estrategia y cómo la implementa en su obligación de atender el reclamo de seguridad de los mexicanos. ¿Si es perfecta su estrategia? No, pero tenemos que dejarlo actuar y darle el beneficio de la duda”, explicaba el coordinador priista.

Entre los cambios que se le hicieron al dictamen final, además de la eliminación del mando militar a propuesta de López Obrador, se modifica también la relación con los gobiernos estatales para que la Guardia solo entre bajo criterios de “coordinación” solicitados por los gobernadores, y se eliminó el concepto de “subordinación” de los estados; incluso a los municipios también se elimina la idea de sustitución automática de las policías municipales, para introducir la idea de una “evaluación” de cada caso de policías locales para revisar las que funcionen. La única parte en donde Morena no quiso ceder fue en la creación de una “Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles”, en donde los grupos operativos reúnen a los mandos civiles con los mandos operativos militares para coordinar estrategias. La oposición pedía eliminar de esas juntas al mando militar, algo que no aceptó Morena.

Por lo pronto, con todo y el ruido político y las voces críticas, anoche nació la Guardia Nacional, el instrumento con el que el presidente López Obrador se propone cumplir su promesa de pacificar al país en tres años y devolverle a los mexicanos la seguridad perdida por la violencia extrema que marcó los sexenios de Enrique Peña y Felipe Calderón. ¿Funcionará o no la estrategia civil-militar que echará a andar el nuevo gobierno o significará un retroceso por la militarización que le cuestionan? Eso lo veremos en sus resultados de los próximos meses. Lo que ahora urge es que comience a caminar la nueva política de seguridad federal.
 
NOTAS INDISCRETAS… Las versiones de “acuerdos políticos” entre el PRI y Morena, y los señalamientos de “inconsistencias y contradicciones” en la posición de los diputados priistas, hizo que anoche la dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu convocara a una reunión urgente para hoy a varios ex dirigentes nacionales del priismo. ¿Pedirán explicaciones a los miembros de su bancada en San Lázaro, habrá crisis o respaldarán el voto priista a favor del proyecto de López Obrador? Veremos…Los dados mandan Serpiente doble. Bueno el tiro.