El Plan de Pacificación para Morelos es una buena iniciativa del gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero el formato difícilmente dará resultados. Si quieren involucrar a la gente en el problema, el camino es otro.
La idea del gobierno estatal de iniciar el proceso de pacificación en Morelos a partir de una mesa de diálogo ciudadano es bienintencionada, pero poco útil si no va más allá de un foro. La reunión que sostuvo el jefe del ejecutivo con autoridades federales del ámbito civil y militar, con presidentes municipales y sociedad es buena para la foto, pero nada más; el ejercicio público de la semana pasada es llamativo para la prensa, manifiesta la buena voluntad de Cuauhtémoc Blanco, pero carece de bases para alcanzar sus objetivos. Recuperar la seguridad en el estado demanda estrategia y un esfuerzo mucho mayor de todas las partes.
Partamos de una pregunta ¿Qué se puede lograr de una reunión de tres horas en la que participan más de 200 personas? El formato es acartonado, poco efectivo y absolutamente inoperante para obtener resultados tangibles. Los diálogos de pacificación que vimos la semana pasada son muy parecidos a las reuniones de seguridad que hace algunos meses organizaba el gobernador Graco Ramírez, en donde acudían los mismos personajes y en los cuales nunca se logró algo en concreto. Lo más valioso de ese encuentro fue la expresión personal de Cuauhtémoc Blanco a propósito de la crisis de inseguridad que enfrenta Morelos: “No maquillamos cifras ni me escondo, aquí estoy dando la cara”.
Me queda claro que el jefe del ejecutivo tiene buena voluntad y deseos de dar pelea a la delincuencia a pesar de que hay “un chingo de delincuentes”, pero en un tema tan complejo como la inseguridad se requiere de mucho más que buena voluntad y carácter.
Es ahí donde el jefe del ejecutivo debe exigir al equipo que le acompaña que le presente un mejor plan, que tengan mejores ideas y sobre todo, que aprendan a escuchar. El problema de inseguridad es enorme, se arrastra desde hace varios años y su solución no depende únicamente de las autoridades; estamos frente a una crisis sin precedentes, vivimos un momento muy complicado que se nutre con una nueva cultura de violencia. Por muy decidido que este el gobierno y muy fuerte que sea el estado, es imposible que el problema se resuelva sin ayuda de la sociedad.
Un punto sustantivo en este problema es la desconfianza de la gente en las instituciones: los ciudadanos sospechan de las autoridades, acusan a los policías, le han perdido el respeto al estado y de manera cotidiana suponen que entre el gobierno y la delincuencia existe un pacto de complicidad.
La complejidad del tema exige a las autoridades a ir más allá de los viejos y gastados esquemas políticos que nunca han dado resultados; los diálogos de pacificación son eso: un formato acartonado e inservible que sólo sirve para la foto, no genera ningún acuerdo, ninguna línea de acción y sobre todo no provoca confianza.
Por que no en lugar de apostar por una reunión multitudinaria el ejecutivo y su equipo empiezan por armar una agenda ciudadana con encuentros más cercanos con los distintos sectores, grupo por grupo, para que los temas no se mezclen y las opiniones puedan aportarse sin la formalidad y la presión de un evento público. Por qué no acercar al gobernador y a su equipo con ciudadanos para que puedan comentarles de primera mano lo que viven, lo que sienten y lo que opinan, para que por principio de cuentas se logre una empatía entre gobernante y gobernados.
Si la idea de los Diálogos por la Pacificación era obtener una foto para la prensa, el resultado es bueno; si lo único que querían era mandar un mensaje demagogo (como las mises que compiten por un título de belleza), sin ir más allá de eso, el objetivo se cumplió. Pero si en verdad se quiere pacificar al estado e involucrar a los ciudadanos en el proceso, el formato y el contenido del evento tienen que modificarse.
Ante un escenario tan complejo como el que se vive actualmente en la entidad el gobierno tiene que salirse de su zona de confort y de los estilos tradicionales de hacer política, Cuauhtémoc Blanco no es político (lo reitera a cada momento) y precisamente por ello debe apostar por caminos distintos.
