El pasado 3 de junio —luego de la vejación a maestros de Chiapas—, documentamos 30 casos de vandalismo, delincuencia organizada, robo, asalto, secuestro, saqueo, ataque a las vías de comunicación, atentado a instalaciones estratégicas y hasta lavado de dinero; delitos presuntamente cometidos por integrantes de la CNTE en todo el país.
En esa fecha preguntamos: ¿hasta cuándo autoridades federales serían capaces de hacer valer la ley y el estado de derecho?, una vez que gobiernos estatales han resultado inútiles para la aplicación de la ley.
Hoy queda claro que la aparente impunidad y hasta complicidad del gobierno federal no eran tales, sino que existió toda una estrategia del Estado y sus instituciones para integrar detenidamente y con elementos de prueba, las averiguaciones y las respectivas órdenes de aprehensión contra una veintena de jefes de esa mafia en que se ha convertido la CNTE.
Y es que salvo los necios, los enemigos de México, los que apuestan por la destrucción de las instituciones democráticas, la mayoría de los ciudadanos considera que la detención y consignación de los jefes mafiosos de la CNTE era impostergable.
Se trata de una obligación elemental del Estado y sus instituciones para hacer valer el llamado estado de derecho, que no es más que el sometimiento de las actividades ciudadanas al derecho y la aplicación de la justicia.
¿Cuántas veces y por cuántos años millones de mexicanos repudiaron el vandalismo, saqueo, violencia y los abusos cometidos por los "maestros" de la CNTE? ¿Cuántas veces millones de ciudadanos condenaron la omisión de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, frente a la criminal actitud de la CNTE que durante décadas dejó sin escuela a millones de niños?
Lo curioso es que cuando las instituciones deciden actuar para hacer justicia y cumplir lo que les corresponde —con el aval presidencial, la decisión del secretario Aurelio Nuño y la estrategia de la titular de la PGR, Areli Gómez—, para aplicar la ley e imponer el imperio del derecho, no faltan voces que hablan de "represión" y "violación de los derechos humanos" de aquellos que durante tres décadas violaron las garantías elementales de millones de niños y miles de ciudadanos de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Ciudad de México.
No, lo cierto es que era inevitable la aplicación de la justicia, frente a la violencia desatada por la CNTE; frente al crimen organizado en que terminó el gremio magisterial y frente a la grosera impunidad que les brindó el chantaje.
Por fin, el gobierno federal acaba hoy con la "tara" que por casi medio siglo produjo la represión estudiantil —esa sí— de los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría en 1968 y 1971.
Es decir, por fin a un Presidente no le tiembla la mano para hacer valer la ley frente a una mafia social como la CNTE, a pesar que dentro y fuera se pretende acusar a Peña Nieto de represor.
Podrán decir misa "los mismos de siempre", los fanáticos del odio y del mesías tropical; los delirantes que se oponen a la aplicación de la ley y justifican los crímenes de la CNTE, pero el de hoy será un día para recordar que las instituciones del Estado funcionan, que son más fuertes que cualquiera de los poderes fácticos, de las mafias construidas para la ambición política sin límite y para la destrucción de la democracia y sus instituciones.
Y es que frente a los excesos cometidos por la CNTE, frente a la impunidad que por décadas les garantizaron gobiernos del PRI, PAN y PRD, lo cierto es que resultaba inevitable aplicar la ley, de lo contrario, se corría el riesgo de la ingobernabilidad.
No, no es represión, consigna o trasfondo político.
No. ¡Es la ley!
Al tiempo.
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