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SERPIENTES Y ESCALERAS

Confianza
 
 

La gente comienza a mostrar inconformidad con el nuevo gobierno; obvio: la inseguridad, los pleitos políticos, la falta de presupuesto y el perdón a los corruptos está mermando rápidamente la confianza en Cuauhtémoc Blanco. O replantean la estrategia o se van a hundir muy pronto.

 

La confianza es un valor intangible fundamental para cualquier institución pública o privada; en el caso de los gobiernos la confianza es la base principal de cualquier proyecto, a partir de ella se potencializa una administración o comienzan los problemas. Andrés Manuel López Obrador es un gobernante con altísimos índices de confianza y eso es resultado de su forma de actuar, de comunicar y de relacionarse con la gente. En Morelos el gobierno estatal está perdiendo aceleradamente la confianza popular y no se ve una estrategia para revertir ese problema. La fama pública muere muy rápido cuando se participa en política.

Antes de cuatro meses la administración estatal ha entrado a una fase crítica, con muchos frentes políticos abiertos y un desgate social evidente; la reunión de la semana pasada por el tema de seguridad fue más bien un intento de retomar un diálogo social que, por cierto, nunca ha existido en esta administración. Muy temprano el nuevo régimen tiene que pensar en una agenda de reconciliación como consecuencia de su falta de operación política y empatía social.

Mantener la confianza debería ser un tema prioritario para la administración, pero eso no parece estar en la mente de los funcionarios; el equipo que rodea al gobernador se está equivocando, confía en la popularidad personal de Cuauhtémoc Blanco y olvida que en el ejercicio de un gobierno la fama de una persona no es suficiente para mantener la gobernabilidad. Más claro: muchos ciudadanos se pueden sentir orgullosos de la trayectoria deportiva del ex seleccionado nacional, pero ese sentimiento se pierde cuando los problemas cotidianos como la inseguridad, la crisis económica, el desempleo o la corrupción los agobian.

La fama de Blanco Bravo es internacional y seguramente en otras entidades del país su popularidad sigue siendo alta, pero en Morelos esa aura ha ido disminuyendo como resultado de su participación en el gobierno. Más claro: en Morelos Cuauhtémoc Blanco ha dejado de ser novedad, la gente ya no se le arremolina como antes y aunque aún conserva un amplio porcentaje de simpatía pública, esta se combina con el desgaste que le ocasiona el golpeteo político cotidiano y los problemas diarios de inseguridad y violencia.

Al gobierno estatal le urge definir una agenda de estado, tiene que marcar una pauta de actuación y fijarse objetivos a corto, mediano y largo plazo; hoy la inseguridad se ha desbordado y la violencia está provocando un enfado colectivo hacia las autoridades. Hasta ahora el ejecutivo no ha podido comunicar su estrategia, no ha sabido explicar lo que se está haciendo y no ha ido más allá del discurso mediático y superficial; la falta de atención en la percepción ya tiene consecuencias: el desgaste del gobernador es mayor, los niveles de aceptación hacia su gobierno disminuyen aceleradamente y la confianza se estás perdiendo a pasos agigantados.

El gran problema de esta administración es que hasta el momento no tienen operadores políticos ni tampoco claridad de lo que quieren hacer a lo largo del sexenio; la campaña se basó en una sola propuesta: cárcel a Graco, y a cuatro meses de gestión su única promesa se ha incumplido porque ningún funcionario ha tenido la capacidad de armar un expediente sólido en contra de todos aquellos a quienes acusaron de ladrones.

El incumplimiento de la única promesa de campaña es quizá el aspecto que más daña la confianza hacia el nuevo gobierno; la gente que votó por Cuauhtémoc Blanco lo hizo en su mayoría porque el futbolista representaba el camino para hacer justicia y enjuiciar a quienes hundieron social y económicamente al estado; hoy para muchos está quedando claro que no habrá cárcel para Graco, que la impunidad prevalecerá y eso hace pensar de manera natural que la corrupción continuará.

