En ningún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha modificado su discurso: el robo de combustible es consecuencia de la corrupción que ha generado pobreza. López Obrador establece una línea clara, que legalmente es inexistente, entre las comunidades que compran o roban combustible, que parafraseándolo serían la sociedad buena, víctima por la marginación en la que han vivido, frente a gobiernos corruptos del pasado que crearon sistemas de saqueo de hidrocarburos, donde mete en una misma bolsa a empresarios y miembros de la delincuencia organizada, que sería la sociedad mala.

La dicotomía del discurso permea en su voz, sin que se le vean las contradicciones. Pero su propia palabra está construyendo una trampa: si casi un centenar de muertos y sabotajes sostenidos del crimen organizado tienen su origen en la corrupción de gobiernos anteriores, ¿por qué quiere dejar el pasado en el olvido y no como prólogo del cambio de régimen? El deseo político de López Obrador se está agotando en lo prolífico de su retórica y propaganda.

Enfrenta, como quedó de manifiesto en su conferencia matutina del martes, un desafío pocas veces visto. Los criminales, en reacción a su cruzada contra el huachicoleo, están saboteando sistemáticamente los ductos de Pemex. La osadía criminal tendrá condiciones abiertas para confrontar al Estado –porque eso está haciendo–, únicamente si encuentra espacios de mezquindad entre los mexicanos y regateo al llamado presidencial de enfrentarlos sin ceder. Si en el pasado, quienes hoy se resisten a ser sometidos por los criminales tomaron partido por los criminales, porque se acomodaba a su lucha política, sería una irresponsabilidad imperdonable seguir la misma estrategia. Nunca será momento para cobrar ese tipo de facturas, porque los criminales son eso, delincuentes.

Pero hay otros grupos, blanco preferido de López Obrador para explicar sus acciones, que son anteriores gobiernos que, sin matices y mucha generalización, asegura reiteradamente, actuaron y convivieron con la delincuencia organizada, creando un ecosistema negro que ha dañado a la nación. El discurso sin acción concreta se le va a agotar rápido a López Obrador. Utilizar la corrupción de sus predecesores en el poder como la fuente de todos los males, tiene un límite retórico. Si quiere salvar a la sociedad buena de que rinda cuentas ante la ley por cometer delitos, tiene que empezar a actuar contra la sociedad mala.

La semana pasada, anunció el gobierno el inicio de investigaciones contra políticos y exfuncionarios presuntamente vinculados con las redes criminales del huachicol. Pero en el discurso, López Obrador ha ido más alto. Ha señalado directamente a directivos de Pemex en diferentes administraciones, y funcionarios en los gabinetes de Hacienda y Seguridad. No ha dado nombres, pero los objetivos de sus acusaciones han ido directamente contra ellos. Tres expresidentes han sido implicados en sus palabras, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. El Presidente debe dejarse de simulaciones y, si tiene evidencia, como uno supone que la tiene quien hace imputaciones tan serias, debe actuar en su contra, y que aporte elementos para que la Fiscalía General abra carpetas de investigaciones. En ese paquete debe incluir a los exdirectores y subdirectores de Pemex, a quienes también ha señalado como cómplices del delito federal.

Es importante que López Obrador se aleje del discurso propagandística y comience a actuar en aspectos concretos. Acusaciones orales y estigmatización no son suficientes ante el ataque del crimen organizado en contra del Estado mexicano. El presidente necesita de acciones que respalden su afirmación de que irá con todo y contra todos los que resulten responsables del saqueo petrolero, sin amedrentarse ni ceder. Que sea la judicialización de esos casos los que determinen los grados de responsabilidad de los gobiernos anteriores y quienes los encabezaban. Pero debe apurarse, porque la tragedia en Tlahuelilpan empezó a costarle en imagen pública.

Una encuesta dada a conocer ayer martes por el Gabinete de Comunicación Estratégica, muestra que si bien López Obrador mantiene un altísimo nivel de opiniones positivas (88.7%), la mayoría de la gente a nivel nacional (54.6%) considera que fueron los pobladores de la zona quienes se acercaron al ducto para recoger combustible, por lo que en la misma proporción los considera responsables de la explosión. El Presidente ha eximido a los pobladores de la zona como los responsables, y acusado a la corrupción de anteriores gobiernos de la responsabilidad total de la tragedia. En la encuesta, sólo el 1.8% a nivel nacional considera que expresidentes y gobiernos anteriores son los responsables de la explosión y, ante la oferta de López Obrador de apoyar económicamente a los familiares de las víctimas, 7.5 de cada 10 mexicanos están en contra.

La reacción en las redes sociales, siempre muy proclives a López Obrador, fue peor. De acuerdo con el análisis de GLAC, una consultoría de seguridad y tecnología que publica regularmente sus mediciones en El Financiero, entre el 18 y el 21 de enero registró 375 mil 8 menciones, donde el 89.83% se expresó en contra de la actuación de López Obrador, destacándose entre los argumentos la falta de capacidad para atender ese tipo de emergencias. Este pulso, volátil como todo lo que navega por las redes sociales, refleja en diferentes proporciones lo que midió la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica.

Ambas revelan agotamiento en el discurso de López Obrador, de que todo es culpa de la corrupción, y establece los matices que el Presidente no utiliza. Para evitar que esta caída coyuntural pueda convertirse en tendencia, López Obrador tiene que dar resultados concretos. Ahora es cuando, si tiene evidencias de corrupción de expresidentes, exsecretarios de Estado, exfuncionarios, debe denunciarlos en la Fiscalía General. De otra forma tendrá que encontrar nuevos enemigos, porque los actuales se le están desvaneciendo entre las manos de la opinión pública.