La semana que termina fue el mejor ejemplo del enorme bono político y de la fuerza y popularidad ascendente de la que goza Andrés Manuel López Obrador a mes y medio del inicio de su gobierno. Con ese bono y una operación política y mediática hasta ahora impecable, el presidente logró no sólo revertir una crisis como la del desabasto de combustibles, con sus enormes costos sociales y económicos, y convertirla en una ola de respaldo popular a su gobierno y su estrategia de combate al huachicoleo, con altísimos números de aprobación en las encuestas.

También, con la operación de su gabinete y sus bancadas mayoritarias en el Congreso, logró dos mayorías constitucionales calificadas que, con votos de la oposición, le aprobaron dos reformas claves en materia de seguridad y que sus antecesores, aunque intentaron, nunca pudieron aprobar: la creación de una Guardia Nacional que legaliza y constitucionaliza la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, y el nombramiento del primer Fiscal General de la República.

La semana “redonda” para López Obrador inició cuando al cumplirse tres semanas de la escasez de gasolina en 11 estados del país, primero logró estabilizar la situación en la Ciudad de México, donde de la sicosis se pasó al desabasto y luego de vuelta a una normalidad con filas cada vez más cortas en las gasolinerías, si que se hayan registrado exabruptos sociales, más allá de algunos bloqueos momentáneos registrados en Iztapalapa y las escenas de impaciencia y molestia de conductores. Luego, en las otras dos entidades, donde la crisis fue aún mayor, especialmente en el Bajío, la presencia de los gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Michoacán, en la Secretaría de Gobernación y su “respaldo total” a la lucha contra el robo de combustibles del presidente, a cambio de acciones y medidas paliativas de emergencia para reabrir ductos y aumentar el envío de pipas a sus desesperadas ciudades, tranquilizaban y disminuían la presión de las primeras dos semanas de afectaciones.

Para el viernes, con anuncios como la compra de 500 pipas que romperán el monopolio del sindicato petrolero, la entrada de empresas privadas al transporte terrestre de gasolinas, el aumento de la vigilancia en ductos y, sobre todo, la contratación de 2 mil choferes de pipas con sueldos de casi 30 mil pesos mensuales, que ayer ya provocaba filas de solicitantes en el campo militar No. 1, el presidente ya le había dado la vuelta a la crisis de los combustibles y, auxiliado por un efectivo y repetido discurso y una muy eficiente publicidad gubernamental, convertía el tema crítico en plataforma política que levantaba, aún más, sus niveles de aprobación y respaldo de popularidad.

La guardia y el resorte de los "agachones" gobernadores priistas

Aunque apenas unas horas después de aprobada, el presidente descalificaría el resultado final de la reforma constitucional que crea su Guardia Nacional, porque no le gustó la eliminación de un artículo transitorio que eliminaba la participación “excepcional” de las fuerzas armadas en la seguridad cuando fuera necesario, el avance en la Cámara de Diputados del nuevo cuerpo cívico-militar que será la columna vertebral de la estrategia de seguridad lopezobradorista no fue un hecho menor y representó la materialización de un reclamo largamente aplazado de las fuerzas Armadas, desde que Felipe Calderón las sacó de los cuarteles y las lanzó a combatir la inseguridad pública: la regularización legal y constitucional, de la participación de militares en labores civiles de seguridad.

Morena logró reunir los votos suficientes para modificar la Constitución gracias al apoyo de una buena parte de los 47 diputados del PRI, que cerraron la pinza para una aprobación que no hubiera sido posible sin el apoyo priista. Y para que se materializara la alianza, llamada despectivamente por sus críticos el PRI-Mor, hubo toda una operación política desde el gobierno de López Obrador que, más que convencer a los diputados del tricolor, se fue directamente con sus “jefes políticos”: los gobernadores de sus estados.

Con llamadas, mensajes políticos y hasta peticiones “personales” del presidente, la mayoría de los 12 gobernadores priistas “se allanaron” al designio del jefe del Ejecutivo y mandaron llamar, uno a uno, a los diputados federales de sus estados para darles la “línea” de votar a favor de la Guardia Nacional, aún cuando esa no era la posición total ni oficial de su partido. De hecho, la misma noche del miércoles en que se aprobó con el voto de los diputados de Morena, sus aliados y del PRI, la reforma constitucional, hubo una cena de las cúpulas priistas en un restaurante de Polanco, en la que la dirigente, Claudia Ruiz Massieu, mostró no sólo extrañeza, sino que se habló de “traición y contradicciones” en la votación de la bancada que encabeza el guerrerense René Juárez Cisneros.

