Ni los líderes más destacados del principal movimiento de izquierda en México podrían haber previsto hace apenas unos meses que su ansiado arribo al poder traería consigo el mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas desde que la vida política postrevolucionaria de México se institucionalizó y fue poniendo a un lado a los militares.

El presidente López Obrador ha dejado claro que considera a las fuerzas castrenses las únicas capaces de hacerse cargo.

No solo es la obvia, la seguridad pública, en la que el presidente está empeñado en que la Constitución dé al Ejército el control absoluto, a través de la Guardia Nacional y de una reforma que le permita a él usarlo sin limitantes durante todo el tiempo que considere que esa estructura no está terminada.

Va mucho más allá. También quiere dar a las Fuerzas Armadas facultades para construir el aeropuerto de Santa Lucía, conducir y ejecutar un proyecto de desarrollo inmobiliario en Santa Fe, en la Ciudad de México, y por lo tanto convertirse también en agentes vendedores que generen financiamiento para proyectos de gobierno.

Y hasta les encontró capacidades para participar en compras gubernamentales, como la adquisición de pipas en tiempos de “emergencia” (aunque sea autogenerada), con lo que proveen el plus de la opacidad gracias al velo de supuestos temas de seguridad nacional. Y operar esos vehículos bajo el Plan DN-III (¡de apoyo a la población en desastres naturales!). Claro, también contratan choferes de pipas y la oficina de empleos es en el Campo Militar Número 1.

Tantas facultades generan preocupación. Incluso dentro del lopezobradorismo.

No es que gobierno de izquierda y militarización sean conceptos excluyentes. No hay que ir muy lejos en el vecindario continental para encontrar ejemplos.

Pero la contradicción aquí es evidente. Durante por lo menos una década, el discurso de López Obrador y su movimiento fue de condena sin matices a “la guerra” contra el narcotráfico y a la incursión de los militares en el combate directo al crimen organizado.

Su promesa fue siempre “regresar al Ejército a sus cuarteles” y enfrentar la violencia que azotaba al país con la fórmula de “abrazos, no balazos”.

En esos años, no escatimaron denuncias de asesinos y represores a los altos mandos militares. “Masacran al pueblo”, decían al referirse a operativos de la Marina y el Ejército contra la delincuencia organizada. Exigían sacarlos de las calles de inmediato. No a la militarización, era su lema convertido en mantra.

En la campaña electoral de 2017-2018 apareció entre las propuestas del candidato presidencial la creación de una Guardia Nacional, con la que asomaba ya un cambio de postura frente a la inclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Pero los voceros del movimiento no variaron su discurso antimilitarista y afirmaban que sólo se podía escoger entre un enfoque pacifista representado por López Obrador o la prolongación de una guerra sin sentido iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto.

Ya ganador de la elección presidencial, el equipo de transición del entonces presidente electo comenzó a combinar el discurso pacifista con la inclusión de los militares. Tras los foros para la pacificación, en que víctimas de la violencia en todo el país rechazaron de manera contundente el llamado de campaña al perdón, si no incluía antes hacer justicia, todo cambió.

El presidente AMLO concluyó que sin los militares no podría avanzar gran cosa en seguridad o entendió que pese a su discurso de años, las Fuerzas Armadas tienen una aceptación elevada en la opinión pública. O ambas.

Hoy los militares avanzan con paso firme en la construcción del nuevo esquema de poder. Y no se han cumplido ni dos meses de la nueva administración, que se presentó como heredera de las luchas del 68, el 71 y la guerra sucia.