Ya no hay partes de guerra del combate contra el huachicol. El desabasto resultó más importante en la vida cotidiana de los mexicanos que la cruzada contra los delincuentes, y requirió que el gobierno reorientara su estrategia –no su discurso– para resolver el suministro. El desbasto ya provocó una tragedia cercana a los 100 muertos, y esta, más la urgencia por evitar mayor escasez de gasolina, provocó una compra apresurada de pipas y el reclutamiento militar de conductores dentro de una variación del Plan DN-III, diseñado para apoyar a la población en situación de desastres, para distribuir hidrocarburos. De hechos insólitos se construye la cuarta transformación.

No sabemos ya qué es más importante que lo anterior, por la velocidad con la que cambian los temas y el énfasis de la conversación. Lo que sí se puede hacer es una primera evaluación sobre la estrategia de la guerra contra los huachicoleros, emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de diciembre. Lo último que supimos sobre los logros de esa cruzada es del 8 de enero, cuando se informó que se había frenado el robo de hidrocarburos y se habían ahorrado 2,500 millones de pesos. Ya no hay más datos duros porque el torbellino de las consecuencias de un plan diseñado en tres semanas, son enormes.

Lo que estamos observando ahora es que los costos están resultando más grandes que los beneficios. Pero que no se mal interprete. La lucha contra el huachicol debe apoyarse incondicionalmente. Si por corrupción o para evitar desabasto, si porque el delito no se originaba sólo en la delincuencia organizada y los gobiernos, sino también en las comunidades enteras que entraron al negocio ilícito como una forma de vida y subsistencia, la realidad es que anteriores gobiernos no lo hicieron a fondo. El problema radica en la estrategia. Si se hace algo bueno que resulta más perjudicial en su implementación, no es para dejar de hacerlo, sino para corregirlo.

Para que funcione se requiere alinear todos los esfuerzos dentro de un plan estratégico. Si no existe este alineamiento, por mejor pensada que esté la estrategia, habrá tropiezos, estancamientos e, incluso, retrocesos. Es lo que está sucediendo: la estrategia de la cruzada contra el huachicoleo fracasó en esta primera etapa. Pese a alinear a todo el gobierno, el recurso humano es lo que no le funcionó. A la lucha militar y policial, cuyos resultados divulgados la semana pasada fueron positivos, la logística que debieron desarrollar la Secretaría de Energía y Pemex ha sido un desastre. El desconocimiento de sus titulares y la ligereza con la que inicialmente se refirieron al desabasto, permite conjeturar que incurrieron en dos errores que llevan al fracaso de una estrategia: la ausencia de escenarios para saber los pros y contras de cada medida, y la falta de un plan de contingencia.

Los resultados derivados del desabasto se expresan de manera distinta. La forma más dramática fue el viernes pasado en Tlahuelilpan, donde cientos de pobladores de la zona buscaron abastecerse de gasolina que se fugaba de una toma clandestina en un ducto, tras 10 días de desabasto. López Obrador responsabiliza a gobiernos corruptos del pasado de esa tragedia, lo que si bien puede alegarse como parte del origen del problema, no tiene nada que ver con la realidad objetiva de que Pemex no abasteció combustible en la zona. Esto, de ninguna manera, hace responsable de la tragedia al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pero muestra las deficiencias de una estrategia mal diseñada y peor instrumentada.

El desabasto se dio por el cambio de logística de Pemex, que incluyó el cierre de ductos y la distribución de combustible mediante autotanques. Las cuentas de Romero Oropeza fueron pésimas. Este lunes, López Obrador anunció la compra de 571 pipas en Estados Unidos, que se suman a las 3,500 que aportó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Este error de cálculo –el déficit de 4,000 pipas no previstas en Pemex– tuvo un costo no revelado aún por la Canacar, y de más de 1,615 millones de pesos por el equipo que se adquirirá en Estados Unidos. Las pérdidas no paran ahí.

Citibanamex reportó la semana pasada que la escasez de combustible va a generar una pérdida neta de 23 mil 600 millones de pesos del Producto Interno Bruto, derivada del cambio poco eficiente y costoso del transporte de combustible que, añadió, excedió los beneficios. Aunque no hay nuevos datos sobre cómo va el ahorro por la cruzada contra el huachicol, si se duplicara mecánicamente la cifra anunciada por López Obrador a las dos semanas de haber iniciado el combate, se podría argumentar que se ha reducido la utilidad de los criminales en cinco mil millones de pesos; es decir, poco menos de una cuarta parte de las pérdidas causadas por la mala estrategia.

Esta estrategia, señaló Citibanamex, debe de ser temporal, acompañada de un éxito en el combate al huachicol, para que compense y mejore el balance económico entre costo y beneficio. No parece que así sea, porque no se ha planteado temporalidad ni, como exige una guerra, se establecen los términos de la victoria. Se puede argumentar que el Presidente sí lo estableció, acabar con la corrupción. Pero es retórico. La corrupción nunca se acaba, aquí o en el mundo, pero combatir la impunidad la reduce. Elevar el costo para que nadie sea impune no está en el discurso ni en la voluntad política presidencial plena, como sugiere Tlahuelilpan, como tampoco un cambio de estrategia. O sea, si las cosas van como hasta ahora, la medicina habrá sido la correcta, pero matará al paciente.