Muchos priistas de los estados preguntaban extrañados “¿a cambio de qué?” o en qué momento cambió la posición de su partido que se había definido en contra de la creación de esa Guardia militarizada. Ruiz Massieu llamó el miércoles a los 12 gobernadores del PRI a una “reunión extraordinaria” en la sede nacional del partido para que explicarán que papel habían jugado en la presión a los diputados federales, que ya para entonces decían abiertamente: “a mí me pidió mi gobernador votar a favor de la Guardia Nacional”. Pero tan fallida fue la convocatoria de la dirigente nacional, que apenas 4 del total de los gobernadores del tricolor, acudieron al llamado de su dirigente.

Al final, entre las cúpulas del viejo partido, había molestia con varios gobernadores. Se hablaba del mandatario de Campeche, Alejandro Moreno, presidente de la Conago, del de Estado de México, Alfredo del Mazo, de la sonorense Claudia Pavlovich, entre otros como los que más operación hicieron para “convencer” y presionar a los diputados de la bancada priista a votar a favor de la iniciativa del presidente López Obrador. “¿Le dieron dinero para sus estados, les ofrecieron apoyos?”, le preguntamos a un alto dirigente priista que confirmó el papel decisivo de los gobernadores en favor de la Guardia Nacional. “Eso es lo peor, que lo hicieron a cambio de nada, por agachones y serviles. Ni siquiera sacaron nada a cambio”, comentó el dirigente.

¿Quién rasuró el transitorio y molestó a AMLO?

A final, quedo claro que el papel del PRI fue haberle dado los votos suficientes al bloque de Morena y sus aliados, pero donde los priistas afirman que no tuvieron nada que ver, fue en la eliminación del artículo cuarto transitorio, cuya desaparición de la reforma, molestó tanto al presidente López Obrador, al grado que se dijo públicamente “insatisfecho” con lo aprobado por los diputados y le pidió al Senado corregir la iniciativa. “Nosotros no pedimos jamás eliminar ese artículo, fue decisión de la bancada de Morena. De hecho cuando lo estaban quitando yo me di cuenta de que sí era importante, pero supuse que tenían instrucciones del presidente”, afirma el coordinador priista en San Lázaro René Juárez.

¿Quién entonces y por qué lo eliminaron? El propio Pablo Gómez ya reconoció que fue su decisión quitarlo, pero junto con Mario Delgado, coordinador de Morena, le explicaron al presidente que fue a petición de la oposición y que si no lo eliminaban “no se hubieran reunido los votos suficientes para lograr la mayoría constitucional”. ¿Quién le está mintiendo al presidente cuando su coordinador y otros priistas confirman que esa del cuarto transitorio no fue una de las varias modificaciones que sí pidieron ellos como condición para dar su voto? ¿Será que otra vez Pablo se fue por la libre, tal y como ocurrió con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y de paso se llevó entre las patas a Mario Delgado que tuvo que ir a poner la cara frente al presidente?

NOTAS INDISCRETAS…Con la designación y toma de protesta ayer de Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal General de la República, termina una larga historia de desencuentros, pleitos enconados, acusaciones y hasta guerras políticas –como la que tuvieron el ex presidente Peña Nieto y Ricardo Anaya por el “fiscal carnal”— que consumieron más de cuatro años para que se concluyera la reforma al 102 constitucional aprobada en septiembre de 2014. La llegada de Gertz a la Fiscalía se construyó desde que en Palacio Nacional sacaron al doctor Bernardo Bátiz como el más “cercano” a AMLO, lo que hizo que desde el principio lo vetarán en el PAN. Al final el voto panista fue decisivo para que Gertz ganara y a Bátiz, se dice, le darán de premio de consolación algo que era su otro “gran sueño”, ser embajador de México ante el Vaticano. ¿Veremos al doctor en Roma? sólo si la santa cede…Los dados mandan Escalera doble. Buena semana