Sólo 9 de 32 entidades registran más de 50% de progreso en el levantamiento; en 20 estados, incierta la fecha límite para anotar a beneficiarios de programas
A cuatro meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la realización del Censo del Bienestar en toda la República, 13 delegados federales mantienen blindados los datos sobre su avance.
De las 32 entidades del país, sólo nueve registran más de la mitad de progreso, y en al menos 20 el plazo para concluirlo es incierto, a pesar de que el 26 de diciembre, López Obrador regañó en público al delegado de Nayarit por el retraso, y el 26 de ese mes conminó a los delegados a acelerar el paso para finalizar los conteos y dio 30 días más de prórroga.
El levantamiento de datos para apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y becas, entre otros, arrancó en la mayoría de los estados entre septiembre y octubre pasado, con la ayuda de 20 mil voluntarios llamados Servidores de la Nación.
Sin embargo, los responsables del ejercicio en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el Estado de México no cuentan con información sobre el avance o decidieron no proporcionarla, al ser consultados por EL UNIVERSAL.
Hasta la primera quincena de enero, Oaxaca es el estado que presentó mayor progreso, con 83% de un total de 934 mil 471 viviendas. Le sigue Zacatecas, con 74%, Chihuahua, Coahuila y Veracruz, con 70%, así como Hidalgo, Nayarit, Aguascalientes y Tabasco, con 66% 65%, 60% y 55%, respectivamente. Guanajuato reportó 100%, sin embargo no habló de domicilios meta, sino de personas.
A la pregunta de cuándo deben entregar el registro, los responsables en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas coincidieron en que no existe una fecha límite para concluir con los trabajos.
El método, incierto. El censo debe realizarse exclusivamente casa por casa y consta de dos partes: en la primera deben verificarse los domicilios de las personas con apoyos de las extintas Sedesol o Sagarpa, de acuerdo con los padrones que entregaron al nuevo gobierno en la etapa de transición, mientras que en la segunda, se registra a quienes aspiren a ser beneficiarios, explicaron autoridades estatales que pidieron el anonimato.
Algunos voluntarios aseguraron que este ejercicio tiene como base el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, en el que se establece el número de domicilios que hay en cada entidad. Sin embargo, en Coahuila y Morelos no hay claridad sobre la base para determinar el número de casas.
Otro tema ambiguo son los recursos utilizados para el censo. Chihuahua, Hidalgo y Tabasco refirieron como fuente de financiamiento el presupuesto de transición, aportaciones de legisladores y partidas operativas de la Secretaría del Bienestar; Chihuahua precisó que se destinaron 2 millones de pesos, en tanto que el resto de entidades dijeron no contar con recursos o no tener esa información.
Las dificultades. La implementación del censo ha revelado irregularidades y padecido dificultades. En Jalisco, por ejemplo, las autoridades explicaron que no encuentran en sus domicilios a 67% del padrón registrado por la Sedesol. Mientras que en Chihuahua, los datos del censo Inegi 2010 han quedado rebasados, pues hay colonias que no aparecen.
El clima de violencia ha generado problemas para que los Servidores de la Nación sean recibidos por la ciudadanía, pues en algunas comunidades de Chilapa, Tixtla, Quechultenango, Mochitlán, Zitlala y Ahuacuotizingo, en Guerrero, prefieren que los cuestionarios sean aplicados en espacios públicos e incluso en comisarías ante el temor de ser agredidos.
Ese no es el único motivo para que algunos voluntarios encuesten a la gente en otros espacios. Delegados estatales reconocieron que en algunas ocasiones el cansancio, el no encontrarlos en sus domicilios y el supuesto de querer avanzar, se cae en el error de entrevistar en plazas públicas u oficinas, como ha ocurrido en ciudades de Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas.
Peligros. Ricardo Alexander M., maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard, y Gerson Mecalco, académico de la UNAM, advirtieron que un censo mal elaborado puede dar lugar a información sesgada y un padrón inflado.
“Seguramente este levantamiento no cuenta con una metodología correcta, porque no hay una casa encuestadora o especialista que pueda determinar que la recolección de datos es conforme a una metodología adecuada o que los voluntarios lo estén haciendo bien”, consideró Ricardo Alexander M. Con información de los corresponsales