La presión social por la inseguridad es mayúscula, la violencia se ha convertido en el tema más demandante de la agenda estatal por encima de la corrupción (que fue su bandera de campaña) y eso obliga al gobierno a actuar de manera más rápida y efectiva.
Cuauhtémoc Blanco no podrá solo contra la inseguridad, ningún gobernador puede; el jefe del ejecutivo necesita el apoyo de la ciudadanía y para que la gente se involucre es necesario acercar el ejecutivo a la población. Los diálogos de pacificación son bienintencionados, pero poco efectivos para lo que se busca. El camino para acercar al mandatario con la gente tiene que ser mucho más ambicioso que eso: aunque sea más complicado, tardado y cansado, el gobernador debe encontrarse con sus gobernados en un formato distinto, que le permita un diálogo más fluido, pero sobre todo que le ayude a poner a la ciudadanía de su lado.
Ante un escenario inédito como el que vivimos en materia de seguridad se necesitan acciones distintas de parte del gobierno. La lucha contra la inseguridad debe ser de todos.
· posdata
Desde hace tiempo, desde que era alcalde de Cuernavaca, Pablo Ojeda ha estado cerca de Cuauhtémoc Blanco. Fue él quien lo defendió en los diversos procesos que le interpuso el congreso anterior y el gobernador Graco Ramírez.
Ojeda Cárdenas ocupa una posición clave dentro del ejecutivo estatal, goza de la confianza y de la simpatía del mandatario, es pieza clave en el funcionamiento del gabinete y tendrá un papel determinante en las próximas semanas, cuando se defina el presupuesto.
El estilo de Pablo Ojeda es discreto, no es afecto a las cámaras ni pretende ocupar espacios en la prensa más allá de lo indispensable; su labor hasta ahora ha sido meticulosa, tratando de desenredar los problemas operativos del ejecutivo y buscando establecer relaciones políticas de largo plazo para el nuevo gobierno.
En el Plan de Pacificación el rol de Pablo Ojeda es sustantivo; para que la estrategia de seguridad funciones se necesita una buena operación política con todos los sectores y es ahí donde la personalidad, carácter y capacidad del secretario de gobierno se vuelve relevante.
La participación social es fundamental para el gobierno, tanto en materia de seguridad como en la gobernabilidad misma del estado; la colaboración de la gente es clave en ambos casos y ello depende en buena medida de la capacidad del estado de transmitir sus mensajes, de relacionarse con sus gobernados y de afrontar los problemas.
El secretario de gobierno siempre ha sido una pieza clave en el gabinete y hoy no es diferente; a pesar del rol que juega el jefe de la oficina de la gubernatura, Pablo Ojeda es un personaje muy importante en el equipo del gobernador. A él Cuauhtémoc Blanco le ha otorgado su confianza y su defensa legal. Ni más ni menos.
· nota
Atrás quedó el discurso en contra del gobierno anterior; no hay más declaraciones institucionales contra los corruptos, ni mucho menos promesas de justicia. Lo pasado, pasado, parece que es tiempo de perdón y olvido en Morelos, aunque el daño causado por Graco Ramírez y su familia sea monumental y la gente pida justicia.
Los encargados de la lucha anti corrupción del gobierno estatal resultaron ser igual de omisos que el fiscal nombrado por el tabasqueño; a cuatro meses de iniciada la administración no hay nada, ningún proceso firme, ningún funcionario indiciado, ninguna queja formal y legalmente sustentada, sólo declaraciones obtusas que no asustan a nadie y ya ni siquiera llaman la atención. Graco Ramírez y los suyos pueden dormir tranquilos.
Cárcel a Graco, dijo muchas veces Cuauhtémoc Blanco. Encarcelaremos al ladrón, prometió en infinidad de ocasiones el fiscal anticorrupción Gerardo Becerra. Habrá justicia para los ciudadanos, ofreció el jefe de la oficina de la gubernatura. Se procederá contra los corruptos, afirmó el secretario de Obras. Se aplicará la ley, dijo el coordinador de delegados en Morelos. Morelos es un Veracruz chiquito, declaró el secretario de hacienda. Nada ha pasado.
