La búsqueda de una tercera vía para encontrar una salida negociada a la crisis venezolana ha fracasado, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que encontrar un equilibrio entre su postura principista y una toma de posición clara entre dos polos, el presidente Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó, porque se está quedando aislado. López Obrador ha ido modificando su posición en los últimos días, pero la imposibilidad de saber si el corrimiento hacia una postura, que si bien neutral está más en el contexto de lo que piensan la mayoría de los gobiernos del mundo de Maduro, obedece a que el Presidente no entiende los matices de la política exterior, por lo que es incierto si ello fue acompañado de instrucciones precisas a la cancillería mexicana para que prepare un control de daños a lo que parece estar cerca: la caída de Maduro.

Los gobiernos del presidente López Obrador y del uruguayo de Tabaré Vázquez no encontraron la llave de la puerta para contrarrestar la embestida del presidente Donald Trump. No va a haber intermediación de esas dos naciones, aunque el presidente Nicolás Maduro la haya aceptado al entender que era de lo último que podría asirse. El más importante del que se afianzó México, creado por los europeos al señalar –como los mexicanos– que recopilarían y analizarían la información antes de tomar una decisión, se selló el fin de semana cuando Alemania, España, Francia y el Reino Unido dieron un ultimátum a Maduro de ocho días para que anuncie nuevas elecciones. De otra forma, advirtieron, reconocerán al diputado Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Guaidó rechazó la intermediación de México y Uruguay. El viernes respondió a los dos gobiernos: “La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo. Debe tener muy claro el mundo y este régimen que para el falso diálogo, aquí nadie se presta”. Dicho de otra forma, Guaidó le dijo a López Obrador y a Vázquez que el diálogo propuesto era un engaño.

La postura europea de este fin de semana, sin ser la extrema de Estado Unidos, se acercó a la del Grupo de Lima del 4 de enero, firmada por todos menos México, donde dijo que no reconocería el nuevo mandato “ilegítimo” de Maduro, resultado de elecciones que no tuvieron los estándares mínimos democráticos, pidiéndole respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y que le transfiriera de forma provisional el Poder Ejecutivo, hasta que se realizan nuevas elecciones presidenciales. En ese momento, México argumentó sus principios constitucionales de no intervención y dijo que buscaría una mediación.

Vistos los resultados, ni el gobierno de López Obrador ni el de Vázquez pesan en el concierto internacional, ni son tomados en cuenta como interlocutores. El alineamiento internacional en contra de Maduro los avasalló, sin saberse en México si la posición mexicana fue precedida de consultas informales previas para saber qué espacio y tiempo tendría para ello, o fue una nueva ocurrencia del gobierno para salir al paso. Lo que es evidente es que las cancillerías del mundo llevaban una velocidad que no contempló o rebasó a la mexicana.

El tema de Venezuela estaba en la agenda de pláticas que esta semana tendrá en México el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con López Obrador, quien busca tener una muy buena relación con él, y se estimaba figuraría también en una visita que tiene programada el secretario de Estado, Mike Pompeo, a la Ciudad de México. La intermediación quedó en el pasado. Hay, en todo caso, matices para tomar en cuenta.

La postura del gobierno de López Obrador del jueves tuvo un ajuste el viernes, cuando el Presidente dijo que la intermediación mexicana sólo se haría si ambas partes la aceptaban. Es decir, sólo si Maduro y Guaidó estaban de acuerdo. Para efectos de argumentación, dado que no hubo rectificación a lo declarado el viernes, el gobierno mexicano reconoce a Guaidó como un actor legal y legítimo, equiparado en peso político a Maduro.

De esta forma, el gobierno de López Obrador se acercó a la postura del gobierno de Peña Nieto de reconocer a la Asamblea Nacional, que es el único de los cinco poderes reconocidos por la Constitución venezolana, que no se sumó a la parodia de la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro en agosto de 2017, y que el 13 de noviembre pasado declaró inconstitucional que asumiera un nuevo mandato presidencial, pidiendo paralelamente nuevas elecciones presidenciales. Sobre esa base, Guaidó invocó el 15 de enero pasado el artículo 233 de la Constitución, que establece el procedimiento para cesar el titular del Ejecutivo y considera que el presidente de la Asamblea Nacional o el vicepresidente, podrían actuar como sucesores. Delcy Rodríguez, marioneta de Maduro, es la vicepresidenta.

La postura europea frenó los intentos golpistas de Estados Unidos, pero en el fondo, el restablecimiento de la vida democrática en Venezuela, coincide plenamente. El gobierno de López Obrador, emanado de una elección democrática, no puede ir en contra de ello e hizo bien en rechazar de entrada sumarse al proyecto de Trump. Al fracasar su tercera vía, los europeos le volvieron a mostrar el camino. Maduro es inviable y López Obrador lo debe entender. Tuvo el fin de semana para encontrar una posición acorde con los principios que defiende, pero debe entender que su iniciativa fracasó y no puede permitir que su neutralidad sin diplomacia eficaz lo coloque, ante los ojos de todos, respaldando a un régimen autoritario.