Las excusas que dan las autoridades son bobas: “Primero hay que quitar al fiscal”; esa es una salida simplista ante un problema mayor. Los críticos del gobierno pasado ahora están en la nómina del gobierno, quien encabezaba marchas en contra de Graco Ramírez es jefe de la unidad anticorrupción y el gobierno federal apoya de manera incondicional a su símil estatal; gran parte de los ilícitos cometidos por la pasada administración del PRD tienen que ver con recursos federales y eso permite iniciar procedimientos en México. A pesar de ello en el gobierno estatal no han hecho nada en contra de Graco Ramírez y los suyos.

En materia de seguridad el problema es igual de grave: en menos de un mes se han ejecutado a 77 personas y el conteo de sangre parece imparable; los responsables de la prevención del delito tienen que hacer un doble esfuerzo: trabajar con los pocos recursos materiales y humanos que les dejaron e intentar hacerlo sin dinero para operación. Ítem más: en materia de percepción el gobierno estatal va perdiendo la batalla, no ha podido trazar una línea de actuación efectiva y ello complica exponencialmente el problema.

A menos de cuatro meses de gestión el gobernador está perdiendo aceleradamente la confianza que lo catapultó a la gubernatura: el enfrentamiento con el congreso, la falta de presupuesto, el pleito con Morena, la creciente inseguridad y violencia y sobre todo la incapacidad para llamar a juicio a los corruptos del pasado se han convertido en un pesadísimo lastre para la administración.

Muy pronto las cosas se van a salir de control en el gobierno estatal, la pérdida de confianza y la falta de un proyecto de gobierno están reviviendo a los políticos del pasado, aviva los ataques y provoca incertidumbre.

Si Cuauhtémoc Blanco no quiere entrar pronto a una crisis de ingobernabilidad que abra la puerta a un tempranero juicio político, necesita comenzar a hacer política, comunicar mejor, construir puentes de diálogo con todos los sectores y lograr acuerdos. El principal valor que tiene un gobierno (y este no es la excepción) es la confianza; si la pierden, pierden todo.

·         posdata

Van 77 ejecutados y contando sólo en el primer mes del 2019. Son muchos, más que en cualquier otro año de la época reciente de Morelos.

Detrás de esta cifra hay muchas cosas: la gran mayoría de quienes han perdido la vida de forma violenta son personas relacionadas a la delincuencia organizada o con antecedentes penales; pero también hay víctimas de la delincuencia, gente que fue privada de su libertad, que se negó a pagar una extorsión o estaba en el lugar y momento equivocado. A la vez existen mujeres víctimas de violencia, damas que pagaron con su vida el deterioro del tejido social.

Detrás del problema de inseguridad hay aspectos que también se tienen que observar: el gobierno estatal debe librar una batalla con muchos frentes, en el estado hay dos grandes cárteles peleando la plaza y muchas células delictivas con presencia y actividades ilícitas.

La pelea es desigual: el número de policías con los que cuenta el estado son muy pocos, están mal capacitados, mal pagados y carecen del equipo y armamento adecuado para combatir al crimen; la administración anterior fue de simulación: falsearon el número de policías, los sueldos, el equipo, el armamento y hasta la capacitación; para Graco Ramírez y Alberto Capella la seguridad no fue una prioridad social, fue un negocio que los hizo multimillonarios a costa de la paz, la tranquilidad y la vida de miles de morelenses.

Otro aspecto fundamental en esta historia es la fiscalía, hoy en manos de un personaje que la utiliza para intereses personales y políticos, que se ha convertido en un espacio de impunidad y de combate frontal al jefe del ejecutivo. Uriel Carmona no sólo carece del perfil profesional para estar al frente de la dependencia, también se ha convertido en un defensor de los intereses del gobierno pasado y para hacerlo utiliza la inseguridad para provocar inestabilidad en el presente. Como si no fuera suficiente enfrentar a los grupos delictivos, el gobierno estatal también tiene que luchar contra su propio fiscal.

