Cuando hablamos de inseguridad en Morelos, de inmediato pensamos en los policías. A ellos los señalamos, los criticamos y los culpamos del baño de sangre que se vive en la entidad. A la policía se le ha perdido el respeto y hasta el miedo, cualquiera con un teléfono con cámara los reta, los amenaza y los llama delincuentes. Pero hay un ángulo que poco se ve en esta historia: los jueces.
La crisis de inseguridad y violencia en Morelos es evidente: 64 ejecutados en menos de 20 días es una cifra que rompe todos los récords conocidos en nuestro estado y sienta un terrible precedente en el arranque del nuevo gobierno. No hay manera de ocultar esa realidad, aunque sí es posible ir más allá de los números y las estadísticas. En este gravísimo problema que enfrentamos hay un ángulo que poco se observa y es sustantivo en la situación que estamos viviendo: el Poder Judicial. La historia es la misma desde hace varios años: los policías detienen a los delincuentes y los jueces los liberan.
Esta denuncia se ha hecho desde hace varios años en prácticamente todo el país y en Morelos la hizo de manera pública varias veces Graco Ramírez, aunque nunca hizo nada más allá de una declaración periodística. Hoy el tema está vigente y es muy claro en la mesa de seguridad en la que participan autoridades estatales y federales, el problema sigue siendo el mismo y la tendencia en lugar de disminuir, aumenta. Los jueces siguen liberando a los presuntos responsables.
La presidenta del Poder Judicial, la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas ha recibido este tipo de quejas desde hace tiempo y nunca ha hecho nada. Hoy los reclamos vuelven a presentarse acompañados de cifras y datos duros: son cientos de detenidos, más de mil en lo que va del sexenio, liberados por los impartidores de justicia. Hablamos de personas relacionadas con delitos como el secuestro, la trata de personas, el tráfico de drogas, asesinatos, robos y extorsión; en todos los casos los jueces alegan que se aplica la ley porque los policías no cumplieron con el protocolo, aunque muchas veces las pruebas de su culpabilidad sea evidente.
No hay forma de que la situación mejore en el estado si esta situación continúa; de nada sirve que la policía realice operativos y los uniformados arriesguen su vida capturando a los pillos si los jueces los liberan unas horas después de que son presentados ante la autoridad. La impunidad fortalece al crimen.
Sin duda los argumentos de los impartidores de justicia tienen base: si los policías y los ministerios públicos no llevan a cabo de manera correcta el proceso de detención y puesta a disposición, la defensa de los delincuentes encontrará los caminos para liberaros.
En esta cadena de errores se ha analizado hasta el cansancio a los policías, recurrentemente se les considera cómplices de la delincuencia y parte de los grupos criminales; algunos han puesto atención en los ministerios públicos, quienes muchas veces actúan mal a propósito, arman de manera deficiente los expedientes y representan el primer paso para que los detenidos obtengan su libertad. Pocos observan a los jueces: ellos son quienes tienen la última palabra y quienes muchas veces los regresan a la calle para que sigan cometiendo ilícitos.
Imposible, insisto, que la paz y la tranquilidad regrese a Morelos si las cosas no cambian. La estrategia de seguridad debe ser integral, necesita de inteligencia para actuar, fuerza para responder a los ataques, decisión para actuar contra quienes lastiman a la gente, capacidad de reacción ante los embates y precisión en los golpes que se asestan a los grupos criminales. Pero también se necesita que el poder judicial haga su parte, que la justicia no se venda al mejor postor y los jueces no se presten, como sucede ahora, a la manipulación de los criminales.
Por supuesto que existen fallas en el proceder legal de los policías, es evidente que hace falta mayor capacitación a los cuerpos de seguridad y en quienes inician el proceso legal en contra de los inculpados; eso no es nuevo, sucede desde hace varios años; si se hubiera actuado a tiempo hoy tendríamos otra realidad. Pero el hubiera no existe.
En el presente es necesario que se observe y se atienda ese problema, urge que además de las estrategias de seguridad, se capacite a los elementos para que los jueces no tengan pretextos para liberar a los detenidos. De la misma manera como se ha implementado un proceso de depuración en los cuerpos de policía, es necesario que se revise el actuar de los jueces y los magistrados, que se haga un análisis histórico de su proceder, que se analicen cualitativa y cuantitativamente sus decisiones para entender la forma y los intereses que los mueven. La titular del Poder Judicial es la primera que debe ser sometida a una revisión.
Desde que llegó a la presidencia del poder judicial Carmen Cuevas ha sido señalada por su conducción, por su capacidad y sobre todo por su probidad. Una y otra vez la han tildado de corrupta, la acusan de torcer la ley para favorecer a sus intereses y de actuar siempre en función de sus conveniencias políticas y económicas. Nunca antes como ahora se considera que en Morelos la justicia tiene precio y sus impartidores actúan por consigna.
Si queremos que la paz regrese a Morelos no es suficiente que tengamos un modelo de seguridad con más armas y mejores policías. Es fundamental que se revise al poder judicial para evitar que siga sucediendo lo que hasta hoy hemos visto.
· posdata
La noche del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados y calcinados por criminales. El municipio de Iguala y el estado de Guerrero eran gobernados por el PRD. El PAN y PRD culparon al gobierno federal del PRI de lo ocurrido y la opinión pública se volcó en contra de las autoridades; el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca pudo levantarse de ese golpe y los hechos sangrientos lo acompañaron a lo largo de todo su sexenio.