Es evidente que ninguna de esas promesas va a cumplirse, quizá porque en el equipo que acompaña al mandatario estatal no hay capacidad profesional para armar legalmente los expedientes, tal vez porque los ladrones ocultaron bien las pruebas antes de irse o probablemente porque para los nuevos funcionarios hay cosas más importantes que acabar con la impunidad.
Nada va a pasar. Queda claro que no habrá justicia en Morelos.
Pasemos entonces a lo siguiente: si no habrá castigo a los corruptos tenemos que preguntar ¿Qué debemos esperar de este gobierno?
Si no es prioritaria la lucha contra la corrupción ¿Para qué necesitamos entonces un fiscal anticorrupción? Mucho menos dos.
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Desde hace años las mujeres han luchado por obtener mayor participación en política; por distintas razones, muchas de ellas de orden cultural, su presencia en espacios de representación popular había quedado rezagada. Hoy son mayoría en el Congreso de Morelos.
Cuando se conoció la conformación de la cámara local de diputados muchos celebraron que de veinte espacios, catorce fuera para damas; de golpe ellas se volvieron mayoría y el hecho no sólo fue motivo de regocijo, también abrió una puerta de esperanza para que las cosas mejoraran en el estado.
Cuatro meses después algo ha ocurrido: la legislatura de la esperanza, esa que llegó apuntalada por la imagen de Andrés Manuel López Obrador con el discurso de honestidad, ahora luce distinta.
Olvidadas quedaron las expresiones obradoristas de austeridad y cambio, ya no se escucha por ningún lado que se juzgará a los corruptos del pasado ni mucho menos que se actuará de manera diferente a la odiadísima Legislatura 53.
Peor: a cuatro meses de iniciados los trabajos de este congreso las voces que los consideran peores que sus antecesores se multiplican; el Congreso de Morelos se ha caracterizado por escándalos de corrupción, por la actitud ambiciosa de sus integrantes y la proclividad al dinero fácil. Empezando por Tania Valentina, Ana Guevara y Alejandra Flores, de lo que se habla en este nuevo parlamento es de corrupción.
¿No se supone que con un parlamento conformado mayoritariamente por mujeres las cosas iban a ser mejores? ¿No fue por eso la lucha incansable de muchas mujeres que por décadas y desde distintos espacios buscaron que su género tuviera más y mejores oportunidades? ¿No son ellas acaso las que ponen orden en casa y siempre administran mejor las cosas?
Personalmente me niego a aceptar que es un error tener este tipo de representantes populares; en todo caso supongo que quienes hoy representan a las mujeres en el parlamento de Morelos han traicionado la confianza de su género y han demostrado que son igual de corruptas que algunos hombres.
Pero entendamos algo: figuras como Tania, Ana o Alejandra no representan a mujeres valiosas que dan la pelea diaria en las calles por los derechos femeninos; tampoco simbolizan a tantas y tantas mujeres profesionistas que destacan en la academia, la iniciativa privada o las artes; mucho menos encarnan la lucha incansable de cientos y miles de damas que en todo el país demandan justicia para las víctimas de la violencia, denuncian la corrupción o defienden los derechos de los niños.
Lo que vemos en el Congreso de Morelos es una tragedia interminable, con sus honrosas excepciones hemos pasado de una mala legislatura a una peor, siempre caracterizadas por la ambición y perversidad de sus integrantes, sin que ninguna responda a las añejas y dolorosas exigencias de la ciudadanía.
Tenemos que seguir impulsando la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida pública; a pesar de lo que vemos hoy en la 54 legislatura de Morelos, las mujeres son sin duda el camino para que este país y nuestro estado salga adelante.
Pero hagamos algo: analicemos bien al tipo de mujeres que vamos a impulsar. Hay algunas, como las que vemos hoy en el Congreso de Morelos, que son iguales a los peores hombres.
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