Y qué decir de los jueces: el problema en el Poder Judicial es mayor porque se ha convertido en la zona de confort de los grupos delictivos; la gran mayoría de los delincuentes que captura la policía quedan en libertad apenas unas horas después de haber sido presentados ante un juez; por supuesto que esto está ligado a la falta de pericia en la elaboración de las carpetas de investigación, la puesta a disposición y el proceso jurídico en general que acompaña a una detención, pero es visible que entre delincuentes, ministerios y jueces hay un triángulo de perversidad que permite a los bandidos obtener su libertad en casi cualquier delito.

Hay muchos aspectos que coinciden en el problema de inseguridad y rebasan la fuerza del estado, que hacen pensar que el gobierno está rebasado y en muchas ocasiones que las autoridades son cómplices; pero frente a esta problemática las autoridades no han sabido comunicar la situación, no han tenido la capacidad o el interés de ir más allá de lo mediático y confían que en algún momento las cosas se solucionarán por si solas… o la gente se acostumbrará.

Ninguna de las dos cosas va a suceder: lo que viene es un deterioro natural de la confianza ciudadana en las autoridades y el nacimiento previsible de movimientos sociales que reclamarán paz, exigirán justicia… y pedirán la cabeza de los políticos, empezando por la del gobernador.

La marcha por la paz a la que ha convocado el Obispo de Cuernavaca será la primera medición de este gobierno en el tema de violencia e inseguridad. Si vuelven a salir miles a las calles, la crisis para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco habrá empezado y la historia de los últimos cuatro sexenios se repetirá.

·         nota

Las oportunidades en política son pocas y cuando se presentan se deben aprovechar. En el año 2009 cuando Manuel Martínez Garrigós ganó la elección y se convirtió en alcalde de Cuernavaca tuvo todo a su alcance para trascender en política: los gobiernos panistas eran mal vistos, los capitalinos exigían resultados y el PRI tenía el control del congreso estatal.

El joven priísta no tenía que hacer mucho para triunfar, le bastaba con no equivocarse y hacer algo, aunque fuera poco, en la capital. Pero Garrigós fue ambicioso y pensando en la siguiente elección decidió apostar por el endeudamiento del municipio para realizar grandes obras; la idea no era mala, lo malo eran quienes lo acompañaron: Rodrigo Gayosso, Jorge Meade González, Erick Yair Salgado, Iván Saucedo Tapia, Mauricio Vega Chavaje, Mario Chávez Ortega, Sergio Beltrán Toto; en ellos radica en gran medida el fracaso de ese gobierno.

Lo que vino después es historia conocida y las consecuencias las sigue pagando Manuel Martínez hasta la fecha; esa generación de políticos representan un antes y un después en la vida pública del estado.

Hoy Antonio Villalobos tiene la oportunidad de hacer algo por la ciudad y trascender en política; la fortuna lo llevó hasta la presidencia municipal y la suerte le ha brindado el acompañamiento de Morena, derivado de su pleito con el gobernador.

Toño Villalobos tiene que aprovechar la oportunidad que le brinda la vida, debe enfocarse en hacer bien las cosas y tener claridad sobre lo que hay enfrente. El alcalde capitalino no necesita hacer mucho, le basta con darle mantenimiento a la ciudad y evitar meterse en problemas; eso y hacer que su equipo funcione. Tomando en cuenta que muchos de quienes hoy están con Villalobos, estuvieron en el gobierno de Manuel Martínez Garrigós y siguen actuando igual que entonces, el reto es enorme.

Ojalá el alcalde aprenda en cabeza ajena y no repita los errores que han cometido otros políticos.

·         post it

Primer mes de enero y no hay presupuesto 2019. ¿A quien le mentamos la madre?

·         redes sociales

La ahora institucional Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos publicita en Facebook documentos viejos del gobierno pasado, alegando que son pruebas de la enorme corrupción que hubo en la administración de Graco Ramírez.

El punto es que el propietario de la CMMC es ahora funcionario estatal.

Si tienen esas pruebas y existen los elementos para actuar ¿Por qué no lo hacen?

Obvio: no es lo mismo marchar que trabajar.

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