La tarde del 18 de enero del 2019, más de 70 personas murieron calcinadas y una centena resultó con quemaduras graves en una explosión ocurrida en un ducto de Pemex que previamente había sido perforado en la comunidad de Tlahuelilpan Hidalgo; a pesar de la advertencia de las autoridades, los pobladores, incluyendo mujeres y niños, se pusieron violentos y se arremolinaron en el lugar para robarse la gasolina. Hoy el PAN y PRD culpan al gobierno federal de Morena por negligencia y algunas voces ciudadanas empiezan a culpar al gobierno de la tragedia.
Independientemente de lo ocurrido y los resultados de las investigaciones posteriores a la noche negra de Iguala, la reacción inmediata del Gobierno de la República encabezado por Enrique Peña Nieto fue tardía y errada, de ahí que desde el principio perdieron la guerra de la percepción y se convirtieron en los culpables.
Hoy el Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador debe conducirse con prudencia y eficacia, las personas que lamentablemente perdieron la vida o resultaron heridas por la explosión son víctimas, pero responsables también porque nunca debieron haber hecho lo que hicieron. Se puede entender de muchas maneras su actitud, pero es imposible justificar la irresponsabilidad en la que incurrieron.
En esta como en muchas tragedias, hablando del manejo informativo de una administración pública, la percepción es clave: en Hidalgo el ejército llegó al lugar de la fuga y acordonó el lugar y se tuvo que replegar ante la agresividad de la gente que llegó a robarse el combustible; la actitud de los soldados fue la correcta, sobre todo si se recuerda que justo una semana antes en Santa Ana Ahuehuepan, también en el estado de Hidalgo, pobladores retuvieron, desarmaron y golpearon a tres militares en medio de un operativo contra robo de combustible.
Los hechos ocurrieron cuatro días antes cuando alrededor de 200 habitantes mantuvieron retenidos a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los acusaban de haber accionado sus armas contra pobladores. De acuerdo con los primeros reportes los hechos habrían ocurrido cuando los militares dieron alcance a una camioneta que perseguían durante un operativo contra robo de hidrocarburos.
Durante la persecución los militares accionaron sus armas y dos hombres fueron alcanzados por las balas; luego de los disparos habitantes de la comunidad desarmaron y golpearon a tres militares a quienes, incluso, amenazaron con lincharlos. La Secretaría de la Defensa Nacional envió refuerzos para la liberación de los militares, la Policía Federal desplegó elementos y un helicóptero sobre la comunidad.
Tras un diálogo de tres horas, los soldados fueron entregados por habitantes de la comunidad al comandante de la Policía Militar, con la condición de que fueran puestos a disposición del Ministerio Público como presuntos responsables de la muerte del civil.
Lo que estamos viviendo hoy en México no es sólo culpa de los gobiernos (en los tres niveles y de todos los partidos), también es responsabilidad de la gente que exige honestidad pero roba cuando puede, que pide justicia pero no es justa con sus semejantes, que exige resultados a las fuerzas del orden pero no las respeta cuando hacen su trabajo.
La transformación que todos queremos para el país necesita una enorme voluntad y compromiso de todos, el cambio comienza en cada uno de nosotros y empieza por hacer lo correcto, sin importar que los demás no lo hagan.
En lo institucional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ser muy cuidadoso con el manejo de este tipo de tragedias, porque a los partidos (empezando por el suyo) le gusta politizar las desventuras para sacar provecho electoral, sin importar la verdad o las implicaciones de sus actos. Como ciudadanos debemos aprender de este tipo de situaciones y diferenciar entre una tragedia y una actitud dolosa.
Es claro que la corrupción no se acabará sólo con el ejemplo de un presidente.
Está comprobado que el pueblo es sabio, pero también se equivoca.
Lo de Tlahuelilpan Hidalgo es una tragedia, pero no es culpa del estado.
· nota
¿Cuánto gana un elemento de seguridad en Morelos? ¿Qué sentirá un policía que arriesga la vida al detener a un delincuente, cuando a las pocas horas de haberlo capturado lo ve nuevamente libre en la calle? Todo porque un abogado encontró un error de procedimiento y un juez le dio la razón. ¿Vale la pena arriesgar la vida en una situación así?
· post it
Tan sólo el día sábado, se registraron seis asesinatos en Morelos en los municipios de Emiliano Zapata y Cuautla. Van 64 ejecuciones en 20 días del 2019.
El problema ha rebasado al gobierno en todos los aspectos, incluyendo la percepción. Un gobierno que no comunica (en todas sus áreas) está destinado al fracaso.
¿Cuál es la estrategia de comunicación de esta administración?
· redes sociales
Probablemente estaba sobrio porque había Ley Seca en su colonia, como lo comentan algunos internautas, el caso es que las expresiones del ex presidente Felipe Calderón respecto a lo ocurrido en Hidalgo son las más sensatas que se le han leído en los últimos tiempos.
Esto tuiteó el ex panista:
- Debemos recuperar el sentido de respeto a quienes tienen la tarea de cuidar el orden. Cuando policías o soldados tratan de cumplir con su deber, se les insulta y agrede. Si responden, se les acusa de abuso. Hace 1 semana en Hidalgo fueron secuestrados y golpeados varios soldados.
- Quizá por ello, los agentes del orden público prefieren o tienen la consigna de evitar roces con la población, y no intervenir por la fuerza en eventos de masas. Se pierde el respeto, se pierde el orden, y ocurren estas tragedias. Es tarea de todos recuperar el respeto a la ley.
Comentarios para una columna optimista:
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